Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Corona. El Tribunal Constitucional.

1. La Constitución Española de 1978

1. La Constitución Española de 1978

La Constitución Española de 1978 es la norma jurídica suprema del ordenamiento español. Su fuerza no procede solo de su valor histórico, sino de su posición normativa: vincula a todos los poderes públicos, condiciona la validez de las leyes y sirve como parámetro de control para el Tribunal Constitucional. Para el opositor resulta esencial entender que la Constitución no es una declaración política aislada, sino la regla de reconocimiento básica desde la que se ordenan las instituciones, los derechos, la distribución territorial del poder y las garantías del ciudadano frente a la Administración.

El artículo 1 formula una concentración de ideas que suele aparecer en preguntas de examen: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, proclama como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, atribuye la soberanía nacional al pueblo español y fija la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Cada elemento tiene autonomía conceptual. Valor superior no equivale a derecho subjetivo concreto; soberanía nacional no equivale a titularidad de un órgano determinado; monarquía parlamentaria no significa gobierno del Rey, sino Jefatura del Estado integrada en un sistema parlamentario.

La Constitución fue aprobada por las Cortes, ratificada por el pueblo español en referéndum, sancionada por el Rey y publicada oficialmente. Esa secuencia importa porque muestra la doble dimensión democrática y normativa del texto. En una oposición conviene memorizar las fechas nucleares sin perder el sentido jurídico: el texto nace como norma superior y desplaza el modelo anterior mediante una ordenación completa de derechos, poderes públicos y reforma constitucional.

La supremacía constitucional se proyecta sobre el legislador, el Gobierno, la Administración, los jueces y el resto de poderes públicos. La Administración General del Estado actúa sometida plenamente a la ley y al Derecho, y ese sometimiento incluye la Constitución. Por eso un trámite administrativo, una convocatoria, una sanción o una actuación material no se valoran solo por su adecuación a una ley ordinaria, sino también por su respeto a los principios constitucionales que informan la actuación pública.

El artículo 9.3 contiene un catálogo de garantías estructurales: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. No son adornos teóricos. Funcionan como criterios de control y como reglas de razonamiento para resolver conflictos. En examen, una pregunta puede ocultar la clave en la diferencia entre una garantía formal, como la publicación, y una garantía material, como la prohibición de arbitrariedad.

El artículo 2 une la indisoluble unidad de la Nación española con el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. El equilibrio es deliberado: unidad, autonomía y solidaridad son piezas del mismo diseño constitucional. No debe estudiarse como una oposición simple entre centralización y descentralización, sino como una fórmula que permite distribuir poder territorial dentro de un marco constitucional común.

La Constitución también crea un lenguaje jurídico estable para el funcionamiento ordinario de la Administración. Expresiones como competencia, reserva de ley, tutela judicial, responsabilidad, publicidad normativa, interdicción de la arbitrariedad o seguridad jurídica aparecen en numerosos temas. Quien domine el primer tema leerá con más precisión los temas administrativos, presupuestarios, de personal y de procedimiento.

Para Agentes de la Hacienda Pública, la utilidad práctica es clara: toda potestad administrativa necesita fundamento normativo, límites, procedimiento y control. La Constitución fija el marco de potestades tributarias, derechos de los ciudadanos, control judicial y organización institucional. No hace falta inventar ejemplos operativos; basta con comprender que la actuación administrativa debe apoyarse en normas válidas, publicadas, jerárquicamente correctas y aplicadas sin arbitrariedad.

El error más frecuente consiste en memorizar artículos sin jerarquía mental. La Constitución debe estudiarse por capas: valores y principios del título preliminar, derechos y deberes, organización de poderes, organización territorial, economía y hacienda, control constitucional y reforma. Esa visión permite ubicar cada artículo y evita confundir conceptos próximos como valor superior, principio rector, derecho fundamental y garantía jurisdiccional.

La vigencia de la Constitución exige atender siempre al texto consolidado oficial. Las reformas constitucionales son pocas, pero relevantes, y el opositor debe acostumbrarse a contrastar con el BOE. La precisión en denominaciones, artículos y efectos jurídicos es más importante que una explicación extensa sin respaldo normativo.

Claves de examen

• Identificar el apartado como materia de Constitución Española de 1978 y situarlo dentro del sistema constitucional.
• Diferenciar siempre artículo, institución, garantía y efecto jurídico.
• Evitar respuestas apoyadas en memoria aproximada cuando exista una regla constitucional expresa.
• Recordar que la Administración queda vinculada por la Constitución y por el resto del ordenamiento.

Errores frecuentes

• Confundir valores superiores con derechos subjetivos directamente ejercitables.
• Mezclar garantías ordinarias, recurso de amparo y control abstracto de constitucionalidad.
• Usar denominaciones institucionales imprecisas o no vigentes.
• Convertir una regla excepcional en regla general.

Técnica de memorización

La forma más fiable de estudiar este apartado es asociar cada institución con tres preguntas: dónde está regulada, qué función cumple y qué consecuencia jurídica produce. Esa secuencia obliga a razonar con el texto constitucional y evita una memorización plana. En los supuestos de examen, primero se localiza el bloque constitucional; después se identifica el órgano, derecho o garantía; por último se descartan opciones que mezclan materias cercanas pero jurídicamente distintas.

Cuando una pregunta incluya varios conceptos próximos, conviene buscar la palabra que delimita la respuesta: valor, derecho, garantía, suspensión, órgano, función, procedimiento, legitimación, competencia o efecto. Esa palabra suele indicar el nivel jurídico correcto. Si el enunciado habla de protección jurisdiccional, la respuesta no será una declaración programática; si habla de reforma, no será una competencia ordinaria; si habla de representación, no será dirección política.

Refuerzo aplicado al estudio

En Constitución Española de 1978, la preparación eficaz exige manejar el vocabulario constitucional con precisión. Una opción de examen puede ser aparentemente correcta por su tono jurídico y, sin embargo, fallar porque atribuye una competencia a un órgano equivocado, porque transforma una garantía en un derecho autónomo o porque presenta una excepción como si fuera la regla general. Por eso el apartado debe estudiarse con lectura normativa y con atención a los efectos: quién actúa, con qué fundamento, mediante qué procedimiento y bajo qué controles.

La segunda pauta consiste en separar literalidad y comprensión. La literalidad permite reconocer artículos y fórmulas constitucionales; la comprensión permite resolver casos breves, detectar distractores y explicar por qué una alternativa es incorrecta. En las oposiciones de la Administración General del Estado, ambas dimensiones se combinan: unas preguntas piden recordar una regla y otras exigen distinguir entre instituciones próximas.

La tercera pauta es conectar este bloque con el funcionamiento administrativo. La Constitución no queda al margen de la gestión pública: condiciona convocatorias, potestades, derechos de los interesados, límites de actuación, controles y responsabilidad. Esa conexión debe hacerse con prudencia, sin inventar ejemplos sectoriales, pero recordando que todo órgano administrativo actúa dentro de un marco constitucional vinculante.

La cuarta pauta es revisar las palabras de cierre del enunciado. Si pregunta por suspensión, no basta hablar de garantía; si pregunta por composición, no basta hablar de funciones; si pregunta por estructura, no basta citar un derecho aislado. Este método reduce errores de arrastre y permite responder con seguridad incluso cuando las opciones contienen términos constitucionales reales.

Profundización examinable

Para fijar este apartado conviene trabajar con la Constitución como norma de normas. Una ley ordinaria, un reglamento o una actuación administrativa no se valoran en el vacío: deben respetar la Constitución, el sistema de fuentes y los principios que garantizan previsibilidad y control. En una pregunta tipo test, esta idea suele aparecer cuando se contrapone la voluntad de un órgano a los límites constitucionales. La respuesta correcta será la que recuerde que ningún poder público queda fuera del marco constitucional.

La dimensión social del Estado no transforma cada aspiración colectiva en un derecho fundamental directamente amparable, pero sí orienta a los poderes públicos y condiciona la interpretación del ordenamiento. La dimensión democrática exige origen popular del poder y participación política. La dimensión de Derecho exige sometimiento a normas, control jurisdiccional, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Memorizar las tres dimensiones por separado ayuda a descartar opciones que reducen el artículo 1 a una sola de ellas.

También es importante no confundir pluralismo político con mera diversidad de opiniones. En el sistema constitucional, los partidos políticos expresan el pluralismo, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Esa función debe ejercerse dentro del respeto a la Constitución y a la ley, por lo que el pluralismo se integra en el Estado de Derecho y no actúa contra él.

La seguridad jurídica del artículo 9.3 tiene valor práctico para cualquier actuación administrativa. Exige que las normas sean cognoscibles, estables en lo razonable y aplicadas sin sorpresas arbitrarias. En materia de oposiciones, tributos, sanciones, subvenciones o procedimientos, el ciudadano necesita saber qué regla se aplica y por qué. La publicidad normativa, la jerarquía y la responsabilidad de los poderes públicos refuerzan esa expectativa legítima.

La Constitución de 1978 debe estudiarse como texto vigente y consolidado. Las referencias históricas son útiles para situar su aprobación, pero no sustituyen a la lectura normativa. Cuando el examen pregunte por efectos jurídicos, prevalece el texto oficial vigente. Por eso la fecha de aprobación o publicación tiene menos importancia que saber qué regla concreta se aplica hoy y qué órgano o procedimiento garantiza su cumplimiento.

Aplicación práctica para preguntas tipo test

En la práctica de examen, la Constitución Española de 1978 debe leerse como el punto de partida de cualquier materia pública. Si una opción afirma que un órgano administrativo puede actuar por oportunidad sin cobertura normativa, choca con el Estado de Derecho. Si una opción presenta la igualdad como una regla puramente programática, desconoce su condición constitucional. Si una opción atribuye la soberanía a un órgano concreto y no al pueblo español, altera el esquema del artículo 1. Esta forma de razonar es más útil que memorizar frases aisladas, porque permite detectar respuestas con vocabulario jurídico correcto pero conclusión equivocada. También conviene recordar que los valores superiores no funcionan todos de la misma manera que un derecho fundamental: orientan el ordenamiento, informan la interpretación y sostienen decisiones constitucionales básicas, pero no sustituyen a la regulación concreta de cada derecho o institución. La Constitución, además, es fuente de límites para la Administración tributaria, sancionadora y organizativa. El principio de legalidad exige base normativa; la seguridad jurídica exige previsibilidad; la responsabilidad impide actuaciones impunes; la interdicción de la arbitrariedad prohíbe decisiones caprichosas. En suma, estudiar este apartado exige unir historia constitucional mínima, texto vigente y consecuencias para la actuación pública diaria.

Síntesis operativa de repaso

Como cierre de estudio, este apartado debe permitir reconocer preguntas sobre fundamento constitucional del Estado, posición normativa de la Constitución y sometimiento de los poderes públicos. La regla práctica es no separar Constitución y Administración: toda potestad administrativa aparece encuadrada por legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica, responsabilidad y prohibición de arbitrariedad. Si una pregunta plantea una actuación pública sin norma habilitante, el razonamiento constitucional apunta al principio de legalidad. Si plantea una norma secreta o no publicada, apunta a publicidad normativa. Si plantea una decisión desigual sin justificación, conecta con igualdad y arbitrariedad. Esta lectura aplicada convierte el tema en una herramienta para todo el programa.

Puntos esenciales a memorizar

• La Constitución es la norma suprema y vincula a ciudadanos y poderes públicos; toda actuación administrativa debe respetarla.
• Artículo 1.1 CE: España es un Estado social y democrático de Derecho.
• Artículo 1.1 CE: los valores superiores son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Artículo 1.2 CE: la soberanía nacional reside en el pueblo español.
• Artículo 1.3 CE: la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria.
• Artículo 2 CE: unidad de la Nación española, autonomía de nacionalidades y regiones y solidaridad.
• Artículo 9.1 CE: ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento.
• Artículo 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• Para el test, no confundir valores superiores con derechos fundamentales directamente amparables.
• Para Agentes de la Hacienda Pública, legalidad y seguridad jurídica son límites diarios de cualquier potestad administrativa.

2. Estructura y contenido

2. Estructura y contenido

La estructura de la Constitución Española permite estudiar el texto como un sistema y no como una sucesión desordenada de artículos. La Constitución contiene un preámbulo, un título preliminar, diez títulos numerados, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Esta arquitectura no es neutral: primero se fijan los fundamentos del Estado, después los derechos, más tarde los órganos constitucionales y, finalmente, las reglas de control y reforma.

El preámbulo carece de articulado, pero orienta la interpretación general del texto. No debe tratarse como una fuente autónoma de derechos subjetivos, aunque ayuda a comprender los fines constitucionales: convivencia democrática, Estado de Derecho, derechos humanos, culturas y pueblos de España, progreso económico y social, y cooperación internacional. En examen, su función es contextual; la respuesta jurídica normalmente se apoya en artículos concretos.

El título preliminar recoge las decisiones constitucionales de base. Ahí aparecen el Estado social y democrático de Derecho, la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, la unidad de la Nación española, la autonomía territorial, el castellano como lengua oficial del Estado, la bandera, la capitalidad, los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, Fuerzas Armadas y garantías del artículo 9.3. Es el bloque de conceptos transversales que reaparece en todo el temario.

El título I regula los derechos y deberes fundamentales. Su estructura interna es decisiva: el capítulo segundo contiene derechos y libertades con distinto nivel de garantía; la sección primera incluye derechos fundamentales y libertades públicas especialmente protegidos; la sección segunda recoge derechos y deberes de los ciudadanos; el capítulo tercero contiene principios rectores de la política social y económica. Esta diferencia de ubicación condiciona garantías, recurso de amparo y reserva de ley.

El título II se dedica a la Corona. Sitúa al Rey como Jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia, y regula funciones constitucionales, refrendo, sucesión, regencia, tutela y Casa del Rey. La clave para el opositor es recordar que la Corona no se estudia como poder político autónomo de dirección, sino como institución constitucional sometida a reglas de refrendo y responsabilidad política de quienes refrendan los actos.

El título III regula las Cortes Generales. Incluye Congreso, Senado, estatuto de diputados y senadores, funcionamiento de las Cámaras, elaboración de leyes, tratados internacionales y control parlamentario. Este título conecta con fuentes del Derecho, procedimiento legislativo, control del Gobierno y principio democrático. Preguntas habituales exigen distinguir ley orgánica, ley ordinaria, decreto-ley, delegación legislativa y tratados.

El título IV trata del Gobierno y la Administración. El título V regula las relaciones entre Gobierno y Cortes Generales. Estudiados conjuntamente, permiten entender investidura, responsabilidad política, cuestión de confianza, moción de censura, disolución y control parlamentario. Para un cuerpo administrativo, el título IV tiene interés especial porque menciona los principios de actuación administrativa y la posición del Gobierno en la dirección de la política interior y exterior.

El título VI regula el Poder Judicial. El título VII se refiere a economía y hacienda. El título VIII diseña la organización territorial del Estado. Estos bloques permiten conectar derechos, Administración, presupuestos, potestad tributaria, comunidades autónomas, provincias, municipios y control judicial. El opositor debe evitar estudiar cada título como compartimento cerrado, porque el examen combina conceptos de varios bloques.

El título IX regula el Tribunal Constitucional y el título X la reforma constitucional. Ambos aseguran la continuidad del sistema. El Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Constitución frente a normas y actos que vulneren el texto; la reforma establece procedimientos agravados o ordinarios según la materia afectada. En términos de examen, título IX y título X cierran el sistema: control e innovación normativa bajo reglas constitucionales.

La estructura constitucional ayuda a responder con precisión. Ante una pregunta sobre derechos, hay que ubicar título, capítulo y sección. Ante una pregunta sobre la Corona, hay que ir al título II. Ante una cuestión de constitucionalidad, al título IX y a la LOTC. Esa ubicación inicial suele ser la diferencia entre una respuesta aproximada y una respuesta exacta.

Claves de examen

• Identificar el apartado como materia de Estructura y contenido y situarlo dentro del sistema constitucional.
• Diferenciar siempre artículo, institución, garantía y efecto jurídico.
• Evitar respuestas apoyadas en memoria aproximada cuando exista una regla constitucional expresa.
• Recordar que la Administración queda vinculada por la Constitución y por el resto del ordenamiento.

Errores frecuentes

• Confundir valores superiores con derechos subjetivos directamente ejercitables.
• Mezclar garantías ordinarias, recurso de amparo y control abstracto de constitucionalidad.
• Usar denominaciones institucionales imprecisas o no vigentes.
• Convertir una regla excepcional en regla general.

Técnica de memorización

La forma más fiable de estudiar este apartado es asociar cada institución con tres preguntas: dónde está regulada, qué función cumple y qué consecuencia jurídica produce. Esa secuencia obliga a razonar con el texto constitucional y evita una memorización plana. En los supuestos de examen, primero se localiza el bloque constitucional; después se identifica el órgano, derecho o garantía; por último se descartan opciones que mezclan materias cercanas pero jurídicamente distintas.

Cuando una pregunta incluya varios conceptos próximos, conviene buscar la palabra que delimita la respuesta: valor, derecho, garantía, suspensión, órgano, función, procedimiento, legitimación, competencia o efecto. Esa palabra suele indicar el nivel jurídico correcto. Si el enunciado habla de protección jurisdiccional, la respuesta no será una declaración programática; si habla de reforma, no será una competencia ordinaria; si habla de representación, no será dirección política.

Refuerzo aplicado al estudio

En Estructura y contenido, la preparación eficaz exige manejar el vocabulario constitucional con precisión. Una opción de examen puede ser aparentemente correcta por su tono jurídico y, sin embargo, fallar porque atribuye una competencia a un órgano equivocado, porque transforma una garantía en un derecho autónomo o porque presenta una excepción como si fuera la regla general. Por eso el apartado debe estudiarse con lectura normativa y con atención a los efectos: quién actúa, con qué fundamento, mediante qué procedimiento y bajo qué controles.

La segunda pauta consiste en separar literalidad y comprensión. La literalidad permite reconocer artículos y fórmulas constitucionales; la comprensión permite resolver casos breves, detectar distractores y explicar por qué una alternativa es incorrecta. En las oposiciones de la Administración General del Estado, ambas dimensiones se combinan: unas preguntas piden recordar una regla y otras exigen distinguir entre instituciones próximas.

La tercera pauta es conectar este bloque con el funcionamiento administrativo. La Constitución no queda al margen de la gestión pública: condiciona convocatorias, potestades, derechos de los interesados, límites de actuación, controles y responsabilidad. Esa conexión debe hacerse con prudencia, sin inventar ejemplos sectoriales, pero recordando que todo órgano administrativo actúa dentro de un marco constitucional vinculante.

La cuarta pauta es revisar las palabras de cierre del enunciado. Si pregunta por suspensión, no basta hablar de garantía; si pregunta por composición, no basta hablar de funciones; si pregunta por estructura, no basta citar un derecho aislado. Este método reduce errores de arrastre y permite responder con seguridad incluso cuando las opciones contienen términos constitucionales reales.

Profundización examinable

La distribución por títulos permite anticipar el tipo de respuesta. Si el enunciado habla de derechos especialmente protegidos, hay que ir al título I y, dentro de él, a la sección primera del capítulo segundo. Si habla de sucesión, refrendo o regencia, el destino es el título II. Si habla de potestad legislativa, ley orgánica o tratados, el título III ofrece el marco inicial. Este método de ubicación evita responder desde recuerdos sueltos.

Las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final tampoco son un adorno. Cumplen funciones de integración del sistema, transición entre regímenes, derogación de normas incompatibles y entrada en vigor. Aunque muchas preguntas se centran en los títulos, el opositor debe saber que el texto constitucional incluye estas disposiciones y que forman parte de la Constitución con valor normativo.

El título VIII suele generar confusiones porque combina principios generales, Administración local y comunidades autónomas. Su estudio exige recordar que la organización territorial no se limita a comunidades autónomas: también incluye municipios y provincias, y se articula bajo principios de autonomía, solidaridad y coordinación dentro de la unidad constitucional. Esta idea conecta con competencias, financiación y control.

La reforma constitucional del título X cierra la estructura porque regula cómo puede cambiar la norma suprema sin romper su continuidad. El procedimiento ordinario y el agravado no se eligen libremente; dependen de la materia afectada. En examen, la clave está en identificar si la reforma afecta a partes especialmente protegidas y qué mayorías, disolución o referéndum resultan exigibles.

Estudiar la estructura no significa aprender un índice de memoria sin utilidad. Significa saber navegar por la Constitución. Una pregunta sobre el Tribunal Constitucional no se resuelve en el título VI, aunque la palabra tribunal pueda inducir a error; una pregunta sobre Gobierno y Administración no pertenece al título III, aunque las Cortes controlen al Gobierno. La estructura es una herramienta de descarte.

Aplicación práctica para preguntas tipo test

Una técnica de estudio eficaz consiste en asociar cada título con preguntas típicas. El título preliminar responde a qué Estado somos y cuáles son sus fundamentos. El título I responde qué derechos, deberes y principios se reconocen y cómo se protegen. El título II responde qué posición tiene la Corona. El título III responde cómo se articulan las Cortes Generales y la potestad legislativa. El título IV permite entender Gobierno y Administración. El título V explica responsabilidad política y relaciones institucionales. El título VI sitúa el Poder Judicial. El título VII conecta economía, hacienda y potestad presupuestaria. El título VIII ordena el territorio. El título IX introduce el control constitucional y el título X regula la reforma. Esta secuencia evita confundir órganos y procedimientos. También permite ubicar normas de desarrollo: la LOTC se comprende desde el título IX; la legislación de estados excepcionales desde el artículo 116; las leyes orgánicas de derechos desde el título I. Cuando una pregunta ofrezca varios artículos plausibles, la estructura actúa como mapa: primero se identifica el bloque, después la institución, por último el efecto. Así se reducen errores por proximidad terminológica.

Síntesis operativa de repaso

Para repasar la estructura, resulta útil construir un recorrido verbal completo: preámbulo; título preliminar; derechos y deberes; Corona; Cortes Generales; Gobierno y Administración; relaciones entre Gobierno y Cortes; Poder Judicial; economía y hacienda; organización territorial; Tribunal Constitucional; reforma. Repetir esta secuencia permite ubicar cualquier pregunta antes de razonar el detalle. La ubicación no sustituye al contenido, pero evita errores básicos. Si una pregunta habla de reforma agravada, no pertenece al título IX; si habla de composición del Tribunal Constitucional, no pertenece al título VI; si habla de regencia, no pertenece al título III. El índice constitucional funciona así como sistema de descarte.

Criterio final de control del apartado

Antes de dar por dominado este punto, el opositor debe comprobar que puede explicar la regla sin apoyarse en fórmulas vagas. La respuesta de examen debe identificar el bloque constitucional aplicable, señalar el órgano, derecho, garantía o procedimiento correcto, y descartar la opción que mezcle materias próximas. Esta comprobación final obliga a transformar la memorización en criterio. También impide caer en respuestas que suenan constitucionales pero atribuyen efectos jurídicos equivocados. En una prueba objetiva, esa precisión es la diferencia entre reconocer palabras familiares y seleccionar la alternativa correcta.

Puntos esenciales a memorizar

• Estructura formal: preámbulo, título preliminar, diez títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
• Título preliminar: artículos 1 a 9, fundamentos constitucionales del Estado.
• Título I: artículos 10 a 55, derechos y deberes fundamentales.
• Título II: artículos 56 a 65, la Corona.
• Título III: artículos 66 a 96, Cortes Generales.
• Título IV: artículos 97 a 107, Gobierno y Administración.
• Título V: artículos 108 a 116, relaciones entre Gobierno y Cortes Generales.
• Título VI: artículos 117 a 127, Poder Judicial.
• Título VII: artículos 128 a 136, economía y hacienda.
• Título VIII: artículos 137 a 158, organización territorial del Estado.
• Título IX: artículos 159 a 165, Tribunal Constitucional.
• Título X: artículos 166 a 169, reforma constitucional.

3. Derechos y deberes fundamentales

3. Derechos y deberes fundamentales

Los derechos y deberes fundamentales se concentran en el título I de la Constitución. El punto de partida es el artículo 10, que sitúa la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Para estudiar bien este bloque hay que distinguir entre fundamento axiológico, derecho subjetivo exigible, deber constitucional y principio rector.

El artículo 14 proclama la igualdad ante la ley y prohíbe discriminaciones por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es una regla de enorme importancia práctica: no exige trato idéntico en todos los casos, pero sí impide diferencias carentes de justificación objetiva y razonable. En examen, igualdad suele aparecer vinculada a mérito y capacidad, acceso al empleo público, potestad sancionadora o trato administrativo.

La sección primera del capítulo segundo incluye derechos fundamentales y libertades públicas. Ahí se sitúan, entre otros, derecho a la vida, libertad ideológica y religiosa, libertad personal, intimidad, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión, reunión, asociación, participación política, tutela judicial efectiva, legalidad penal y sancionadora, educación, sindicación, huelga y petición. Su ubicación determina una protección reforzada.

La sección segunda recoge derechos y deberes de los ciudadanos, como el deber de defender España, objeción de conciencia en los términos previstos, sostenimiento de gastos públicos, matrimonio, propiedad privada y herencia, fundación, trabajo, negociación colectiva, libertad de empresa y protección de intereses económicos. No tienen idéntico régimen de amparo que los de la sección primera, pero son normas constitucionales vinculantes y condicionan la actuación legislativa y administrativa.

El capítulo tercero contiene principios rectores de la política social y económica. Su valor es constitucional, pero su exigibilidad se articula de modo diferente: informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria conforme a lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Esta diferencia es una pregunta clásica: principio rector no equivale automáticamente a derecho fundamental susceptible de amparo.

El artículo 53 organiza las garantías por niveles. Los derechos y libertades del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio; y los derechos de la sección primera disfrutan de protección mediante procedimiento preferente y sumario ante tribunales ordinarios y, en su caso, recurso de amparo. La idea de contenido esencial impide que el legislador vacíe el derecho bajo apariencia de regulación.

Los deberes fundamentales también son examinables. El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, por ejemplo, conecta con capacidad económica, justicia tributaria, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. En el ámbito de Agentes de la Hacienda Pública, esta conexión permite entender por qué el sistema tributario no es solo técnica recaudatoria: tiene fundamento constitucional y límites materiales.

El Defensor del Pueblo es una garantía institucional de los derechos del título I. No sustituye a jueces ni tribunales, pero supervisa la actividad de la Administración y puede interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo. Su relevancia para el opositor está en comprender que el sistema de garantías combina jurisdicción, instituciones de control y exigencias legislativas.

Conviene separar derecho, garantía y límite. Un derecho puede tener límites constitucionalmente admisibles; una garantía es el cauce que protege su ejercicio; y una suspensión es una medida excepcional prevista para estados concretos. Confundir esos planos conduce a errores frecuentes, sobre todo al mezclar libertad personal, inviolabilidad domiciliaria, secreto de comunicaciones, reunión, huelga o tutela judicial.

La lectura útil para examen debe vincular cada derecho con su ubicación y garantía. No basta con saber que existe libertad de expresión: hay que saber su artículo, su régimen de protección, sus límites y su diferencia con otros derechos próximos. Esa técnica de estudio permite responder preguntas de literalidad, de clasificación y de aplicación práctica.

Claves de examen

• Identificar el apartado como materia de Derechos y deberes fundamentales y situarlo dentro del sistema constitucional.
• Diferenciar siempre artículo, institución, garantía y efecto jurídico.
• Evitar respuestas apoyadas en memoria aproximada cuando exista una regla constitucional expresa.
• Recordar que la Administración queda vinculada por la Constitución y por el resto del ordenamiento.

Errores frecuentes

• Confundir valores superiores con derechos subjetivos directamente ejercitables.
• Mezclar garantías ordinarias, recurso de amparo y control abstracto de constitucionalidad.
• Usar denominaciones institucionales imprecisas o no vigentes.
• Convertir una regla excepcional en regla general.

Técnica de memorización

La forma más fiable de estudiar este apartado es asociar cada institución con tres preguntas: dónde está regulada, qué función cumple y qué consecuencia jurídica produce. Esa secuencia obliga a razonar con el texto constitucional y evita una memorización plana. En los supuestos de examen, primero se localiza el bloque constitucional; después se identifica el órgano, derecho o garantía; por último se descartan opciones que mezclan materias cercanas pero jurídicamente distintas.

Cuando una pregunta incluya varios conceptos próximos, conviene buscar la palabra que delimita la respuesta: valor, derecho, garantía, suspensión, órgano, función, procedimiento, legitimación, competencia o efecto. Esa palabra suele indicar el nivel jurídico correcto. Si el enunciado habla de protección jurisdiccional, la respuesta no será una declaración programática; si habla de reforma, no será una competencia ordinaria; si habla de representación, no será dirección política.

Refuerzo aplicado al estudio

En Derechos y deberes fundamentales, la preparación eficaz exige manejar el vocabulario constitucional con precisión. Una opción de examen puede ser aparentemente correcta por su tono jurídico y, sin embargo, fallar porque atribuye una competencia a un órgano equivocado, porque transforma una garantía en un derecho autónomo o porque presenta una excepción como si fuera la regla general. Por eso el apartado debe estudiarse con lectura normativa y con atención a los efectos: quién actúa, con qué fundamento, mediante qué procedimiento y bajo qué controles.

La segunda pauta consiste en separar literalidad y comprensión. La literalidad permite reconocer artículos y fórmulas constitucionales; la comprensión permite resolver casos breves, detectar distractores y explicar por qué una alternativa es incorrecta. En las oposiciones de la Administración General del Estado, ambas dimensiones se combinan: unas preguntas piden recordar una regla y otras exigen distinguir entre instituciones próximas.

La tercera pauta es conectar este bloque con el funcionamiento administrativo. La Constitución no queda al margen de la gestión pública: condiciona convocatorias, potestades, derechos de los interesados, límites de actuación, controles y responsabilidad. Esa conexión debe hacerse con prudencia, sin inventar ejemplos sectoriales, pero recordando que todo órgano administrativo actúa dentro de un marco constitucional vinculante.

La cuarta pauta es revisar las palabras de cierre del enunciado. Si pregunta por suspensión, no basta hablar de garantía; si pregunta por composición, no basta hablar de funciones; si pregunta por estructura, no basta citar un derecho aislado. Este método reduce errores de arrastre y permite responder con seguridad incluso cuando las opciones contienen términos constitucionales reales.

Profundización examinable

La clasificación de derechos exige leer el título I con atención. No todos los preceptos tienen idéntico régimen de protección y no todos generan la misma consecuencia procesal. La sección primera tiene una protección reforzada, la sección segunda conserva fuerza constitucional y el capítulo tercero informa la actuación pública y la legislación. Esta gradación es una de las claves más rentables para preguntas tipo test.

El principio de igualdad no impide toda diferencia de trato. Impide diferencias arbitrarias o discriminatorias. El legislador y la Administración pueden distinguir situaciones si existe justificación objetiva y razonable, si la medida es proporcionada y si respeta el marco constitucional. Esta precisión evita el error de responder que cualquier tratamiento distinto vulnera automáticamente el artículo 14.

Los derechos de participación política tienen un vínculo directo con el carácter democrático del Estado. El derecho a participar en asuntos públicos, directamente o por representantes, y el acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos, se conectan con mérito, capacidad y reglas objetivas. Para oposiciones, esta conexión aparece en convocatorias, requisitos, igualdad de oportunidades y control de arbitrariedad.

Los derechos de contenido procesal, especialmente la tutela judicial efectiva, no son una fórmula vacía. Incluyen acceso a la jurisdicción, resolución fundada, ejecución de resoluciones y prohibición de indefensión dentro de los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional. Para un estudiante AGE, lo importante no es reproducir doctrina extensa, sino reconocer que la tutela judicial actúa como garantía frente a actuaciones públicas y privadas sometidas a control judicial.

Los principios rectores deben estudiarse con cautela. Informan la legislación, la práctica judicial y la actuación administrativa, pero su alegación judicial depende del desarrollo legal. Si una opción afirma que todos los principios rectores son directamente amparables ante el Tribunal Constitucional, será incorrecta. Si afirma que carecen por completo de valor jurídico, también será incorrecta. Su fuerza existe, pero su exigibilidad es mediada.

Aplicación práctica para preguntas tipo test

En derechos fundamentales es decisivo distinguir titularidad, ejercicio, límites y garantías. La titularidad indica quién puede invocar el derecho; el ejercicio describe cómo se despliega; los límites señalan hasta dónde puede llegar; las garantías indican cómo se protege frente a vulneraciones. Una respuesta puede fallar por mezclar cualquiera de esos planos. También debe separarse derecho fundamental de principio rector: ambos están en la Constitución, pero su protección no es idéntica. El opositor debe prestar atención a verbos como reconocer, garantizar, regular, tutelar, suspender o desarrollar, porque cada uno apunta a una consecuencia jurídica diferente. En el ámbito administrativo, los derechos fundamentales no se agotan en grandes declaraciones: influyen en registros, notificaciones, expedientes sancionadores, acceso a información, igualdad en procedimientos selectivos y tutela judicial. Ahora bien, esa conexión debe formularse con prudencia: no todo defecto procedimental es automáticamente una lesión constitucional, y no toda lesión constitucional se corrige por la misma vía. La respuesta madura identifica el derecho, localiza su garantía y evita extenderlo más allá de su régimen vigente.

Síntesis operativa de repaso

Una preparación sólida exige asociar cada derecho con su garantía dominante y con sus límites. Libertad ideológica, libertad personal, tutela judicial, participación política o educación no se estudian igual que propiedad, trabajo, libertad de empresa o principios rectores. Todos tienen relevancia constitucional, pero no idéntica vía de protección. En preguntas tipo test, las opciones erróneas suelen mezclar el nivel de protección: atribuyen amparo directo a principios rectores, niegan fuerza normativa a derechos de la sección segunda o confunden igualdad con trato matemáticamente idéntico. La técnica correcta es localizar el precepto, clasificar el derecho y determinar su garantía.

Criterio final de control del apartado

Antes de dar por dominado este punto, el opositor debe comprobar que puede explicar la regla sin apoyarse en fórmulas vagas. La respuesta de examen debe identificar el bloque constitucional aplicable, señalar el órgano, derecho, garantía o procedimiento correcto, y descartar la opción que mezcle materias próximas. Esta comprobación final obliga a transformar la memorización en criterio. También impide caer en respuestas que suenan constitucionales pero atribuyen efectos jurídicos equivocados. En una prueba objetiva, esa precisión es la diferencia entre reconocer palabras familiares y seleccionar la alternativa correcta.

Puntos esenciales a memorizar

• Artículo 10 CE: dignidad, derechos inviolables, libre desarrollo de la personalidad y respeto a la ley y a los derechos de los demás.
• Artículo 14 CE: igualdad y prohibición de discriminación.
• Sección 1ª del capítulo II: artículos 15 a 29, derechos fundamentales y libertades públicas.
• Sección 2ª del capítulo II: artículos 30 a 38, derechos y deberes de los ciudadanos.
• Capítulo III: artículos 39 a 52, principios rectores de la política social y económica.
• Artículo 53.1 CE: vinculación de poderes públicos, reserva de ley y respeto al contenido esencial.
• Artículo 53.2 CE: tutela preferente y sumaria y recurso de amparo para artículos 14 a 29 y objeción de conciencia.
• Artículo 54 CE: Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales.
• Artículo 31 CE: deber de contribuir conforme a capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.
• Para el test, la ubicación del derecho determina su garantía.

4. Su garantía y suspensión

4. Su garantía y suspensión

La garantía de los derechos fundamentales es el conjunto de técnicas que asegura que los derechos reconocidos por la Constitución no queden reducidos a declaraciones retóricas. En el sistema constitucional español, la garantía opera en varios planos: vinculación de poderes públicos, reserva de ley, respeto al contenido esencial, control judicial ordinario, recurso de amparo, intervención del Defensor del Pueblo y control de constitucionalidad de las leyes.

El artículo 53 es la pieza central. Su apartado primero establece que los derechos y libertades del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos y que solo por ley puede regularse su ejercicio, respetando siempre su contenido esencial. Esta fórmula contiene dos ideas examinables: la ley es necesaria para ordenar el ejercicio de los derechos, pero la ley no puede vaciarlos ni convertirlos en una apariencia sin eficacia real.

El artículo 53.2 añade una protección reforzada para determinados derechos: cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La garantía no sustituye el estudio del derecho; lo completa.

El recurso de amparo es una garantía jurisdiccional extraordinaria ante el Tribunal Constitucional. No convierte al Tribunal Constitucional en una tercera instancia ordinaria, sino que protege derechos fundamentales frente a vulneraciones constitucionalmente relevantes. En examen conviene recordar que el amparo se conecta con el artículo 53.2 y con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Defensor del Pueblo constituye una garantía institucional. Puede supervisar la actividad de la Administración, formular recomendaciones y ejercer legitimación en determinados procesos constitucionales. Su función no es dictar sentencias ni anular actos administrativos, sino reforzar el control de la actividad pública desde una institución constitucional orientada a la defensa de derechos.

La suspensión de derechos pertenece a un plano distinto. La Constitución prevé estados de alarma, excepción y sitio, regulados por ley orgánica, y contempla qué derechos pueden ser suspendidos en los supuestos y condiciones constitucionales. No todos los estados producen la misma intensidad de afectación, ni todo límite equivale a suspensión. Esta distinción es decisiva para evitar respuestas erróneas.

El estado de alarma está previsto para situaciones extraordinarias y permite medidas intensas, pero no debe confundirse sin más con una suspensión general de derechos fundamentales. El estado de excepción se vincula a alteraciones graves del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones y puede justificar la suspensión de determinados derechos en los términos constitucionales. El estado de sitio responde a amenazas de máxima gravedad contra la soberanía, independencia, integridad territorial u orden constitucional.

La Constitución también contempla la suspensión individual de determinados derechos para personas determinadas en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con necesaria intervención judicial y adecuado control parlamentario. El opositor debe estudiar esta regla como excepción estricta, no como facultad administrativa ordinaria.

Garantía y suspensión deben explicarse juntas porque muestran el equilibrio constitucional entre libertad y defensa del orden constitucional. La regla ordinaria es la efectividad del derecho y su protección judicial; la suspensión es excepcional, tasada y sometida a controles. Una medida administrativa restrictiva debe tener cobertura normativa, finalidad legítima, proporcionalidad y control, pero solo determinados supuestos alcanzan la categoría de suspensión constitucional.

Para el estudio práctico, conviene construir una tabla mental: derecho protegido, artículo, garantía ordinaria, posible amparo, órgano competente y supuestos excepcionales. Esa tabla evita confundir tutela judicial efectiva con recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad con control de actos administrativos, o limitación de derechos con suspensión constitucional.

Claves de examen

• Identificar el apartado como materia de Garantía y suspensión de derechos y situarlo dentro del sistema constitucional.
• Diferenciar siempre artículo, institución, garantía y efecto jurídico.
• Evitar respuestas apoyadas en memoria aproximada cuando exista una regla constitucional expresa.
• Recordar que la Administración queda vinculada por la Constitución y por el resto del ordenamiento.

Errores frecuentes

• Confundir valores superiores con derechos subjetivos directamente ejercitables.
• Mezclar garantías ordinarias, recurso de amparo y control abstracto de constitucionalidad.
• Usar denominaciones institucionales imprecisas o no vigentes.
• Convertir una regla excepcional en regla general.

Técnica de memorización

La forma más fiable de estudiar este apartado es asociar cada institución con tres preguntas: dónde está regulada, qué función cumple y qué consecuencia jurídica produce. Esa secuencia obliga a razonar con el texto constitucional y evita una memorización plana. En los supuestos de examen, primero se localiza el bloque constitucional; después se identifica el órgano, derecho o garantía; por último se descartan opciones que mezclan materias cercanas pero jurídicamente distintas.

Cuando una pregunta incluya varios conceptos próximos, conviene buscar la palabra que delimita la respuesta: valor, derecho, garantía, suspensión, órgano, función, procedimiento, legitimación, competencia o efecto. Esa palabra suele indicar el nivel jurídico correcto. Si el enunciado habla de protección jurisdiccional, la respuesta no será una declaración programática; si habla de reforma, no será una competencia ordinaria; si habla de representación, no será dirección política.

Refuerzo aplicado al estudio

En Garantía y suspensión de derechos, la preparación eficaz exige manejar el vocabulario constitucional con precisión. Una opción de examen puede ser aparentemente correcta por su tono jurídico y, sin embargo, fallar porque atribuye una competencia a un órgano equivocado, porque transforma una garantía en un derecho autónomo o porque presenta una excepción como si fuera la regla general. Por eso el apartado debe estudiarse con lectura normativa y con atención a los efectos: quién actúa, con qué fundamento, mediante qué procedimiento y bajo qué controles.

La segunda pauta consiste en separar literalidad y comprensión. La literalidad permite reconocer artículos y fórmulas constitucionales; la comprensión permite resolver casos breves, detectar distractores y explicar por qué una alternativa es incorrecta. En las oposiciones de la Administración General del Estado, ambas dimensiones se combinan: unas preguntas piden recordar una regla y otras exigen distinguir entre instituciones próximas.

La tercera pauta es conectar este bloque con el funcionamiento administrativo. La Constitución no queda al margen de la gestión pública: condiciona convocatorias, potestades, derechos de los interesados, límites de actuación, controles y responsabilidad. Esa conexión debe hacerse con prudencia, sin inventar ejemplos sectoriales, pero recordando que todo órgano administrativo actúa dentro de un marco constitucional vinculante.

La cuarta pauta es revisar las palabras de cierre del enunciado. Si pregunta por suspensión, no basta hablar de garantía; si pregunta por composición, no basta hablar de funciones; si pregunta por estructura, no basta citar un derecho aislado. Este método reduce errores de arrastre y permite responder con seguridad incluso cuando las opciones contienen términos constitucionales reales.

Profundización examinable

La diferencia entre garantía y suspensión es esencial. Una garantía es una técnica de protección del derecho; una suspensión es una situación excepcional en la que determinados derechos pueden quedar temporalmente afectados bajo condiciones constitucionales. Limitar un derecho por razones legalmente previstas no siempre equivale a suspenderlo. Esta distinción permite resolver preguntas sobre estados excepcionales y sobre medidas ordinarias de policía administrativa.

El contenido esencial actúa como límite al legislador. La ley puede regular el ejercicio de un derecho, establecer requisitos, ordenar procedimientos y equilibrar intereses constitucionales, pero no puede vaciar el derecho de forma que pierda su recognoscibilidad. En preguntas de examen, esta idea suele aparecer como contrapeso frente a opciones que atribuyen al legislador una libertad absoluta.

El procedimiento preferente y sumario ante tribunales ordinarios y el recurso de amparo constitucional no son la misma vía. El primero se sitúa en la jurisdicción ordinaria; el segundo ante el Tribunal Constitucional y con carácter constitucional. Confundirlos lleva a errores cuando el enunciado pregunta por órgano competente, fase procesal o tipo de derecho protegido.

Los estados de alarma, excepción y sitio responden a presupuestos distintos. La alarma se vincula a crisis graves que pueden requerir medidas extraordinarias; la excepción a alteraciones graves del orden público; el sitio a amenazas extremas contra el orden constitucional o la soberanía. La Ley Orgánica 4/1981 desarrolla estos estados y debe usarse como fuente normativa de contraste, especialmente cuando se pregunta por competencias, autorización o efectos.

La suspensión individual prevista constitucionalmente es una regla estricta y excepcional. No autoriza restricciones generales sin control, ni permite que la Administración prescinda de garantías ordinarias. Debe estudiarse asociada a intervención judicial, control parlamentario y supuestos tasados. La palabra clave es excepcionalidad: fuera de los supuestos constitucionales, rige la protección ordinaria del derecho.

Aplicación práctica para preguntas tipo test

La garantía de derechos tiene además una dimensión preventiva. La reserva de ley obliga a que las restricciones relevantes procedan de una norma con rango adecuado; el contenido esencial impide vaciar el derecho; el control judicial permite reparar lesiones; y el recurso de amparo ofrece una protección constitucional subsidiaria o extraordinaria en los casos previstos. Esta cadena es relevante porque muchas preguntas presentan una garantía como si excluyera a las demás. No es así: el sistema combina garantías. En materia de suspensión, la prudencia debe ser máxima. Estados excepcionales no equivalen a desaparición del orden constitucional, sino a funcionamiento de reglas extraordinarias dentro de la propia Constitución. La declaración, autorización, duración, control y efectos están normativamente delimitados. Además, existen derechos que pueden verse afectados de forma distinta según el estado declarado. Para responder bien, hay que identificar primero si el enunciado habla de protección ordinaria, límite legal, suspensión general en estado excepcional o suspensión individual. Cada supuesto tiene fundamento, órgano y control diferentes.

Síntesis operativa de repaso

El bloque de garantías y suspensión también exige recordar que la Constitución diseña controles frente al poder. La Administración no decide por sí misma suspender derechos fundamentales en sentido constitucional; actúa bajo ley, control judicial y límites materiales. Los estados excepcionales requieren presupuestos, forma de declaración, duración y controles. Incluso en situaciones críticas, el Derecho no desaparece, sino que opera mediante reglas especiales. Esa idea es útil para descartar respuestas que presentan la excepcionalidad como carta blanca. La suspensión es tasada, temporal, controlada y referida a derechos concretos, no una habilitación general para ignorar la Constitución.

Criterio final de control del apartado

Antes de dar por dominado este punto, el opositor debe comprobar que puede explicar la regla sin apoyarse en fórmulas vagas. La respuesta de examen debe identificar el bloque constitucional aplicable, señalar el órgano, derecho, garantía o procedimiento correcto, y descartar la opción que mezcle materias próximas. Esta comprobación final obliga a transformar la memorización en criterio. También impide caer en respuestas que suenan constitucionales pero atribuyen efectos jurídicos equivocados. En una prueba objetiva, esa precisión es la diferencia entre reconocer palabras familiares y seleccionar la alternativa correcta.

Última regla de descarte

En este apartado la pregunta de control final es sencilla: si el enunciado habla de proteger un derecho en situación ordinaria, piense en garantías; si habla de crisis constitucional, piense en estados excepcionales; si habla de una persona concreta vinculada a supuestos tasados, piense en suspensión individual. Esta separación evita confundir límites ordinarios con suspensión constitucional.

La clave final es recordar que toda excepcionalidad sigue sometida a Constitución, ley, control y proporcionalidad.

Puntos esenciales a memorizar

• Artículo 53.1 CE: los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos.
• Artículo 53.1 CE: solo por ley, respetando el contenido esencial, puede regularse el ejercicio de esos derechos.
• Artículo 53.2 CE: procedimiento preferente y sumario y recurso de amparo para los derechos especialmente protegidos.
• Artículo 54 CE: el Defensor del Pueblo supervisa la actividad de la Administración para defender derechos del título I.
• Artículo 55.1 CE: determinados derechos pueden suspenderse en estados de excepción o sitio, no como regla ordinaria.
• Artículo 55.2 CE: suspensión individual limitada para investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, con control judicial y parlamentario.
• LO 4/1981: desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio.
• Estado de alarma: no equivale a suspensión general de derechos fundamentales.
• El recurso de amparo no convierte al Tribunal Constitucional en una tercera instancia ordinaria.
• Para Agentes de la Hacienda Pública, entrada domiciliaria, datos personales, igualdad y tutela judicial son puntos de fricción constitucional.

5. La Corona

5. La Corona

La Corona se regula en el título II de la Constitución. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Esta definición debe estudiarse con precisión porque delimita la posición constitucional del Rey en una monarquía parlamentaria.

La monarquía parlamentaria significa que la Corona forma parte de la arquitectura constitucional, pero no dirige políticamente el Gobierno. La dirección política corresponde al Gobierno y el control democrático a las Cortes Generales. El Rey ejerce funciones tasadas, normalmente necesitadas de refrendo, y no responde políticamente por los actos refrendados. La responsabilidad se desplaza a quienes refrendan.

La inviolabilidad y la no sujeción a responsabilidad del Rey no deben leerse como privilegio aislado, sino como pieza del sistema de refrendo. Los actos del Rey serán refrendados en los términos constitucionales, y de esos actos serán responsables las personas que los refrenden. La regla evita atribuir al Rey una responsabilidad política incompatible con su posición arbitral y representativa.

Entre las funciones constitucionales aparecen sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes Generales en los términos previstos, convocar elecciones, convocar referéndum en los casos previstos, proponer candidato a Presidente del Gobierno, nombrarlo y poner fin a sus funciones, nombrar y separar miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente, expedir decretos acordados en Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares, conceder honores y distinciones, ser informado de asuntos de Estado, presidir el Consejo de Ministros a petición del Presidente, ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley y ostentar el alto patronazgo de las Reales Academias.

La sucesión se regula conforme al orden regular de primogenitura y representación, con preferencia de la línea anterior sobre las posteriores, del grado más próximo sobre el más remoto, del varón sobre la mujer en el mismo grado y de la persona de más edad sobre la de menos. El opositor debe estudiar esta regla con su literalidad constitucional, distinguiéndola de debates políticos o propuestas de reforma que no son Derecho vigente mientras no se reforme la Constitución.

La regencia opera cuando el Rey sea menor de edad o quede inhabilitado para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad sea reconocida por las Cortes Generales. La tutela del Rey menor se rige por previsiones constitucionales específicas. Estas instituciones garantizan continuidad de la Jefatura del Estado sin alterar la forma política ni transferir la titularidad de la Corona al órgano que ejerce provisionalmente funciones.

El refrendo es probablemente la clave más examinable del título II. No todos los actos se refrendan de la misma manera ni por las mismas autoridades, pero la idea central es que el acto regio queda integrado en el sistema parlamentario mediante responsabilidad de quien refrenda. Por eso el estudio de la Corona debe conectarse con Gobierno, Cortes Generales e investidura.

La Casa del Rey aparece constitucionalmente en relación con la libertad del Rey para nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Aunque existan normas organizativas posteriores, para este apartado basta con retener la regla constitucional y no convertir la explicación en organigrama administrativo si no es necesario para responder al temario.

En las preguntas tipo test se suele confundir sanción y promulgación, propuesta y nombramiento, mando supremo y dirección política, o inviolabilidad y ausencia absoluta de control institucional. La respuesta correcta exige ubicar cada función en el artículo correspondiente y recordar el papel del refrendo. Una fórmula segura es preguntarse siempre quién decide políticamente y quién formaliza constitucionalmente el acto.

La Corona, en definitiva, cumple funciones de continuidad, representación y formalización dentro de un Estado parlamentario. No debe explicarse con categorías de presidencialismo ni con afirmaciones históricas no verificadas. El texto constitucional vigente es suficiente para resolver la mayoría de preguntas de oposición sobre este punto.

Claves de examen

• Identificar el apartado como materia de La Corona y situarlo dentro del sistema constitucional.
• Diferenciar siempre artículo, institución, garantía y efecto jurídico.
• Evitar respuestas apoyadas en memoria aproximada cuando exista una regla constitucional expresa.
• Recordar que la Administración queda vinculada por la Constitución y por el resto del ordenamiento.

Errores frecuentes

• Confundir valores superiores con derechos subjetivos directamente ejercitables.
• Mezclar garantías ordinarias, recurso de amparo y control abstracto de constitucionalidad.
• Usar denominaciones institucionales imprecisas o no vigentes.
• Convertir una regla excepcional en regla general.

Técnica de memorización

La forma más fiable de estudiar este apartado es asociar cada institución con tres preguntas: dónde está regulada, qué función cumple y qué consecuencia jurídica produce. Esa secuencia obliga a razonar con el texto constitucional y evita una memorización plana. En los supuestos de examen, primero se localiza el bloque constitucional; después se identifica el órgano, derecho o garantía; por último se descartan opciones que mezclan materias cercanas pero jurídicamente distintas.

Cuando una pregunta incluya varios conceptos próximos, conviene buscar la palabra que delimita la respuesta: valor, derecho, garantía, suspensión, órgano, función, procedimiento, legitimación, competencia o efecto. Esa palabra suele indicar el nivel jurídico correcto. Si el enunciado habla de protección jurisdiccional, la respuesta no será una declaración programática; si habla de reforma, no será una competencia ordinaria; si habla de representación, no será dirección política.

Refuerzo aplicado al estudio

En La Corona, la preparación eficaz exige manejar el vocabulario constitucional con precisión. Una opción de examen puede ser aparentemente correcta por su tono jurídico y, sin embargo, fallar porque atribuye una competencia a un órgano equivocado, porque transforma una garantía en un derecho autónomo o porque presenta una excepción como si fuera la regla general. Por eso el apartado debe estudiarse con lectura normativa y con atención a los efectos: quién actúa, con qué fundamento, mediante qué procedimiento y bajo qué controles.

La segunda pauta consiste en separar literalidad y comprensión. La literalidad permite reconocer artículos y fórmulas constitucionales; la comprensión permite resolver casos breves, detectar distractores y explicar por qué una alternativa es incorrecta. En las oposiciones de la Administración General del Estado, ambas dimensiones se combinan: unas preguntas piden recordar una regla y otras exigen distinguir entre instituciones próximas.

La tercera pauta es conectar este bloque con el funcionamiento administrativo. La Constitución no queda al margen de la gestión pública: condiciona convocatorias, potestades, derechos de los interesados, límites de actuación, controles y responsabilidad. Esa conexión debe hacerse con prudencia, sin inventar ejemplos sectoriales, pero recordando que todo órgano administrativo actúa dentro de un marco constitucional vinculante.

La cuarta pauta es revisar las palabras de cierre del enunciado. Si pregunta por suspensión, no basta hablar de garantía; si pregunta por composición, no basta hablar de funciones; si pregunta por estructura, no basta citar un derecho aislado. Este método reduce errores de arrastre y permite responder con seguridad incluso cuando las opciones contienen términos constitucionales reales.

Profundización examinable

La Corona debe entenderse desde la lógica parlamentaria. El Rey formaliza actos constitucionales, representa al Estado y simboliza unidad y permanencia, pero la dirección política corresponde al Gobierno responsable ante las Cortes. Cuando una opción atribuye al Rey una potestad política propia de dirección ordinaria, conviene desconfiar y revisar la regla de refrendo.

El refrendo convierte muchos actos del Rey en actos integrados en el sistema de responsabilidad política. La autoridad que refrenda asume responsabilidad, mientras que el Rey mantiene su posición constitucional de inviolabilidad. Este mecanismo explica por qué la monarquía parlamentaria puede coexistir con el principio democrático: las decisiones políticamente relevantes quedan conectadas con órganos responsables.

La sanción y promulgación de leyes no significan que el Rey pueda elegir políticamente el contenido de la ley aprobada por las Cortes. Son actos constitucionales necesarios en el procedimiento legislativo, insertos en el marco parlamentario. La precisión terminológica es importante porque muchas respuestas erróneas exageran o minimizan el papel de la Corona.

La propuesta de candidato a Presidente del Gobierno se produce en el marco del procedimiento de investidura. El Rey no nombra libremente a quien prefiera; actúa tras consultas y propone candidato en un sistema cuyo resultado depende de la confianza del Congreso. Esta regla muestra la conexión entre Corona, Gobierno y Cortes Generales.

La sucesión, regencia y tutela garantizan continuidad institucional. No deben confundirse: sucesión determina quién accede a la Corona; regencia permite ejercer funciones cuando el Rey no puede hacerlo; tutela se refiere al Rey menor. En examen, separar estas instituciones permite descartar opciones que mezclan titularidad, ejercicio temporal y cuidado personal o jurídico.

Aplicación práctica para preguntas tipo test

La Corona suele generar errores porque se estudia con categorías políticas externas al texto constitucional. Para el examen, lo relevante es la función constitucional vigente. El Rey simboliza unidad y permanencia, representa al Estado y ejerce funciones atribuidas por Constitución y leyes, pero en una monarquía parlamentaria esas funciones se integran mediante refrendo y responsabilidad de otros órganos. Por eso una pregunta sobre nombramiento del Presidente del Gobierno debe conectarse con investidura; una pregunta sobre sanción de leyes, con procedimiento legislativo; una pregunta sobre mando supremo de las Fuerzas Armadas, con la dirección política que corresponde al Gobierno. También debe cuidarse la sucesión: la regla constitucional vigente contiene preferencias expresas y no debe sustituirse por debates de reforma. Las instituciones de regencia y tutela aseguran continuidad sin confundir titularidad y ejercicio. En síntesis, la Corona se estudia mejor como institución de equilibrio formal y representación del Estado que como centro de decisión política ordinaria.

Síntesis operativa de repaso

Para memorizar la Corona, conviene usar tres columnas: posición, funciones y controles. La posición es Jefatura del Estado y símbolo de unidad y permanencia. Las funciones son las enumeradas constitucionalmente, muchas de ellas formales o representativas. Los controles se articulan mediante refrendo y responsabilidad de quienes refrendan, además de la integración parlamentaria del sistema. Esta matriz evita errores habituales: creer que el Rey gobierna, olvidar el refrendo, confundir sucesión con regencia o pensar que las funciones internacionales equivalen a dirección de la política exterior. El texto constitucional da la respuesta segura.

Criterio final de control del apartado

Antes de dar por dominado este punto, el opositor debe comprobar que puede explicar la regla sin apoyarse en fórmulas vagas. La respuesta de examen debe identificar el bloque constitucional aplicable, señalar el órgano, derecho, garantía o procedimiento correcto, y descartar la opción que mezcle materias próximas. Esta comprobación final obliga a transformar la memorización en criterio. También impide caer en respuestas que suenan constitucionales pero atribuyen efectos jurídicos equivocados. En una prueba objetiva, esa precisión es la diferencia entre reconocer palabras familiares y seleccionar la alternativa correcta.

Última regla de descarte

En este apartado la pregunta de control final consiste en detectar si el acto del Rey aparece aislado o integrado en el sistema parlamentario. Si una opción olvida el refrendo, exagera la dirección política del Rey o mezcla sucesión con regencia, debe revisarse. La Corona se responde desde funciones tasadas, continuidad institucional y responsabilidad de quien refrenda.

Puntos esenciales a memorizar

• Artículo 56 CE: el Rey es Jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia.
• El Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, pero no dirige la política del Gobierno.
• Artículo 56.3 CE: la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
• Artículo 64 CE: los actos del Rey deben ser refrendados salvo las excepciones constitucionales.
• La responsabilidad de los actos del Rey corresponde a quienes los refrendan.
• Artículo 57 CE: sucesión hereditaria conforme al orden regular de primogenitura y representación.
• Abdicaciones, renuncias y dudas sucesorias se resuelven por ley orgánica.
• Artículos 59 y 60 CE: regencia y tutela del Rey menor.
• Artículo 65 CE: el Rey distribuye libremente la cantidad global asignada para el sostenimiento de su Familia y Casa.
• En examen, Corona no significa poder ejecutivo: la dirección política corresponde al Gobierno.

6. El Tribunal Constitucional

6. El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se regula en el título IX de la Constitución y en su Ley Orgánica. Es el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución mediante procesos constitucionales específicos. No forma parte del Poder Judicial ordinario, aunque ejerce jurisdicción constitucional. Esta distinción es básica: el Poder Judicial aplica el Derecho en procesos ordinarios; el Tribunal Constitucional controla la conformidad constitucional de normas y protege derechos fundamentales en los cauces previstos.

La Constitución establece que el Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey. Cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. El mandato es de nueve años y se renueva por terceras partes cada tres.

La independencia de los magistrados constitucionales es una garantía institucional. La Constitución prevé incompatibilidades y prohíbe el mandato imperativo. El Tribunal no representa cuotas políticas en su función jurisdiccional; resuelve conforme a la Constitución y a su Ley Orgánica. Para examen, conviene separar el sistema de propuesta de miembros de la independencia en el ejercicio de la función.

El recurso de inconstitucionalidad permite impugnar leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley que puedan vulnerar la Constitución. Es un control abstracto de constitucionalidad y está reservado a sujetos legitimados. El opositor debe diferenciarlo del recurso contencioso-administrativo, que se dirige contra actuaciones administrativas, y del recurso de amparo, que protege derechos fundamentales en supuestos concretos.

La cuestión de inconstitucionalidad se plantea por órganos judiciales cuando, en un proceso, consideran que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución. Su lógica es distinta del recurso directo: nace dentro de un proceso judicial y permite depurar el ordenamiento sin que el juez ordinario inaplique por sí mismo una ley postconstitucional por motivos de constitucionalidad interna.

El recurso de amparo protege determinados derechos y libertades. Debe estudiarse unido al artículo 53.2 y a la LOTC. No es una vía para revisar cualquier error jurídico, sino un mecanismo constitucional para reparar vulneraciones de derechos fundamentales cuando concurren los presupuestos legalmente exigidos. La precisión aquí evita un error común: creer que todo derecho del título I es automáticamente amparable en los mismos términos.

El Tribunal Constitucional también conoce de conflictos constitucionales de competencia entre Estado y comunidades autónomas o de estas entre sí, conflictos entre órganos constitucionales, impugnaciones previstas constitucionalmente y otras materias atribuidas por la Constitución o por leyes orgánicas. Su papel es preservar el reparto de poder y la supremacía constitucional dentro de un Estado territorialmente descentralizado.

Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos jurídicos relevantes y se publican oficialmente. Cuando declaran la inconstitucionalidad de una norma, pueden expulsarla del ordenamiento en los términos previstos. Cuando resuelven amparo, se centran en la lesión del derecho fundamental. Esta diferencia entre efecto sobre norma y reparación de una lesión concreta debe quedar clara para responder preguntas de aplicación.

El estudio del Tribunal Constitucional requiere evitar dos confusiones: no es una cámara legislativa negativa en sentido político, aunque pueda anular leyes por inconstitucionales; y no es una instancia judicial ordinaria superior, aunque revise vulneraciones de derechos fundamentales. Su función se entiende desde la supremacía de la Constitución, la protección reforzada de derechos y la resolución de conflictos institucionales.

Para Agentes de la Hacienda Pública, el Tribunal Constitucional importa porque las potestades administrativas, tributarias y sancionadoras se ejercen dentro de límites constitucionales. Legalidad, igualdad, seguridad jurídica, capacidad económica, tutela judicial y derechos fundamentales pueden llegar al control constitucional mediante los cauces adecuados. El opositor no necesita memorizar doctrina exhaustiva, pero sí dominar órgano, composición, legitimación básica, procedimientos y efectos.

Claves de examen

• Identificar el apartado como materia de El Tribunal Constitucional y situarlo dentro del sistema constitucional.
• Diferenciar siempre artículo, institución, garantía y efecto jurídico.
• Evitar respuestas apoyadas en memoria aproximada cuando exista una regla constitucional expresa.
• Recordar que la Administración queda vinculada por la Constitución y por el resto del ordenamiento.

Errores frecuentes

• Confundir valores superiores con derechos subjetivos directamente ejercitables.
• Mezclar garantías ordinarias, recurso de amparo y control abstracto de constitucionalidad.
• Usar denominaciones institucionales imprecisas o no vigentes.
• Convertir una regla excepcional en regla general.

Técnica de memorización

La forma más fiable de estudiar este apartado es asociar cada institución con tres preguntas: dónde está regulada, qué función cumple y qué consecuencia jurídica produce. Esa secuencia obliga a razonar con el texto constitucional y evita una memorización plana. En los supuestos de examen, primero se localiza el bloque constitucional; después se identifica el órgano, derecho o garantía; por último se descartan opciones que mezclan materias cercanas pero jurídicamente distintas.

Cuando una pregunta incluya varios conceptos próximos, conviene buscar la palabra que delimita la respuesta: valor, derecho, garantía, suspensión, órgano, función, procedimiento, legitimación, competencia o efecto. Esa palabra suele indicar el nivel jurídico correcto. Si el enunciado habla de protección jurisdiccional, la respuesta no será una declaración programática; si habla de reforma, no será una competencia ordinaria; si habla de representación, no será dirección política.

Refuerzo aplicado al estudio

En El Tribunal Constitucional, la preparación eficaz exige manejar el vocabulario constitucional con precisión. Una opción de examen puede ser aparentemente correcta por su tono jurídico y, sin embargo, fallar porque atribuye una competencia a un órgano equivocado, porque transforma una garantía en un derecho autónomo o porque presenta una excepción como si fuera la regla general. Por eso el apartado debe estudiarse con lectura normativa y con atención a los efectos: quién actúa, con qué fundamento, mediante qué procedimiento y bajo qué controles.

La segunda pauta consiste en separar literalidad y comprensión. La literalidad permite reconocer artículos y fórmulas constitucionales; la comprensión permite resolver casos breves, detectar distractores y explicar por qué una alternativa es incorrecta. En las oposiciones de la Administración General del Estado, ambas dimensiones se combinan: unas preguntas piden recordar una regla y otras exigen distinguir entre instituciones próximas.

La tercera pauta es conectar este bloque con el funcionamiento administrativo. La Constitución no queda al margen de la gestión pública: condiciona convocatorias, potestades, derechos de los interesados, límites de actuación, controles y responsabilidad. Esa conexión debe hacerse con prudencia, sin inventar ejemplos sectoriales, pero recordando que todo órgano administrativo actúa dentro de un marco constitucional vinculante.

La cuarta pauta es revisar las palabras de cierre del enunciado. Si pregunta por suspensión, no basta hablar de garantía; si pregunta por composición, no basta hablar de funciones; si pregunta por estructura, no basta citar un derecho aislado. Este método reduce errores de arrastre y permite responder con seguridad incluso cuando las opciones contienen términos constitucionales reales.

Profundización examinable

El Tribunal Constitucional es intérprete supremo de la Constitución en el ámbito de sus competencias. Esta expresión no significa que sustituya a todos los jueces ni que revise cualquier cuestión de legalidad ordinaria. Su función se activa mediante procesos constitucionales: recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos competenciales y otros cauces previstos.

La composición de doce miembros y el sistema de propuesta por distintos órganos buscan integrar pluralidad institucional. Sin embargo, una vez nombrados, los magistrados actúan con independencia. En examen hay que distinguir quién propone, quién nombra, cuánto dura el mandato y cómo se renueva el Tribunal. Estas preguntas son de literalidad frecuente.

El recurso de inconstitucionalidad controla normas con fuerza de ley de forma abstracta. La cuestión de inconstitucionalidad nace dentro de un proceso judicial. El recurso de amparo protege derechos fundamentales en supuestos concretos. Los conflictos de competencia preservan el reparto territorial o institucional del poder. Esta clasificación por objeto es la forma más segura de memorizar los procedimientos.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional desarrolla composición, funcionamiento, legitimación y procedimientos. No sustituye a la Constitución, sino que concreta su título IX. Para una respuesta de oposición, citar la LOTC como marco orgánico es adecuado cuando se hable de procesos constitucionales, admisión, efectos o funcionamiento interno del Tribunal.

Las decisiones del Tribunal Constitucional pueden tener efectos sobre normas, actos o situaciones jurídicas concretas según el procedimiento. Una sentencia estimatoria en recurso de inconstitucionalidad no produce el mismo tipo de razonamiento que una sentencia de amparo. Esta diferencia evita contestar de forma genérica que el Tribunal simplemente anula o confirma, sin atender al proceso constitucional utilizado.

Aplicación práctica para preguntas tipo test

El Tribunal Constitucional exige memorizar composición, legitimación básica y tipos de proceso, pero sobre todo exige comprender su función. La Constitución necesita un órgano que controle la constitucionalidad de leyes, proteja derechos fundamentales y resuelva conflictos que afectan a la distribución del poder. Esa función no convierte al Tribunal en legislador ordinario ni en superior jerárquico de todos los jueces. Su competencia depende del proceso constitucional planteado. En recurso de inconstitucionalidad se examina una norma con fuerza de ley; en cuestión de inconstitucionalidad, la duda nace de un proceso judicial; en amparo, el eje es la lesión de derechos; en conflictos de competencia, el problema es quién puede actuar. También es importante saber que la LOTC concreta reglas de procedimiento y funcionamiento. Una respuesta de calidad evita frases genéricas como control constitucional sin explicar objeto, legitimación y efecto. Para el opositor, dominar estas diferencias permite resolver preguntas que mezclan recurso de amparo, recurso contencioso-administrativo, cuestión de inconstitucionalidad y conflictos territoriales.

Síntesis operativa de repaso

En el Tribunal Constitucional, una buena regla de examen es preguntar siempre por el objeto del proceso. Si el objeto es una ley discutida en abstracto, se piensa en recurso de inconstitucionalidad. Si la duda surge en un proceso judicial y condiciona el fallo, cuestión de inconstitucionalidad. Si hay lesión de determinados derechos fundamentales, recurso de amparo. Si el problema es el reparto territorial del poder, conflicto de competencia. Esta clasificación permite resolver distractores aunque todos mencionen al Tribunal Constitucional. Además, composición, mandato y renovación deben memorizarse con literalidad porque son datos cerrados y frecuentes.

Criterio final de control del apartado

Antes de dar por dominado este punto, el opositor debe comprobar que puede explicar la regla sin apoyarse en fórmulas vagas. La respuesta de examen debe identificar el bloque constitucional aplicable, señalar el órgano, derecho, garantía o procedimiento correcto, y descartar la opción que mezcle materias próximas. Esta comprobación final obliga a transformar la memorización en criterio. También impide caer en respuestas que suenan constitucionales pero atribuyen efectos jurídicos equivocados. En una prueba objetiva, esa precisión es la diferencia entre reconocer palabras familiares y seleccionar la alternativa correcta.

Última regla de descarte

En este apartado la pregunta de control final consiste en no confundir jurisdicción constitucional con jurisdicción ordinaria. Si una opción trata al Tribunal Constitucional como instancia general de apelación, falla. Si distingue proceso, objeto, legitimación y efecto, normalmente se aproxima a la respuesta correcta. Esa clasificación debe quedar automatizada antes del examen.

La clave final es asociar cada procedimiento constitucional con su objeto propio antes de elegir respuesta.

No debe confundirse con control político parlamentario ordinario.

Puntos esenciales a memorizar

• Artículo 159 CE: el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros.
• Designación: 4 a propuesta del Congreso, 4 del Senado, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial.
• Mandato: 9 años, con renovación por terceras partes cada 3 años.
• Artículo 161 CE: recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
• Artículo 161 CE: recurso de amparo por violación de derechos y libertades en los casos previstos.
• Artículo 161 CE: conflictos de competencia entre Estado y comunidades autónomas o entre estas.
• Artículo 163 CE: cuestión de inconstitucionalidad planteada por jueces o tribunales.
• Artículo 164 CE: las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el BOE.
• LOTC: Ley Orgánica 2/1979, norma de desarrollo del Tribunal Constitucional.
• El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial ni es una instancia general de apelación.

7. Biografia

7. Biografia

Apartado 1. Constitución Española de 1978

• Constitución Española, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 1.
• Senado, texto institucional de la Constitución Española — Uso: fuente oficial para claims del apartado 1.

Apartado 2. Estructura y contenido

• Constitución Española, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 2.
• Senado, texto institucional de la Constitución Española — Uso: fuente oficial para claims del apartado 2.

Apartado 3. Derechos y deberes fundamentales

• Constitución Española, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 3.
• Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 3.
• Defensor del Pueblo, naturaleza institucional y función de garantía — Uso: fuente oficial para claims del apartado 3.

Apartado 4. Garantía y suspensión de derechos

• Constitución Española, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 4.
• Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 4.
• Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 4.
• Defensor del Pueblo, naturaleza institucional y función de garantía — Uso: fuente oficial para claims del apartado 4.

Apartado 5. La Corona

• Constitución Española, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 5.
• Senado, texto institucional de la Constitución Española — Uso: fuente oficial para claims del apartado 5.

Apartado 6. El Tribunal Constitucional

• Constitución Española, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 6.
• Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, texto consolidado del BOE — Uso: fuente oficial para claims del apartado 6.
• Tribunal Constitucional, composición y organización institucional — Uso: fuente oficial para claims del apartado 6.