Tema 11. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. La ejecución de los actos y resoluciones administrativas.

1. Las fases del procedimiento administrativo

1. Las fases del procedimiento administrativo

Delimitación del concepto de fases

Las fases del procedimiento administrativo son la forma ordenada de estudiar cómo una Administración Pública pasa desde la apertura formal de una actuación hasta la decisión que pone fin al expediente. En el régimen vigente, el eje no es una clasificación doctrinal libre, sino la sistemática del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para un opositor, esta precisión evita dos errores frecuentes: estudiar las fases como una lista meramente memorística y añadir la ejecución como si fuera una quinta fase ordinaria de formación de la voluntad administrativa. La ejecución pertenece al mismo Título IV, pero aparece como un capítulo posterior y presupone normalmente un acto o resolución ya formado.

Marco normativo principal

La Ley 39/2015 es la norma central porque regula los derechos de las personas interesadas, la obligación de resolver, los plazos, la iniciación, la ordenación, la instrucción, la finalización y la ejecución. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es complementaria: sirve para comprender competencia, órganos, principios de actuación y funcionamiento del sector público, pero no desplaza la regulación procedimental de la Ley 39/2015. El Real Decreto 203/2021 desarrolla el funcionamiento electrónico del sector público y permite entender registros, documentos, notificaciones y expediente electrónico. Su papel es instrumental: explica cómo se tramita electrónicamente, no altera la estructura de fases.

Fase de iniciación

La iniciación abre formalmente el procedimiento. Conforme al artículo 54 de la Ley 39/2015, los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Antes de esa apertura formal puede haber información o actuaciones previas, pero esas actuaciones no son todavía la iniciación del procedimiento: sirven para conocer las circunstancias del caso y valorar si procede iniciar. En la iniciación de oficio, el acuerdo del órgano competente puede derivar de propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La denuncia no concede por sí sola la condición de interesado, matiz especialmente importante en preguntas tipo test.

Iniciación a solicitud del interesado

Cuando el procedimiento comienza por solicitud, el contenido mínimo del escrito debe permitir identificar al solicitante, el medio o lugar de notificación, los hechos, razones y petición, el lugar y fecha, la firma o acreditación de voluntad y el órgano al que se dirige. La subsanación tiene especial importancia práctica: si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se concede un plazo de diez días para corregir la falta o aportar documentos preceptivos, con advertencia de desistimiento si no se atiende el requerimiento. Para sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, una presentación presencial indebida exige subsanación electrónica y la fecha relevante será la de esa subsanación.

Ordenación del procedimiento

La ordenación no es una fase de prueba ni de decisión, sino el conjunto de reglas que permite que el expediente avance de manera regular. La Ley 39/2015 define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El expediente tiene formato electrónico, se forma con agregación ordenada de documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, y debe contener índice cuando se remite. No forman parte del expediente las notas, borradores, opiniones o resúmenes internos auxiliares, salvo informes preceptivos o facultativos solicitados antes de resolver.

Impulso, concentración y trámites

La ordenación se concreta en el impulso de oficio, la celeridad, la concentración de trámites y el cumplimiento de trámites por los interesados. El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando transparencia y publicidad. En asuntos homogéneos debe guardarse el orden riguroso de incoación, salvo orden motivada en contrario. La concentración de trámites permite acordar en un solo acto los que admitan impulso simultáneo y no exijan cumplimiento sucesivo. Los trámites que correspondan a los interesados se realizan, salvo norma especial, en diez días desde el siguiente a la notificación.

Instrucción del procedimiento

La instrucción tiene una finalidad probatoria y preparatoria: determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Los actos de instrucción se realizan de oficio y por medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones que requieran su intervención. Esta fase incorpora alegaciones, documentos, prueba, informes, audiencia e información pública cuando proceda. El opositor debe distinguir la instrucción de la decisión final: instruir no es resolver, sino construir una base suficiente y contradictoria para que el órgano competente decida.

Alegaciones, prueba e informes

Los interesados pueden formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia, y esas aportaciones deben ser tenidas en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor puede abrir un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez. Las pruebas propuestas solo pueden rechazarse si son manifiestamente improcedentes o innecesarias y mediante resolución motivada. Los informes se solicitan cuando sean preceptivos por disposición legal o necesarios para resolver, indicando el precepto que los exige o justificando la conveniencia de recabarlos.

Audiencia e información pública

El trámite de audiencia se sitúa después de instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Permite a los interesados conocer el expediente y formular alegaciones o aportar documentos en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. Puede prescindirse de la audiencia cuando no figuren ni se tengan en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado. La información pública es distinta: se acuerda cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, se publica en el diario oficial correspondiente y permite que cualquier persona examine el expediente y formule alegaciones, sin que la comparecencia otorgue por sí sola condición de interesado.

Finalización del procedimiento

La finalización es la fase en la que el procedimiento deja de estar pendiente. La forma ordinaria es la resolución, que debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento. Sin embargo, la Ley 39/2015 recoge otras formas de terminación: desistimiento, renuncia, declaración de caducidad e imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas. También puede existir terminación convencional mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos cuando no sean contrarios al ordenamiento jurídico, no versen sobre materias indisponibles y satisfagan el interés público. Reducir la finalización a resolución expresa empobrece el estudio y provoca errores de examen.

Tramitación simplificada

La tramitación simplificada merece atención porque aparece en el mismo Título IV, pero no es una fase autónoma. Es una modalidad abreviada que puede acordarse por razones de interés público o falta de complejidad. Debe resolverse en treinta días, salvo que reste menos para la tramitación ordinaria, y se compone de trámites tasados: inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia si la resolución es desfavorable, informes preceptivos, dictamen cuando proceda y resolución. Si el procedimiento exige un trámite no previsto en esa lista, debe seguirse la tramitación ordinaria.

Relación con Agentes de la Hacienda Pública

Para la especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, este apartado es útil porque enseña el armazón común que permite comprender después procedimientos tributarios específicos. En la convocatoria publicada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, el programa incluye el procedimiento administrativo común y, dentro del bloque tributario, procedimientos de gestión, inspección, recaudación y sancionadores. La lógica común de iniciación, ordenación, instrucción y finalización ayuda a reconocer qué reglas son generales y qué reglas son especialidades tributarias.

Puntos de alto rendimiento para examen

Los puntos más rentables son los que distinguen conceptos próximos. Información previa no equivale a iniciación. Denuncia no equivale a condición de interesado. Ordenación no equivale a instrucción. Audiencia e información pública no son lo mismo. Finalización no se limita a resolución. Tramitación simplificada no es una fase independiente. Ejecución no debe añadirse como fase ordinaria de formación del acto. Además, la Administración está obligada a resolver y notificar en todos los procedimientos, y los efectos del silencio dependen de si el procedimiento se inició a solicitud del interesado o de oficio.

Reglas examinables del apartado

Desde la perspectiva de examen, la regla de estructura debe formularse con precisión: El procedimiento administrativo común se ordena en iniciación, ordenación, instrucción y finalización dentro del Título IV de la Ley 39/2015. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Título IV y sistemática de los capítulos II a V. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de delimitación debe formularse con precisión: La ejecución de los actos administrativos no debe confundirse con una fase ordinaria adicional de formación de la decisión administrativa. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Capítulo VII del Título IV, separado de la finalización. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de inicio debe formularse con precisión: La iniciación solo puede producirse de oficio o a solicitud del interesado. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 54. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de garantía debe formularse con precisión: Los derechos del interesado operan durante toda la tramitación, incluido el acceso al estado del procedimiento, a los actos de trámite y a copias. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 53. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de plazos debe formularse con precisión: La obligación de resolver y notificar alcanza a todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 21. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de silencio debe formularse con precisión: El silencio en procedimientos a solicitud del interesado y la falta de resolución en procedimientos de oficio tienen regímenes distintos. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículos 24 y 25. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de expediente debe formularse con precisión: La fase de ordenación se apoya en el expediente administrativo electrónico como conjunto ordenado de documentos y actuaciones. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 70. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de tramitación debe formularse con precisión: La instrucción sirve para determinar, conocer y comprobar los hechos sobre los que debe pronunciarse la resolución. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 75. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de cierre debe formularse con precisión: La finalización no se agota en la resolución: también caben desistimiento, renuncia, caducidad e imposibilidad material sobrevenida. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 84. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de electrónico debe formularse con precisión: El funcionamiento electrónico complementa la fase procedimental, pero no sustituye la estructura jurídica básica de la Ley 39/2015. La referencia de estudio es Real Decreto 203/2021, Artículos 1, 37 y 51. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Puntos esenciales a memorizar

• La secuencia ordinaria que debe memorizarse es iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
• La ejecución de actos y resoluciones se estudia aparte: presupone un acto formado y no debe tratarse como quinta fase ordinaria.
• La Ley 39/2015 es la base principal; Ley 40/2015 y Real Decreto 203/2021 actúan como apoyo competencial, organizativo o electrónico.
• La denuncia puede provocar una iniciación de oficio, pero no convierte automáticamente al denunciante en interesado.
• La audiencia es garantía de interesados; la información pública permite participación más amplia sin otorgar por sí sola condición de interesado.
• La finalización incluye resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material y, cuando proceda, terminación convencional.

2. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización

2. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización

Idea general del apartado

Iniciación, ordenación, instrucción y finalización son las piezas que permiten estudiar el procedimiento administrativo común con una lógica completa. La iniciación abre el expediente; la ordenación garantiza que avance de forma regular; la instrucción reúne los datos, alegaciones, pruebas e informes necesarios; y la finalización produce el cierre jurídico del procedimiento. Esta estructura no debe memorizarse como una secuencia vacía, sino como un sistema de garantías. Cada fase protege intereses concretos: competencia del órgano, derechos de los interesados, cumplimiento de plazos, formación correcta del expediente, contradicción, motivación y resolución expresa.

Iniciación de oficio y a solicitud

La Ley 39/2015 parte de una regla sencilla: el procedimiento se inicia de oficio o a solicitud del interesado. En la iniciación de oficio, el órgano competente acuerda iniciar por propia iniciativa, por orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. La propia iniciativa responde al conocimiento directo o indirecto de circunstancias, conductas o hechos por el órgano competente. La orden superior procede de un órgano jerárquicamente superior. La petición razonada es una propuesta de otro órgano que no tiene competencia para iniciar. La denuncia comunica hechos que podrían justificar la iniciación, pero no convierte automáticamente al denunciante en interesado.

Actuaciones previas y medidas provisionales

Antes de iniciar formalmente puede abrirse un período de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso y valorar si procede la apertura del procedimiento. En procedimientos sancionadores, esas actuaciones se orientan a precisar hechos, posibles responsables y circunstancias relevantes. También pueden adoptarse medidas provisionales cuando resulte necesario asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, siempre con motivación, proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Antes de iniciar, las medidas provisionales requieren urgencia inaplazable y protección provisional de intereses implicados; además, deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación dentro de quince días.

Solicitud del interesado y subsanación

La solicitud de iniciación debe contener los elementos necesarios para identificar al interesado y la pretensión. Debe recoger nombre y apellidos, identificación del medio electrónico o lugar físico de notificación, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma o acreditación de voluntad y órgano destinatario. Si la solicitud no reúne los requisitos legales, se requerirá al interesado para subsanar en diez días. Si no lo hace, se le tendrá por desistido previa resolución. Este punto es muy examinable porque el desistimiento no se produce de manera automática sin resolución y porque la subsanación electrónica es obligatoria para los sujetos que debieron relacionarse por medios electrónicos.

Declaración responsable y comunicación

La declaración responsable y la comunicación no deben confundirse con una solicitud ordinaria. En la declaración responsable, el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos exigidos para obtener un reconocimiento, ejercer un derecho o iniciar una actividad, que dispone de la documentación acreditativa y que la mantendrá durante el período exigido. La comunicación pone en conocimiento de la Administración datos identificativos u otros datos relevantes. Ambas técnicas permiten, como regla general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde su presentación, sin perjuicio de las facultades administrativas de comprobación, control e inspección.

Ordenación: expediente, impulso y concentración

La ordenación asegura que el procedimiento avance de manera coherente. El expediente administrativo electrónico es la pieza central: reúne documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución. El impulso de oficio significa que la Administración no espera pasivamente a que el interesado mueva el expediente; debe impulsar todos los trámites por medios electrónicos, con celeridad, transparencia y publicidad. La concentración de trámites permite realizar en un solo acto los trámites que admitan impulso simultáneo y no exijan cumplimiento sucesivo. Esta regla evita dilaciones y refleja el principio de simplificación administrativa.

Cumplimiento de trámites y cuestiones incidentales

Los trámites que deban cumplir los interesados se realizan, salvo previsión distinta, en diez días desde el siguiente a la notificación. Si el interesado no cumple, puede declararse decaído en su derecho al trámite, aunque se admite la actuación si se produce antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tenga por transcurrido el plazo. Las cuestiones incidentales, incluso las relativas a nulidad de actuaciones, no suspenden la tramitación salvo la recusación. Esta regla evita que cualquier cuestión accesoria paralice el procedimiento y reserva la suspensión a supuestos en los que la imparcialidad del órgano o empleado público está directamente comprometida.

Instrucción: finalidad y actos principales

La instrucción comprende los actos necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Se realiza de oficio, por medios electrónicos y por el órgano que tramite el procedimiento, respetando los derechos de los interesados. Durante esta fase, los interesados pueden formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia. Esas alegaciones deben ser tenidas en cuenta al redactar la propuesta de resolución. También pueden alegarse defectos de tramitación, especialmente paralización, infracción de plazos preceptivos u omisión de trámites subsanables antes de la resolución definitiva.

Prueba e informes

La prueba procede cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. El instructor puede abrir un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez, y excepcionalmente un período extraordinario no superior a diez días. Solo puede rechazar pruebas propuestas si son manifiestamente improcedentes o innecesarias y mediante resolución motivada. Los informes se solicitan cuando sean preceptivos por las disposiciones legales o cuando se juzguen necesarios para resolver. Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes, y se emiten por medios electrónicos en diez días.

Audiencia e información pública

La audiencia es una garantía de contradicción. Una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el expediente se pone de manifiesto a los interesados o representantes para que aleguen y presenten documentos en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. Puede prescindirse de la audiencia cuando no figuren ni se tengan en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aportadas por el interesado. La información pública es distinta: se acuerda cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera y permite que cualquier persona examine el expediente o parte de él y formule alegaciones durante un plazo nunca inferior a veinte días.

Finalización: resolución y otras formas

La resolución es la forma ordinaria de finalización. Debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento, ser congruente con las peticiones en procedimientos iniciados a solicitud, motivarse cuando proceda y expresar los recursos, el órgano ante el que interponerlos y el plazo. Pero la finalización no se reduce a la resolución. También ponen fin al procedimiento el desistimiento, la renuncia al derecho cuando no esté prohibida, la caducidad y la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas. La terminación convencional puede cerrar o integrarse en el procedimiento si respeta el ordenamiento jurídico y el interés público.

Caducidad, desistimiento y renuncia

El desistimiento por la Administración solo cabe en procedimientos iniciados de oficio, de forma motivada y en los supuestos previstos por las leyes. El interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos si el ordenamiento no lo prohíbe. Cuando la solicitud la formularon varias personas, el desistimiento o la renuncia solo afecta a quienes lo hicieron. La caducidad, en procedimientos iniciados a solicitud, exige paralización imputable al interesado, advertencia previa y transcurso de tres meses sin realizar las actividades necesarias. No debe confundirse con prescripción: la caducidad no produce por sí sola la prescripción, pero el procedimiento caducado no interrumpe el plazo prescriptivo.

Tramitación simplificada y especialidades

La tramitación simplificada puede acordarse por interés público o falta de complejidad. Si se acuerda de oficio, debe notificarse a los interesados; si alguno se opone expresamente, salvo especialidad sancionadora, se seguirá la tramitación ordinaria. Debe resolverse en treinta días y contiene trámites tasados. Además, el procedimiento común admite especialidades sancionadoras y de responsabilidad patrimonial. En materia sancionadora, se exige iniciación siempre de oficio y separación entre fase instructora y sancionadora. En responsabilidad patrimonial, se atienden requisitos propios de solicitud, informes, dictámenes y competencia para resolver.

Reglas examinables del apartado

Desde la perspectiva de examen, la regla de inicio debe formularse con precisión: El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 54. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de previas debe formularse con precisión: Las actuaciones previas sirven para conocer circunstancias y valorar la conveniencia de iniciar, sin sustituir el acuerdo de iniciación. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 55. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de oficio debe formularse con precisión: La iniciación de oficio requiere acuerdo del órgano competente y puede derivar de iniciativa propia, orden superior, petición razonada o denuncia. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículos 58 a 62. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de denuncia debe formularse con precisión: La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 62.5. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de subsanación debe formularse con precisión: La falta de requisitos de una solicitud genera requerimiento de subsanación por diez días con advertencia de desistimiento. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 68. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de expediente debe formularse con precisión: El expediente administrativo electrónico reúne documentos y actuaciones ordenados que fundamentan la resolución. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 70. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de impulso debe formularse con precisión: El procedimiento se impulsa de oficio, por medios electrónicos y bajo principio de celeridad. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 71. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de prueba debe formularse con precisión: El período de prueba ordinario no puede ser superior a treinta días ni inferior a diez. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 77. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de audiencia debe formularse con precisión: El trámite de audiencia se practica tras la instrucción y antes de redactar la propuesta, por plazo de diez a quince días. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 82. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de terminación debe formularse con precisión: Ponen fin al procedimiento resolución, desistimiento, renuncia, caducidad e imposibilidad material sobrevenida. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 84. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Puntos esenciales a memorizar

• Iniciación: de oficio o a solicitud del interesado; la denuncia no concede por sí sola condición de interesado.
• Subsanación: diez días y desistimiento previa resolución si no se atiende el requerimiento.
• Ordenación: expediente electrónico, impulso de oficio, concentración de trámites y cumplimiento de trámites.
• Instrucción: alegaciones, prueba, informes, audiencia e información pública cuando proceda.
• Audiencia: después de instruir y antes de la propuesta, con plazo de diez a quince días.
• Finalización: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material y terminación convencional cuando proceda.

3. La ejecución de los actos y resoluciones administrativas

3. La ejecución de los actos y resoluciones administrativas

Delimitación de la ejecución administrativa

La ejecución de los actos y resoluciones administrativas es la fase posterior a la formación del acto en la que la Administración pretende hacer efectivo lo decidido. No debe confundirse con la eficacia del acto, con la ejecutividad general ni con la ejecución forzosa. Un acto puede ser válido y eficaz, pero la actuación material coactiva exige presupuestos adicionales. El núcleo vigente se encuentra en la Ley 39/2015, especialmente en los artículos 97 a 105, con apoyo previo en los artículos 38, 39, 40, 88, 90 y 98. Para el opositor, el punto clave es diferenciar cuándo el acto produce efectos, cuándo es ejecutable y cuándo puede imponerse coactivamente su cumplimiento.

Validez, eficacia y ejecutividad

La Ley 39/2015 parte de la ejecutividad de los actos administrativos sujetos a Derecho Administrativo. Además, los actos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Sin embargo, la eficacia puede quedar demorada cuando lo exija el contenido del acto, cuando esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Este matiz evita afirmar que todo acto produce efectos plenos de manera inmediata frente al interesado. En la práctica, la notificación correcta es decisiva cuando el acto afecta a derechos o intereses de una persona concreta.

Ejecutoriedad y excepciones

La ejecutoriedad significa que la Administración puede llevar a efecto sus propios actos sin necesidad de acudir previamente a un órgano judicial para obtener una declaración de condena, dentro de los límites legales. El artículo 98 establece la regla general de inmediata ejecutoriedad, pero también enumera excepciones: suspensión de la ejecución, resolución sancionadora contra la que quepa recurso ordinario en vía administrativa, disposición que establezca lo contrario o necesidad de aprobación o autorización superior. En procedimientos sancionadores, el matiz es esencial: no cabe estudiar la sanción como inmediatamente ejecutiva si aún cabe recurso ordinario en vía administrativa.

Título habilitante y notificación

La ejecución material que limita derechos de particulares requiere título. La Administración no puede iniciar una actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos sin que previamente haya sido adoptada la resolución que sirva de fundamento jurídico. Además, el órgano que ordene el acto de ejecución material está obligado a notificar al interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. Esta regla protege al ciudadano frente a actuaciones materiales sin cobertura formal y permite controlar competencia, motivación, contenido del acto, recursos y plazo. Sin título ni notificación suficiente, la ejecución material queda jurídicamente comprometida.

Ejecución forzosa y apercibimiento

La ejecución forzosa es la reacción frente al incumplimiento del obligado cuando el acto administrativo debe cumplirse y no se cumple voluntariamente. La Administración puede proceder a través de sus órganos competentes, pero debe respetar el previo apercibimiento. El apercibimiento informa al obligado de que, si no cumple, se acudirá al medio de ejecución correspondiente. No procede ejecución forzosa cuando la ejecución esté suspendida de acuerdo con la ley o cuando la Constitución o una ley exijan intervención de un órgano judicial. Esta última cautela es especialmente importante en entradas domiciliarias y otros espacios protegidos.

Principio de proporcionalidad y elección del medio

La ejecución forzosa debe respetar siempre el principio de proporcionalidad. Si varios medios son admisibles, debe elegirse el menos restrictivo de la libertad individual. Además, si para ejecutar es necesario entrar en el domicilio del afectado o en otros lugares que requieran autorización del titular, la Administración necesita consentimiento o autorización judicial. Por eso el estudio no debe limitarse a memorizar cuatro medios de ejecución. También debe incorporar la lógica de límites: competencia, apercibimiento, proporcionalidad, menor restricción, suspensión legal y control judicial cuando proceda.

Apremio sobre el patrimonio

El apremio sobre el patrimonio procede cuando, en virtud de un acto administrativo, deba satisfacerse una cantidad líquida. En ese caso se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. El límite esencial es que no puede imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no esté establecida con arreglo a una norma de rango legal. Para Agentes de la Hacienda Pública, este medio conecta con la recaudación y con la idea de período ejecutivo, aunque en este apartado se estudia el régimen común de ejecución administrativa, no el detalle del procedimiento tributario de apremio.

Ejecución subsidiaria

La ejecución subsidiaria se aplica a actos que no sean personalísimos y que puedan ser realizados por una persona distinta del obligado. Si el obligado no cumple, la Administración realiza el acto por sí misma o mediante las personas que determine, a costa del obligado. Los gastos, daños y perjuicios se exigen conforme al apremio sobre el patrimonio, y el importe puede liquidarse provisionalmente antes de la ejecución, a reserva de liquidación definitiva. El ejemplo conceptual es claro: si el contenido del acto puede ejecutarlo otro sujeto sin depender de una cualidad estrictamente personal del obligado, la ejecución subsidiaria es posible.

Multa coercitiva

La multa coercitiva es un medio de ejecución, no una sanción en sentido estricto. Solo puede imponerse cuando las leyes lo autoricen y en la forma y cuantía que determinen. Es reiterable por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado y puede utilizarse en actos personalísimos en los que no proceda la compulsión directa, en actos en que procediendo la compulsión la Administración no la estime conveniente, o en actos cuya ejecución pueda encargar el obligado a otra persona. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.

Compulsión sobre las personas

La compulsión directa sobre las personas es el medio más intenso y excepcional. Solo cabe respecto de actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, siempre que una ley lo autorice expresamente y con respeto a la dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. No debe aplicarse de forma genérica a cualquier obligación personalísima. Si se trata de una obligación personalísima de hacer y el obligado no cumple, la Ley 39/2015 remite al resarcimiento de daños y perjuicios, cuya liquidación y cobro se realizará en vía administrativa.

Suspensión y recursos

La interposición de recursos administrativos no suspende por sí sola la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario o que el órgano competente acuerde la suspensión. La suspensión puede justificarse cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en alguna causa de nulidad de pleno derecho. Este punto evita otro error típico: pensar que recurrir paraliza siempre la ejecución. La regla general es la no suspensión, pero la Administración debe ponderar los intereses en conflicto cuando se solicita o procede acordarla.

Prohibición de acciones posesorias

La Ley 39/2015 cierra la regulación común de la ejecución indicando que no se admitirán a trámite acciones posesorias contra actuaciones de órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. La regla protege la eficacia de la actuación administrativa competente y procedimentalmente correcta, sin eliminar el control jurisdiccional que corresponda por las vías adecuadas. Para el estudio, conviene entender que no se está blindando cualquier actuación material, sino solo la que reúna competencia y ajuste al procedimiento legal.

Relación con Agentes de la Hacienda Pública

En la especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, la ejecución administrativa tiene valor transversal. El programa incluye procedimiento administrativo común y, además, actuaciones y procedimientos tributarios donde cobran relevancia recaudación, período ejecutivo, providencia de apremio, garantías y ejecución de garantías. Este apartado no sustituye el estudio tributario específico, pero proporciona las categorías generales para no confundir ejecutividad del acto, apremio sobre el patrimonio, multa coercitiva y suspensión. Un opositor debe saber trasladar estas categorías a supuestos prácticos sin mezclar el régimen común con las especialidades de la Ley General Tributaria.

Reglas examinables del apartado

Desde la perspectiva de examen, la regla de ejecutividad debe formularse con precisión: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos conforme a la Ley. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 38. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de eficacia debe formularse con precisión: La eficacia puede demorarse cuando lo exija el contenido del acto, la notificación, la publicación o la aprobación superior. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 39. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de sanciones debe formularse con precisión: La resolución sancionadora solo es ejecutiva cuando no quepa recurso ordinario en vía administrativa. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 90.3. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de título debe formularse con precisión: No puede iniciarse actuación material limitativa de derechos sin resolución previa que sirva de fundamento jurídico. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 97. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de ejecutoriedad debe formularse con precisión: La regla general es la inmediata ejecutoriedad, salvo suspensión, sanción recurrible, disposición contraria o aprobación superior. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 98. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de apercibimiento debe formularse con precisión: La ejecución forzosa requiere órgano competente y previo apercibimiento, salvo suspensión o exigencia judicial. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 99. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de medios debe formularse con precisión: Los medios de ejecución forzosa son apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 100. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de apremio debe formularse con precisión: El apremio sobre el patrimonio procede cuando deba satisfacerse cantidad líquida. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 101. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de multa debe formularse con precisión: La multa coercitiva exige habilitación legal y es independiente y compatible con sanciones. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 103. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Desde la perspectiva de examen, la regla de compulsión debe formularse con precisión: La compulsión directa solo opera para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, con autorización legal expresa. La referencia de estudio es Ley 39/2015, Artículo 104. Esta regla no debe memorizarse como una frase aislada, sino conectada con su efecto procedimental. En una pregunta tipo test, el distractor habitual consiste en convertir una potestad condicionada en una potestad automática, confundir una garantía del interesado con una carga de la Administración, o trasladar una especialidad sancionadora o tributaria al régimen común sin comprobar si la norma general realmente lo permite. Por eso el opositor debe identificar sujeto competente, momento procedimental, requisito formal, efecto jurídico y límite aplicable antes de escoger la respuesta.

Puntos esenciales a memorizar

• Ejecutividad, eficacia y ejecución forzosa no son sinónimos.
• La actuación material limitativa de derechos exige resolución previa que sirva de título y notificación al interesado.
• La ejecución forzosa requiere órgano competente, previo apercibimiento y ausencia de suspensión o reserva judicial.
• Los medios de ejecución forzosa son apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
• Si varios medios son posibles, se elige el menos restrictivo y siempre con proporcionalidad.
• La multa coercitiva exige habilitación legal y no debe confundirse con sanción.
• La compulsión directa solo cabe para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, con autorización legal expresa.

4. Biografia

4. Biografia

Apartado 1. Las fases del procedimiento administrativo

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común — Uso: base principal para fases, derechos del interesado, plazos, iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.
• Punto de Acceso General — Procedimiento Administrativo — Uso: apoyo institucional para localizar guías y referencias oficiales sobre procedimiento administrativo común.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Uso: apoyo para principios, competencia y funcionamiento organizativo del sector público.
• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo — Uso: apoyo para tramitación electrónica, registros, notificaciones, documentos y expediente electrónico.
• Convocatoria AEAT 2025 para Agentes de la Hacienda Pública — Uso: comprobación del encaje del procedimiento administrativo común en el programa oficial de la especialidad.

Apartado 2. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común — Uso: base principal para artículos 54 a 96 sobre iniciación, ordenación, instrucción, finalización y tramitación simplificada.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Uso: apoyo para competencia, abstención, recusación, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial.
• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo — Uso: apoyo para registros, comunicaciones, notificaciones, documentos y expediente electrónico.
• Convocatoria AEAT 2025 para Agentes de la Hacienda Pública — Uso: verificación del programa oficial aplicable al Cuerpo General Administrativo, especialidad Agentes de la Hacienda Pública.

Apartado 3. La ejecución de los actos y resoluciones administrativas

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común — Uso: base principal para ejecutividad, título, ejecutoriedad, ejecución forzosa y medios de ejecución.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Uso: apoyo para competencia, principios de actuación, proporcionalidad y sometimiento a Derecho.
• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo — Uso: apoyo para práctica electrónica de comunicaciones, notificaciones y documentación administrativa.
• Convocatoria AEAT 2025 para Agentes de la Hacienda Pública — Uso: conexión del régimen común de ejecución con el programa oficial de Agentes de la Hacienda Pública.