Tema 2 · Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española. | Agentes de la Hacienda Pública

Lectura pública del tema

1. Las Cortes Generales

Las Cortes Generales son el órgano constitucional que expresa la representación política general del pueblo español en el sistema parlamentario de la Constitución de 1978. El artículo 66 de la Constitución sitúa a las Cortes Generales en una posición central: representan al pueblo español, están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos Generales del Estado, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Para un opositor, esta formulación no es una descripción retórica; es el núcleo que permite ordenar casi todas las preguntas sobre Parlamento, Gobierno y ley.

La expresión Cortes Generales designa una institución compleja, no una sola asamblea. El Congreso de los Diputados y el Senado son Cámaras distintas, con composición, reglamento y funciones parcialmente diferenciadas, pero actúan dentro de una misma arquitectura constitucional. Esta estructura bicameral obliga a estudiar cada procedimiento con cuidado: hay actos en los que ambas Cámaras intervienen, actos en los que el Congreso tiene una posición prevalente y actos que se articulan mediante comisiones o sesiones conjuntas. La pregunta de examen suele esconderse en esa diferencia entre bicameralismo formal y peso funcional del Congreso.

La función legislativa de las Cortes Generales consiste en aprobar normas con rango de ley estatal siguiendo el procedimiento constitucional y reglamentario. La Constitución regula la iniciativa legislativa, la tramitación de proyectos y proposiciones de ley, la intervención del Senado y la sanción y promulgación reales. El dato que debe fijarse es que la ley estatal no nace de una decisión administrativa ni de una actuación unilateral del Gobierno, aunque el Gobierno pueda impulsar proyectos de ley. La ley parlamentaria requiere deliberación y aprobación de las Cámaras conforme a las reglas constitucionales y reglamentarias.

La función presupuestaria tiene una importancia propia. Aprobar los Presupuestos Generales del Estado no es una manifestación secundaria de la potestad legislativa, sino una competencia constitucional expresamente atribuida a las Cortes Generales. El presupuesto permite autorizar gastos, prever ingresos y controlar políticamente la orientación de la acción pública. En términos de examen, conviene distinguir la elaboración gubernamental del proyecto presupuestario de la aprobación parlamentaria. El Gobierno dirige la política económica, pero la autorización presupuestaria estatal se produce en sede parlamentaria.

El control de la acción del Gobierno es otra función constitucional básica. Las Cortes Generales pueden exigir explicaciones, promover debates, formular preguntas e interpelaciones, crear comisiones de investigación y activar los mecanismos de responsabilidad política previstos por la Constitución. No debe confundirse este control político con el control jurisdiccional de legalidad. El control parlamentario se dirige a la responsabilidad política del Gobierno ante las Cámaras, especialmente ante el Congreso de los Diputados, mientras que el control judicial examina la conformidad a Derecho de actos y disposiciones en los procesos correspondientes.

La inviolabilidad de las Cámaras protege a las Cortes Generales como institución. Esta garantía preserva la libertad del Parlamento frente a interferencias externas y asegura que el debate y la decisión parlamentaria puedan desarrollarse dentro del marco constitucional. Junto a esta inviolabilidad institucional existen prerrogativas de los parlamentarios, como la inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y la inmunidad en los términos constitucionales. Son planos próximos, pero no idénticos: una cosa es la garantía de la Cámara y otra las prerrogativas individuales de diputados y senadores.

La autonomía parlamentaria se concreta en la aprobación de reglamentos propios, la elección de órganos internos y la administración de medios personales y materiales. El Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado en BOE ordenan la sesión constitutiva, los órganos de dirección, los grupos parlamentarios, las comisiones, los debates y los procedimientos. Para estudiar bien el tema, conviene entender que los reglamentos parlamentarios no son simples normas internas sin relevancia externa: desarrollan la Constitución en el funcionamiento de las Cámaras y condicionan la validez práctica de la actividad parlamentaria.

La posición de las Cortes Generales dentro de la forma política española se explica por la monarquía parlamentaria. El Rey sanciona y promulga las leyes, convoca y disuelve las Cortes en los términos constitucionales, y propone candidato a la Presidencia del Gobierno, pero la responsabilidad política del Gobierno se articula ante el Congreso. Por eso, el Parlamento no solo produce leyes; también conecta la legitimidad democrática de las elecciones generales con la formación y control del Gobierno.

La relación entre Cortes Generales y Administración interesa especialmente a quienes preparan cuerpos administrativos del Estado. La Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; esa ley, en el plano estatal, tiene su fuente democrática ordinaria en las Cortes Generales. Muchas actuaciones administrativas que el opositor estudia en otros temas dependen de leyes aprobadas por las Cortes: procedimiento administrativo, empleo público, contratación, presupuestos o régimen tributario. Entender las Cortes Generales ayuda a comprender de dónde proceden las reglas que luego aplica la Administración General del Estado.

Desde el punto de vista de técnica de examen, conviene memorizar las funciones constitucionales con la fórmula completa del artículo 66: representación, potestad legislativa, presupuestos, control del Gobierno y demás competencias constitucionales. También conviene evitar dos errores frecuentes. El primero es decir que las Cortes Generales son solo el Congreso; el Senado forma parte de ellas aunque tenga una posición distinta en muchos procedimientos. El segundo es confundir la función de control parlamentario con una revisión judicial de legalidad. Las Cortes controlan políticamente al Gobierno; los jueces y tribunales controlan jurídicamente los actos sometidos a su jurisdicción.

La prohibición de mandato imperativo del artículo 67 completa la idea de representación política. Diputados y senadores no actúan como delegados jurídicamente vinculados por instrucciones de electores, partidos o territorios. Pueden responder políticamente ante quienes los apoyan, pero su voto parlamentario no queda sometido a un mandato jurídico externo anulable. Este matiz es importante porque en el lenguaje común se habla de disciplina de partido, compromisos electorales o representación territorial; en examen, sin embargo, debe prevalecer la fórmula constitucional: los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo.

La autonomía de las Cámaras tiene una dimensión normativa, organizativa y presupuestaria. Cada Cámara establece su propio Reglamento, aprueba autónomamente su presupuesto y regula el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Esta autonomía permite que el Parlamento ordene sus trabajos sin depender jerárquicamente del Gobierno. No significa ausencia de Constitución ni de control constitucional: los reglamentos parlamentarios y los actos parlamentarios con relevancia constitucional pueden ser examinados en los cauces previstos. La autonomía parlamentaria debe entenderse como garantía de separación de poderes, no como espacio libre de Derecho.

El funcionamiento de las Cortes Generales combina continuidad institucional y ciclos electorales. Las Cámaras tienen mandato temporal, pueden ser disueltas y se renuevan por elecciones, pero el orden constitucional evita vacíos absolutos. La Diputación Permanente conserva determinadas funciones cuando las Cámaras no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato. Para el opositor, esta institución sirve para recordar que el Parlamento no queda paralizado entre períodos ordinarios de sesiones o entre legislaturas. También muestra que la continuidad constitucional no equivale a continuidad plena de todos los órganos parlamentarios ordinarios.

La potestad legislativa de las Cortes Generales se proyecta sobre distintos tipos de leyes. Las leyes orgánicas se reservan a materias constitucionalmente cualificadas y exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las leyes ordinarias siguen el régimen general de aprobación parlamentaria. Esta diferencia aparece con frecuencia en preguntas porque no basta con saber que una materia se regula por ley: hay que identificar si la Constitución exige ley orgánica, si basta ley ordinaria o si se trata de una norma con rango de ley dictada por el Gobierno bajo control parlamentario.

Las Cortes Generales también se relacionan con las normas con rango de ley del Gobierno. Los decretos-leyes requieren convalidación o derogación por el Congreso en el plazo constitucional, y los decretos legislativos dependen de una delegación legislativa previa mediante ley de bases o ley ordinaria de delegación. En ambos casos hay intervención parlamentaria, pero no se trata del mismo procedimiento que una ley ordinaria nacida y aprobada íntegramente en las Cámaras. La idea útil es distinguir potestad legislativa parlamentaria, delegación legislativa y legislación provisional de urgencia.

La función de control se expresa con intensidad diferente en cada Cámara. Preguntas, interpelaciones, comparecencias y comisiones de investigación permiten obtener información y exigir responsabilidad política. La moción de censura y la cuestión de confianza, en cambio, pertenecen al núcleo de la relación fiduciaria entre Gobierno y Congreso. Este reparto explica por qué el Senado puede controlar políticamente, debatir y participar en procedimientos constitucionales, pero no sostiene ni derriba ordinariamente al Gobierno. En un test, la palabra "Gobierno" suele exigir mirar si la competencia corresponde al Congreso, al Senado o a ambas Cámaras.

Puntos esenciales a memorizar

Artículo 66 CE: las Cortes Generales representan al pueblo español, son Congreso y Senado, ejercen potestad legislativa, aprueban los Presupuestos Generales del Estado y controlan al Gobierno.
Las Cortes Generales son inviolables como institución; no confundir esta garantía con la inviolabilidad individual de diputados y senadores por opiniones en el ejercicio del cargo.
La ley estatal ordinaria nace del procedimiento parlamentario; el Gobierno puede impulsar proyectos, pero no sustituye la aprobación de las Cámaras.
El control parlamentario es político y se dirige al Gobierno; el control jurisdiccional de legalidad corresponde a jueces y tribunales.
El Senado forma parte de las Cortes Generales aunque el Congreso tenga posición prevalente en investidura, confianza y cierre de muchos procedimientos legislativos.
Los Reglamentos del Congreso y del Senado son normas esenciales para entender órganos internos, debates, comisiones, votaciones y tramitación legislativa.

2. Composición, atribuciones y funcionamiento

La composición, las atribuciones y el funcionamiento de las Cortes Generales deben estudiarse como un sistema. La Constitución no se limita a proclamar que existe un Parlamento; determina sus Cámaras, la forma de elección, la duración del mandato, los órganos mínimos de funcionamiento, las reglas esenciales de publicidad y el papel de cada Cámara en los procedimientos constitucionales. Para el opositor, este apartado exige unir tres planos: quién integra las Cámaras, qué pueden hacer y cómo actúan válidamente.

El Congreso de los Diputados representa a la ciudadanía en una Cámara elegida por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La Constitución establece que el Congreso se compone de un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos diputados, y la legislación electoral fija la cifra ordinaria de trescientos cincuenta. La circunscripción electoral es la provincia, con representación mínima inicial y distribución posterior atendiendo a la población. Este dato debe manejarse con precisión: la cifra constitucional es una horquilla, mientras que la cifra concreta de diputados procede del desarrollo electoral vigente.

El Senado se define constitucionalmente como Cámara de representación territorial. Su composición combina senadores elegidos directamente en las provincias y senadores designados por las comunidades autónomas en los términos del artículo 69 de la Constitución. En provincias peninsulares se eligen cuatro senadores; las islas y las ciudades de Ceuta y Melilla tienen reglas específicas. Además, cada comunidad autónoma designa un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Esta estructura explica por qué el Senado no es una réplica del Congreso, aunque ambas Cámaras integren las Cortes Generales.

El mandato de diputados y senadores es de cuatro años, sin perjuicio de la disolución anticipada de las Cámaras. Las elecciones deben celebrarse dentro del plazo constitucional tras la terminación del mandato, y las Cámaras electas se reúnen en sesión constitutiva conforme a sus reglamentos. En examen conviene distinguir mandato parlamentario, legislatura y período de sesiones. La legislatura se vincula a la duración política de las Cámaras; los períodos de sesiones ordenan el calendario ordinario de trabajo dentro de cada año parlamentario.

Las atribuciones de las Cortes Generales se agrupan en varios bloques. El primero es la potestad legislativa, que comprende la aprobación de leyes orgánicas y ordinarias, con mayorías y materias diferenciadas. El segundo es la potestad presupuestaria, centrada en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El tercero es el control del Gobierno, que se materializa en preguntas, interpelaciones, comparecencias, comisiones de investigación, moción de censura y cuestión de confianza. El cuarto incluye competencias constitucionales específicas, como autorizaciones, designaciones o intervenciones en estados excepcionales cuando proceda.

El funcionamiento de las Cámaras se articula en Pleno y Comisiones. El Pleno expresa la posición de la Cámara en los asuntos de mayor relevancia o en aquellos que el Reglamento reserva a la totalidad de sus miembros. Las Comisiones permiten preparar trabajos, debatir con mayor detalle, tramitar iniciativas y, en determinados casos, aprobar textos con competencia legislativa plena si se cumplen las condiciones constitucionales y reglamentarias. Esta distinción es útil para comprender por qué no toda actividad parlamentaria se desarrolla en el hemiciclo.

La Diputación Permanente asegura la continuidad de cada Cámara cuando esta no está reunida, ha expirado su mandato o ha sido disuelta. Sus funciones se conectan con la defensa de las atribuciones de la Cámara y con la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias o intervenir en situaciones constitucionalmente previstas. Es un órgano que suele generar preguntas porque demuestra que el Parlamento no queda jurídicamente inerte entre períodos ordinarios o durante transiciones entre legislaturas.

Las sesiones parlamentarias se rigen por reglas de convocatoria, orden del día, quórum, debate y votación. La Constitución exige que las sesiones plenarias sean públicas salvo acuerdo contrario de cada Cámara adoptado conforme al Reglamento y por mayoría absoluta. La publicidad parlamentaria refuerza la transparencia democrática, pero no elimina la existencia de trabajos preparatorios, reuniones de órganos internos o comisiones con reglas específicas. La validez de las decisiones parlamentarias exige respetar las reglas de constitución y votación aplicables.

La iniciativa legislativa puede proceder del Gobierno, del Congreso, del Senado, de las asambleas de las comunidades autónomas y de la iniciativa popular en los términos constitucionales. El Gobierno presenta proyectos de ley; las demás iniciativas suelen denominarse proposiciones de ley. Esta diferencia terminológica tiene valor de examen. También importa recordar que la iniciativa popular está excluida en determinadas materias, como las propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y prerrogativa de gracia.

En la tramitación legislativa ordinaria, el Congreso y el Senado intervienen de forma sucesiva, pero la Constitución atribuye al Congreso la posibilidad de levantar vetos o rechazar enmiendas del Senado en los términos del artículo 90. Este dato muestra de nuevo que el bicameralismo español es imperfecto o desigual en algunos procedimientos. El Senado participa, revisa y puede vetar o enmendar, pero el Congreso conserva una posición de cierre en la legislación ordinaria estatal.

El control político del Gobierno se concentra especialmente en el Congreso porque la relación de confianza se traba entre el Gobierno y la Cámara Baja. La investidura del Presidente del Gobierno, la cuestión de confianza y la moción de censura se resuelven en el Congreso. El Senado también ejerce funciones de control y debate, pero no determina la existencia de la confianza parlamentaria ordinaria del Gobierno. Para evitar errores, no debe afirmarse que las dos Cámaras tienen idéntica capacidad de sostener o derribar al Gobierno.

Los reglamentos parlamentarios son indispensables para entender el funcionamiento real. El Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado en BOE regulan órganos como la Presidencia, la Mesa, la Junta de Portavoces, los grupos parlamentarios y las comisiones. También precisan debates, votaciones, enmiendas, proposiciones no de ley, preguntas, interpelaciones y tramitaciones especiales. En un temario de oposición no basta con memorizar los artículos constitucionales; hay que comprender que la operativa parlamentaria concreta se canaliza mediante estos reglamentos.

La composición del Congreso exige separar Constitución y legislación electoral. La Constitución no fija directamente 350 diputados, sino una horquilla entre 300 y 400. La cifra de 350 procede de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esta distinción es muy preguntable porque permite formular opciones aparentemente correctas pero incompletas. Si una pregunta pide la previsión constitucional, la respuesta es la horquilla; si pregunta la composición legal ordinaria vigente, la respuesta es 350. La misma cautela debe aplicarse a circunscripción, asignación mínima y distribución proporcional.

En el Congreso, la circunscripción electoral es la provincia. Ceuta y Melilla eligen cada una un diputado. La ley distribuye los escaños combinando una representación mínima inicial por provincia y el reparto del resto en proporción a la población. Este diseño produce una representación territorial mínima dentro de una Cámara que, constitucionalmente, representa al conjunto de la ciudadanía. No debe confundirse con el Senado, que sí recibe la calificación constitucional expresa de Cámara de representación territorial.

La composición del Senado es más compleja porque reúne senadores elegidos directamente y senadores designados por las comunidades autónomas. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores; las islas y agrupaciones insulares tienen reglas específicas; Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una. Además, las comunidades autónomas designan un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. Por eso el número total de senadores no se memoriza como cifra fija constitucional, sino como resultado de reglas de elección y designación.

El mandato de diputados y senadores dura cuatro años, salvo disolución anticipada. La disolución puede afectar a ambas Cámaras o solo a una en los supuestos constitucionales, y se formaliza mediante real decreto. Tras la terminación del mandato, las elecciones deben celebrarse en el plazo constitucional y las Cámaras electas son convocadas para su sesión constitutiva. Conviene no mezclar este dato con el mandato de otras instituciones: el Defensor del Pueblo y los vocales del CGPJ tienen mandato de cinco años, mientras diputados y senadores tienen mandato ordinario de cuatro.

Las Cámaras funcionan en períodos ordinarios de sesiones, pero también pueden celebrar sesiones extraordinarias. Los períodos ordinarios se fijan constitucionalmente y los reglamentos desarrollan la convocatoria y organización del trabajo. La publicidad de las sesiones plenarias es regla general, salvo acuerdo contrario conforme al Reglamento y por mayoría absoluta. Este principio de publicidad no elimina reuniones de órganos internos ni fases preparatorias, pero sí afirma que el debate parlamentario decisivo debe desarrollarse bajo exigencias de transparencia democrática.

Las mayorías parlamentarias son otro foco de examen. No es lo mismo mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría de tres quintos o mayoría de dos tercios. Cada procedimiento tiene su regla: investidura, moción de censura, leyes orgánicas, elección de determinados órganos constitucionales o levantamiento de vetos del Senado no responden siempre al mismo umbral. Cuando una pregunta menciona "mayoría", hay que unirla al acto concreto. Memorizar mayorías sin procedimiento conduce a errores porque una misma Cámara puede decidir por reglas distintas según la materia.

El procedimiento legislativo ordinario muestra el bicameralismo desigual. El Congreso tramita y aprueba inicialmente el texto; el Senado puede aprobarlo, vetarlo o introducir enmiendas; y el Congreso decide finalmente sobre el veto o las enmiendas en los términos del artículo 90. El Senado no es irrelevante, pero tampoco tiene la misma posición de cierre que el Congreso en la ley ordinaria. Esta regla ayuda a resolver preguntas en las que se afirma que cualquier desacuerdo del Senado bloquea definitivamente una ley: esa afirmación es incorrecta en el procedimiento ordinario.

Puntos esenciales a memorizar

Congreso: la Constitución fija una horquilla de 300 a 400 diputados y la LOREG concreta 350; la circunscripción electoral ordinaria es la provincia.
Senado: es Cámara de representación territorial; combina senadores elegidos en circunscripciones provinciales o insulares y senadores designados por las comunidades autónomas.
Mandato ordinario de diputados y senadores: cuatro años, salvo disolución anticipada. No confundir legislatura con períodos ordinarios de sesiones.
La iniciativa legislativa puede proceder del Gobierno, Congreso, Senado, asambleas autonómicas e iniciativa popular, con exclusiones constitucionales para esta última.
En la legislación ordinaria, el Senado puede vetar o enmendar, pero el Congreso puede levantar el veto o aceptar/rechazar enmiendas conforme al artículo 90 CE.
Investidura, moción de censura y cuestión de confianza se deciden en el Congreso, no en ambas Cámaras por igual.

3. El Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es una institución constitucional de garantía. El artículo 54 de la Constitución dispone que una ley orgánica regulará la institución como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración y dará cuenta a las Cortes Generales. Esta fórmula concentra los elementos que más aparecen en las preguntas de examen: alto comisionado, Cortes Generales, derechos del Título I, supervisión administrativa y rendición de cuentas parlamentaria.

La naturaleza del Defensor del Pueblo no debe confundirse con la de un órgano jurisdiccional ni con la de un órgano administrativo jerárquico. No es un tribunal, no dicta sentencias, no sustituye a los jueces y no anula por sí mismo actos administrativos como lo haría una resolución administrativa o judicial en el cauce correspondiente. Su fuerza institucional reside en la investigación, la supervisión, la formulación de recomendaciones y la comunicación pública o parlamentaria de deficiencias. Es una garantía no jurisdiccional de los derechos, especialmente útil frente a disfunciones administrativas.

La Ley Orgánica 3/1981 desarrolla la institución y concreta su régimen jurídico. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un período de cinco años y se relaciona con ellas a través de los presidentes del Congreso y del Senado. La elección exige mayorías cualificadas conforme a la ley orgánica, lo que persigue dotar a la institución de una legitimidad parlamentaria amplia. El opositor debe retener que no se trata de un cargo gubernamental ni de un órgano nombrado por la Administración controlada.

La independencia es una nota esencial de la institución. El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de autoridad alguna y desempeña sus funciones con autonomía. Esta independencia permite supervisar la actividad administrativa sin quedar subordinado al poder ejecutivo. Para el examen, conviene expresar la idea con precisión: la institución depende funcionalmente de su mandato constitucional y orgánico, rinde cuentas a las Cortes Generales y actúa fuera de la jerarquía administrativa ordinaria.

El ámbito material de actuación se conecta con los derechos del Título I de la Constitución. La supervisión de la Administración tiene sentido en la medida en que una actuación administrativa puede afectar a derechos y libertades. El Defensor del Pueblo puede examinar quejas de ciudadanos, investigar de oficio y solicitar información a las administraciones afectadas dentro de sus competencias legales. Su tarea no consiste en gobernar la Administración, sino en detectar vulneraciones, irregularidades o mal funcionamiento que incidan en los derechos cuya protección justifica la institución.

Las quejas ante el Defensor del Pueblo son un cauce flexible de control institucional. Pueden ser presentadas por personas físicas o jurídicas en los términos previstos por la ley, y la institución analiza si procede iniciar actuaciones. No toda queja conduce a una investigación completa, y la existencia de procedimientos judiciales o de otros límites legales puede condicionar la intervención. La utilidad para el opositor consiste en comprender que este mecanismo complementa, pero no sustituye, los recursos administrativos y jurisdiccionales.

La supervisión administrativa puede dar lugar a recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales o informes. Estas decisiones no equivalen a una sentencia ni a una orden jerárquica vinculante en sentido estricto, pero tienen un peso institucional relevante porque se apoyan en una autoridad constitucional y en la obligación de colaboración de los poderes públicos. La Administración examinada debe responder y justificar su posición. En preguntas tipo test, la clave suele estar en evitar atribuir al Defensor competencias ejecutivas o judiciales que no tiene.

La rendición de cuentas se produce mediante informes a las Cortes Generales. La institución presenta informes anuales y puede elevar informes extraordinarios cuando la materia lo exige. Este vínculo parlamentario refuerza la publicidad de los problemas detectados y permite que las Cámaras conozcan deficiencias persistentes en la actuación administrativa. La relación con las Cortes no convierte al Defensor en parlamentario, pero sí explica su calificación constitucional como alto comisionado.

El Defensor del Pueblo también puede interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo en los términos constitucionales y legales. Esta posibilidad lo conecta con la protección jurisdiccional de la Constitución, aunque su función ordinaria no sea juzgar. El dato tiene alto valor de examen porque distingue al Defensor del Pueblo de otros órganos de supervisión administrativa. Puede activar determinadas vías constitucionales, pero no se convierte por ello en Tribunal Constitucional ni en órgano judicial.

La institución es especialmente relevante para el estudio de la Administración General del Estado porque ofrece una mirada externa sobre la calidad de la actuación administrativa. Retrasos, falta de respuesta, trato inadecuado, problemas de accesibilidad, errores procedimentales o deficiencias de información pueden ser objeto de atención si afectan a derechos. Para un agente administrativo, comprender esta institución ayuda a interiorizar que la actividad pública no solo debe ser formalmente legal, sino también respetuosa con los derechos y con el deber de buena administración.

Las confusiones más habituales son tres. La primera consiste en decir que el Defensor del Pueblo depende del Gobierno; la fórmula correcta es alto comisionado de las Cortes Generales. La segunda consiste en atribuirle potestad para anular actos administrativos; la anulación corresponde a los cauces administrativos o judiciales previstos por el ordenamiento. La tercera consiste en limitarlo a una oficina de quejas sin dimensión constitucional; su base es el artículo 54 de la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, y su finalidad es la defensa de derechos del Título I.

La Ley Orgánica 3/1981 concreta el procedimiento de elección y la relación con las Cortes Generales. La institución se vincula parlamentariamente mediante una Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo. La elección exige mayorías reforzadas, precisamente porque se pretende evitar una apropiación gubernamental o partidista ordinaria de una magistratura de garantía. La publicación del nombramiento y la duración quinquenal del mandato refuerzan su estatuto institucional separado del calendario electoral general.

El Defensor del Pueblo cuenta con Adjuntos que le auxilian y pueden sustituirle en los supuestos previstos. Esta estructura no cambia la titularidad constitucional de la institución, pero permite organizar el trabajo y atender distintos ámbitos materiales. También existe un régimen de incompatibilidades orientado a preservar independencia, dedicación y neutralidad. Para el examen no suele ser necesario memorizar todos los detalles organizativos, pero sí comprender que no es una oficina informal: es una institución constitucional desarrollada por ley orgánica, con estructura, estatuto y reglas de actuación.

La tramitación de quejas se basa en flexibilidad y gratuidad, pero no en ausencia de límites. La institución puede inadmitir quejas cuando no encajen en su ámbito, sean anónimas, carezcan de fundamento, estén pendientes de resolución judicial o concurran otros límites legales. Esta potestad de admisión ordena sus recursos y evita que el Defensor sustituya a recursos administrativos, tribunales o procedimientos especializados. El opositor debe quedarse con una idea sencilla: la queja es un cauce de supervisión institucional, no una instancia universal para reabrir cualquier asunto.

La obligación de colaboración de los poderes públicos es esencial para que la supervisión sea efectiva. Las administraciones deben auxiliar al Defensor del Pueblo en sus investigaciones, remitir información y responder a sus requerimientos dentro del marco legal. La negativa, retraso o falta de colaboración puede tener consecuencias institucionales y quedar reflejada en informes. Aunque sus resoluciones no sean sentencias, el valor de la publicidad parlamentaria y de la autoridad constitucional convierte sus recomendaciones en un instrumento relevante de mejora administrativa.

Cuando la queja afecta al funcionamiento de la Administración de Justicia, la Ley Orgánica 3/1981 impone cautelas específicas. El Defensor no puede revisar resoluciones judiciales ni ordenar a jueces y magistrados cómo resolver. Puede dirigir las quejas al Ministerio Fiscal para que investigue la realidad de los hechos y adopte medidas conforme a la ley, o dar traslado al Consejo General del Poder Judicial cuando proceda. Esta regla es especialmente importante porque conecta el tema del Defensor con el Poder Judicial sin confundir sus funciones.

La condición del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura añade una dimensión específica de protección de derechos. Esta función permite visitar lugares de privación de libertad y formular recomendaciones preventivas. No desplaza su función general de alto comisionado para los derechos del Título I, pero muestra que algunas competencias se han añadido o concretado por normas posteriores. En un texto de oposición conviene mencionar esta función con prudencia, sin convertirla en el centro del tema si el epígrafe se refiere a la institución constitucional general.

Puntos esenciales a memorizar

Artículo 54 CE: alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos del Título I y supervisar la actividad de la Administración.
Mandato de cinco años según la Ley Orgánica 3/1981; no depende del ciclo electoral de cuatro años de diputados y senadores.
No es órgano jurisdiccional ni anula sentencias o actos como un tribunal; formula recomendaciones, sugerencias, recordatorios e informes.
Puede actuar por queja o de oficio, dentro de los límites legales, y debe cooperar con otras instituciones cuando proceda.
Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo.
Si recibe quejas sobre funcionamiento de la Administración de Justicia, debe canalizarlas según la Ley Orgánica 3/1981, sin invadir la potestad jurisdiccional.

4. El Poder Judicial

El Poder Judicial es uno de los poderes constitucionales del Estado y se regula principalmente en el Título VI de la Constitución. El artículo 117 afirma que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. La frase contiene tres ideas que deben estudiarse juntas: legitimación democrática de la justicia, forma institucional de administración en nombre del Rey y atribución del ejercicio jurisdiccional a jueces y magistrados. No es una función administrativa, ni una actividad política, ni una mediación voluntaria entre partes.

La independencia judicial es la garantía central. Los jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Independencia significa que no reciben órdenes del Gobierno, del Parlamento, de órganos administrativos ni de superiores jerárquicos sobre cómo resolver un proceso concreto. Inamovilidad significa estabilidad en el cargo en los términos legalmente previstos. Responsabilidad significa que la independencia no equivale a arbitrariedad. Sometimiento a la ley significa que la decisión judicial debe fundarse en el ordenamiento jurídico y en la motivación exigible.

La potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La Constitución atribuye su ejercicio exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, conforme a las normas de competencia y procedimiento. Esta exclusividad tiene dos consecuencias. Primero, otros poderes públicos no pueden sustituir a los órganos jurisdiccionales en la resolución definitiva de controversias sometidas a jurisdicción. Segundo, los órganos judiciales no deben ejercer más funciones que las jurisdiccionales y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de derechos.

La unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Este principio no significa que todos los órganos judiciales sean iguales ni que exista un solo tribunal. Significa que la justicia ordinaria se integra en un único Poder Judicial, con órdenes jurisdiccionales y órganos distintos, pero bajo una base común. La Constitución admite jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios constitucionales, pero no rompe con ello la regla de unidad como fundamento del sistema.

La Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla la arquitectura constitucional. Regula la constitución, funcionamiento y gobierno de juzgados y tribunales, el estatuto jurídico de jueces y magistrados de carrera, el personal al servicio de la Administración de Justicia y el régimen del Consejo General del Poder Judicial. Para un opositor, la LOPJ es la norma de referencia cuando una pregunta baja del principio constitucional a la organización efectiva de órganos, competencias, gobierno interno y estatuto del personal judicial.

El Poder Judicial se diferencia del Poder Ejecutivo y de la Administración. La Administración puede resolver expedientes, imponer sanciones administrativas o reconocer derechos en vía administrativa, pero sus actos son revisables ante los tribunales. Los jueces no forman parte de la Administración General del Estado, aunque exista una Administración de Justicia como estructura de medios personales y materiales al servicio de la actividad jurisdiccional. Esta distinción evita un error frecuente: confundir Poder Judicial con Ministerio de Justicia o con oficinas administrativas de apoyo.

Las garantías procesales refuerzan la función jurisdiccional. La Constitución establece la gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. También prevé la publicidad de actuaciones judiciales con excepciones legales, la oralidad preferente en determinados procesos, la motivación de sentencias y su pronunciamiento en audiencia pública. Estas garantías no son detalles formales; protegen a las partes y hacen controlable la decisión judicial.

La responsabilidad patrimonial por error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia tiene reconocimiento constitucional. El daño causado por error judicial o por funcionamiento anormal da derecho a indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Este dato evidencia que la independencia judicial convive con mecanismos de responsabilidad institucional. Para el examen, importa no confundir responsabilidad personal de jueces y magistrados, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal.

El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial ordinario, aunque ejerza una función jurisdiccional constitucional. Esta delimitación es importante porque el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional. Cuando una pregunta menciona amparo constitucional, control de constitucionalidad de leyes o conflictos constitucionales, el análisis se desplaza fuera de la organización judicial ordinaria regulada por la LOPJ.

La organización judicial está en actualización por la Ley Orgánica 1/2025. Esa norma introduce los Tribunales de Instancia y adapta el modelo organizativo de la justicia ordinaria. En un tema de Poder Judicial, la consecuencia práctica es que no conviene estudiar una fotografía cerrada basada solo en juzgados unipersonales tradicionales. Debe explicarse el principio constitucional y, al mismo tiempo, advertir que el mapa orgánico de la justicia ordinaria se está reordenando conforme a la reforma de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Desde la perspectiva de un agente de la Hacienda Pública, el Poder Judicial importa porque garantiza el control de la actuación pública y la tutela judicial efectiva de ciudadanos y administraciones. Los actos tributarios, sancionadores o administrativos pueden llegar a revisión judicial en el orden competente. La Administración debe actuar sabiendo que su actuación puede ser examinada por jueces independientes. Esta idea conecta el temario constitucional con la práctica administrativa: legalidad, motivación, expediente correcto y respeto de derechos no son adornos, sino condiciones de defensa ante el control jurisdiccional.

El artículo 117 no solo proclama independencia; también delimita la exclusividad jurisdiccional. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Esa exclusividad impide que una administración, una comisión parlamentaria o un órgano de gobierno judicial sustituyan al juez en la decisión de un litigio. Al mismo tiempo, los juzgados y tribunales no pueden asumir funciones ajenas salvo las expresamente atribuidas por la ley en garantía de derechos. La separación opera en las dos direcciones: protege al juez frente a otros poderes y evita que el juez invada funciones no jurisdiccionales.

La independencia judicial tiene dimensión externa e interna. Externa, porque el juez no recibe instrucciones del Gobierno, Parlamento, administración o grupos de presión. Interna, porque tampoco queda subordinado a superiores jerárquicos para decidir un caso concreto. Un órgano judicial superior puede revocar una resolución mediante recurso, pero no ordenar preventivamente el sentido de la sentencia. Esta distinción es útil para entender por qué la existencia de recursos no rompe la independencia: el recurso es control jurisdiccional conforme a la ley, no mando jerárquico administrativo.

La inamovilidad judicial tampoco debe interpretarse como privilegio personal absoluto. Significa que jueces y magistrados solo pueden ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados por causas y con garantías previstas en la ley. La finalidad es evitar presiones sobre el juez mediante amenazas de destino o cese. A la vez, existen responsabilidad disciplinaria, civil o penal en los términos previstos por el ordenamiento. La fórmula constitucional combina independencia, inamovilidad y responsabilidad para evitar tanto la dependencia política como la impunidad.

El principio de unidad jurisdiccional convive con la existencia de órdenes jurisdiccionales. Civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar responden a materias diferentes, pero se integran en una misma arquitectura constitucional. La jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio, conforme a la Constitución y las leyes. La prohibición de tribunales de excepción impide crear órganos ad hoc para casos concretos al margen del sistema legal de competencia y procedimiento.

El artículo 24 de la Constitución, aunque no esté en el Título VI, se conecta directamente con el Poder Judicial por la tutela judicial efectiva. Derecho de acceso a jueces y tribunales, defensa, asistencia letrada, proceso con garantías, prueba pertinente, juez ordinario predeterminado por la ley y presunción de inocencia son garantías que dan contenido práctico a la función jurisdiccional. En oposición conviene relacionar estas garantías con el Poder Judicial sin confundirlas con una lista de órganos. La justicia constitucional no se estudia solo como estructura, sino como garantía de derechos.

La Administración de Justicia incluye medios personales y materiales que no son jueces ni magistrados: letrados de la Administración de Justicia, cuerpos generales y especiales, oficinas, servicios comunes y medios tecnológicos. Estos elementos hacen posible el funcionamiento diario de juzgados y tribunales, pero no ejercen potestad jurisdiccional. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas pueden gestionar medios, pero esa gestión no autoriza instrucciones sobre el contenido de las resoluciones judiciales.

Puntos esenciales a memorizar

Artículo 117 CE: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos solo al imperio de la ley.
La potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; no corresponde al Gobierno, al CGPJ ni a oficinas administrativas.
La unidad jurisdiccional es la base de la organización y se prohíben los tribunales de excepción.
La justicia es gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos.
Jueces y magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por causas y garantías legalmente previstas.
La reforma organizativa de 2025 cambia estructuras de apoyo e instancia, pero no elimina los principios constitucionales de independencia, exclusividad y tutela judicial efectiva.

5. El Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Su posición constitucional se recoge en el artículo 122 de la Constitución, que remite a la ley orgánica del Poder Judicial la determinación de su estatuto, régimen de incompatibilidades y funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. La idea que debe quedar clara es que el Consejo gobierna institucionalmente el Poder Judicial, pero no juzga los asuntos sometidos a jueces y tribunales.

La composición del Consejo combina presencia judicial y presencia de juristas. La Constitución establece que está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De esos veinte, doce se eligen entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que determine la ley orgánica; los otros ocho son abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Esta composición busca unir conocimiento interno de la carrera judicial y legitimación institucional reforzada.

El Presidente del Tribunal Supremo preside también el Consejo General del Poder Judicial. Esta doble condición tiene relevancia porque conecta el órgano superior de la jurisdicción ordinaria con el órgano de gobierno del Poder Judicial. Sin embargo, no debe confundirse la función jurisdiccional del Tribunal Supremo con la función gubernativa del Consejo. El primero resuelve procesos y recursos dentro de su competencia; el segundo adopta decisiones de gobierno judicial, organización, nombramientos, inspección y disciplina en el marco de la LOPJ.

Las funciones del Consejo protegen la independencia judicial desde el plano institucional. Si nombramientos, ascensos, inspección y disciplina dependieran directamente del Gobierno, la independencia judicial podría verse comprometida. El Consejo actúa como garantía de autogobierno judicial, aunque su composición y sistema de elección sean materias de intenso debate público y jurídico. En el temario de oposición conviene evitar valoraciones políticas y ceñirse a la configuración constitucional y orgánica vigente.

En materia de nombramientos, el Consejo interviene en la provisión de determinados cargos judiciales y gubernativos conforme a la LOPJ. En materia de inspección, supervisa el funcionamiento de órganos judiciales sin invadir la independencia de cada juez o tribunal al resolver casos concretos. En materia disciplinaria, puede actuar frente a infracciones del estatuto judicial en los términos legalmente previstos. Estas competencias muestran que el gobierno judicial no es administración ordinaria, sino gestión institucional de garantías.

La independencia judicial impone un límite al Consejo: no puede ordenar a un juez cómo resolver un asunto. El juez está sometido únicamente al imperio de la ley. Por tanto, el Consejo puede inspeccionar funcionamiento, gestionar carrera o disciplinar conductas previstas legalmente, pero no corregir una sentencia por discrepar del criterio jurídico. La corrección de resoluciones judiciales se produce mediante recursos procesales ante órganos jurisdiccionales competentes, no por instrucciones gubernativas del Consejo.

La LOPJ desarrolla la estructura del Consejo, sus órganos y reglas de funcionamiento. Entre sus órganos se encuentran el Pleno, la Comisión Permanente y otros órganos previstos legalmente. El funcionamiento del Consejo se vincula a acuerdos, propuestas, informes, nombramientos y gestión institucional. Para el examen no suele ser necesario reproducir toda la organización interna, pero sí distinguir el núcleo: órgano constitucional de gobierno, composición de veinte vocales más presidente, mandato de cinco años y funciones ligadas a garantía de independencia.

El régimen de incompatibilidades y estatuto de los miembros del Consejo busca preservar la imparcialidad y dedicación institucional. La Constitución remite a la ley orgánica estos aspectos porque afectan a la separación de poderes y a la independencia judicial. En preguntas difíciles puede aparecer la diferencia entre miembros de procedencia judicial y juristas de reconocida competencia. Los primeros proceden de la carrera judicial; los segundos deben reunir la cualificación profesional y antigüedad constitucionalmente exigida.

El Consejo también tiene relevancia en informes sobre proyectos normativos que afecten al Poder Judicial, en la formación judicial, en publicaciones, estadísticas y transparencia institucional. Estas actividades no sustituyen su núcleo constitucional, pero muestran que el gobierno judicial incluye tareas de apoyo al buen funcionamiento del sistema. El opositor debe separar lo esencial de lo accesorio: si solo memoriza actividades dispersas y olvida el artículo 122, pierde la estructura del tema.

La situación de un Consejo en funciones puede limitar determinados nombramientos y decisiones conforme a reformas incorporadas en la LOPJ. Este aspecto debe tratarse con prudencia porque depende de la norma vigente y del estado institucional concreto. La formulación segura para examen es que la LOPJ contiene reglas específicas sobre el régimen del Consejo, incluidas previsiones para situaciones de prórroga o funciones. No conviene introducir datos coyunturales de titulares o fechas de renovación si no son necesarios para el temario.

Para estudiar el Consejo General del Poder Judicial con seguridad, basta ordenar cuatro preguntas. Qué es: órgano de gobierno del Poder Judicial. Quién lo integra: Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros. Para cuánto tiempo: cinco años. Qué hace: funciones de gobierno judicial, especialmente nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, sin ejercer jurisdicción ni dictar sentencias. Esta secuencia permite resolver la mayoría de preguntas tipo test y evita confundir Consejo, Tribunal Supremo, Ministerio de Justicia y Tribunal Constitucional.

La elección de los vocales debe formularse con exactitud vigente. La Constitución distingue doce vocales entre jueces y magistrados y ocho juristas de reconocida competencia. La LOPJ concreta el sistema de elección parlamentaria: cada Cámara elige diez vocales por mayoría de tres quintos, seis correspondientes al turno judicial y cuatro al turno de juristas. Este punto es especialmente sensible porque existe debate público sobre modelos alternativos y propuestas de reforma. Para un texto de estudio no basta decir "los eligen los jueces" o "los elige el CGPJ": la regla vigente que debe memorizarse es la de elección por Congreso y Senado en los términos de la LOPJ.

La mayoría de tres quintos pretende asegurar consenso reforzado. No se trata de una mayoría simple ni de una mayoría absoluta. El dato aparece en muchas preguntas porque se combina con otros órganos constitucionales que también exigen mayorías cualificadas. Conviene estudiar el CGPJ junto a la lógica de designación de órganos constitucionales: la Constitución y las leyes orgánicas buscan que ciertas instituciones no dependan de una mayoría parlamentaria ordinaria. La consecuencia práctica es que el bloqueo en la renovación puede producir situaciones de Consejo en funciones, reguladas por la LOPJ.

El régimen del Consejo en funciones ha sido objeto de reformas para limitar determinadas competencias cuando el mandato está vencido. Esta materia debe tratarse con cuidado porque depende de la redacción vigente de la LOPJ y de reformas posteriores. La idea segura es que la ley orgánica puede restringir nombramientos y decisiones de un Consejo prorrogado para evitar que actúe con plenitud indefinida. No conviene introducir datos coyunturales de titulares, pactos políticos o noticias si el objetivo es estudiar el marco general estable.

La función de inspección del CGPJ no permite revisar el contenido jurisdiccional de una sentencia. Puede examinar retrasos, organización, funcionamiento de órganos judiciales o cumplimiento de deberes profesionales, pero no sustituir recursos procesales. Si una resolución judicial se considera incorrecta, el cauce es el recurso ante el órgano jurisdiccional competente, no una queja al CGPJ para que cambie el fallo. Esta distinción evita una confusión frecuente entre control gubernativo de funcionamiento y control jurisdiccional de decisiones.

El Consejo también participa en informes sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales que afecten al Poder Judicial o a materias de su competencia. Estos informes no convierten al Consejo en legislador, pero aportan criterio institucional especializado. La potestad legislativa sigue correspondiendo a las Cortes Generales y, en su caso, la iniciativa normativa al Gobierno u otros sujetos legitimados. Para estudiar el sistema, conviene ubicar cada órgano en su plano: el CGPJ informa, gobierna institucionalmente y garantiza independencia; no legisla ni juzga.

El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es una figura institucional de unión entre dos planos. Preside el órgano jurisdiccional superior y el órgano de gobierno judicial, pero cuando actúa en uno u otro ámbito lo hace con funciones distintas. Esta doble presidencia explica por qué en bibliografía y noticias aparecen juntos Tribunal Supremo y Consejo. En examen, sin embargo, la respuesta debe separar función jurisdiccional del Tribunal Supremo, función gubernativa del CGPJ y función administrativa del Ministerio de Justicia.

Puntos esenciales a memorizar

Artículo 122 CE: el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial; no es un tribunal y no dicta sentencias.
Composición: Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años.
Procedencia: doce vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.
Régimen vigente LOPJ: Congreso y Senado eligen diez vocales cada uno, por mayoría de tres quintos; cada Cámara elige seis del turno judicial y cuatro del turno de juristas.
Competencias nucleares: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, además de informes y funciones de gobierno judicial previstas en la LOPJ.
Distinguir siempre CGPJ, Tribunal Supremo, Ministerio de Justicia y Tribunal Constitucional: comparten entorno institucional, pero no naturaleza ni función.

6. El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Esta es la fórmula del artículo 123 de la Constitución y debe memorizarse con exactitud. El inciso final es decisivo: las garantías constitucionales corresponden al Tribunal Constitucional, por lo que el Tribunal Supremo no es la cúspide del control de constitucionalidad de las leyes ni del recurso de amparo constitucional. Sí ocupa la posición superior de la jurisdicción ordinaria en el conjunto del territorio español.

La jurisdicción del Tribunal Supremo se extiende a toda España. Su sede se encuentra en Madrid y su competencia se proyecta sobre los órdenes jurisdiccionales ordinarios conforme a la LOPJ y las leyes procesales. Esta dimensión estatal permite que el Tribunal Supremo cumpla funciones de unificación interpretativa y de resolución de recursos de especial relevancia. Para el opositor, el dato territorial evita confundirlo con tribunales superiores de justicia, cuyo ámbito se conecta con cada comunidad autónoma.

La organización del Tribunal Supremo se articula en Salas. La LOPJ regula la Sala Primera, de lo Civil; la Sala Segunda, de lo Penal; la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; la Sala Cuarta, de lo Social; y la Sala Quinta, de lo Militar. Cada Sala conoce de materias propias de su orden jurisdiccional o ámbito específico. Esta estructura es muy preguntable porque permite diferenciar asuntos civiles, penales, contencioso-administrativos, sociales y militares sin convertir al Tribunal Supremo en un tribunal único de competencia indiferenciada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene especial interés para quienes preparan cuerpos de la Administración del Estado. El orden contencioso-administrativo controla la actuación de las administraciones públicas sujeta a Derecho Administrativo, así como disposiciones generales y actos administrativos en los términos procesales. El Tribunal Supremo interviene en este orden mediante recursos y asuntos que la ley le atribuye. No revisa cada expediente administrativo de forma directa; actúa conforme a las vías procesales y competencias establecidas.

La función casacional del Tribunal Supremo es una de sus señas de identidad. El recurso de casación, con las particularidades de cada orden jurisdiccional, permite revisar resoluciones por razones jurídicas relevantes y favorecer una interpretación uniforme del Derecho. No debe describirse como una tercera instancia automática para volver a valorar todos los hechos. La casación se ordena a controlar la correcta aplicación del Derecho y a fijar criterios interpretativos con valor para la seguridad jurídica.

El Tribunal Supremo también conoce de causas contra determinadas autoridades y aforados cuando la ley lo atribuye. En el orden penal, por ejemplo, puede corresponderle el conocimiento de causas contra altos cargos en supuestos legalmente previstos. Este punto debe tratarse con precisión y sin generalizaciones: no todo cargo público está aforado ante el Tribunal Supremo y no todo asunto penal relevante llega a este órgano. La competencia depende de la Constitución, la LOPJ, los estatutos y las normas procesales aplicables.

La relación entre Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial suele generar confusión. El Tribunal Supremo es órgano jurisdiccional; el Consejo General del Poder Judicial es órgano de gobierno. El Presidente del Tribunal Supremo preside también el Consejo, pero esa coincidencia personal no fusiona funciones. Cuando el Tribunal Supremo dicta sentencia, actúa jurisdiccionalmente. Cuando el Consejo adopta acuerdos de gobierno judicial, actúa en otro plano institucional. Esta distinción ayuda a resolver preguntas que mezclan cargos, órganos y funciones.

La relación entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional también debe fijarse. El Tribunal Supremo es superior en la jurisdicción ordinaria, pero el Tribunal Constitucional conoce de materias de garantías constitucionales, control de constitucionalidad y amparo en los términos de su ley orgánica. Una sentencia del Tribunal Supremo puede ser objeto de recurso de amparo si concurren los requisitos constitucionales y legales, pero eso no convierte al Tribunal Constitucional en una instancia ordinaria más. Son jurisdicciones con naturaleza y función distintas.

El Tribunal Supremo contribuye a la seguridad jurídica mediante doctrina jurisprudencial. Sus sentencias, especialmente en casación, orientan la interpretación de normas y ofrecen criterios para órganos inferiores, operadores jurídicos y administraciones. En el ámbito administrativo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo puede condicionar la forma de aplicar leyes, reglamentos y procedimientos. Para un agente administrativo, conocer esta función ayuda a entender por qué la legalidad no se agota en leer la norma aislada; la interpretación judicial puede ser decisiva.

La composición concreta del Tribunal Supremo y la provisión de plazas se rigen por la LOPJ y por acuerdos del órgano de gobierno judicial en lo que proceda. No conviene memorizar nombres coyunturales de magistrados para un tema general, porque pueden cambiar y no forman parte estable del temario. Sí conviene recordar la posición constitucional, la sede, la jurisdicción en toda España, las Salas y la exclusión de las garantías constitucionales reservadas al Tribunal Constitucional.

La forma correcta de estudiar el Tribunal Supremo es partir del artículo 123 de la Constitución y bajar después a la LOPJ. Primero, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales. Segundo, jurisdicción en todo el territorio nacional. Tercero, organización por Salas. Cuarto, función casacional y unificadora dentro de los cauces procesales. Quinto, distinción respecto del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Esta secuencia reduce errores y permite contestar tanto preguntas literales como supuestos de relación institucional.

La Sala Primera conoce de materias civiles en los términos procesales previstos, especialmente recursos extraordinarios y asuntos atribuidos por ley. La Sala Segunda se ocupa del orden penal, incluidos recursos y determinadas causas contra aforados cuando la competencia corresponde al Tribunal Supremo. La Sala Tercera conoce del orden contencioso-administrativo y tiene especial relevancia para el control de disposiciones y actos de altas instituciones y administraciones en los casos legalmente previstos. La Sala Cuarta se vincula al orden social y la Sala Quinta al ámbito militar. Esta clasificación por Salas ayuda a no estudiar el Tribunal Supremo como una masa indiferenciada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo merece una atención especial para oposiciones administrativas. El control judicial de la Administración se articula a través del orden contencioso-administrativo, pero no todo acto administrativo llega directamente al Tribunal Supremo. Normalmente existen órganos inferiores competentes y recursos sucesivos, y el Tribunal Supremo interviene cuando la ley procesal lo permite. El valor del Tribunal Supremo está en la unificación y en la fijación de criterios, no en sustituir a todos los juzgados y tribunales en primera respuesta frente a la Administración.

La casación contencioso-administrativa se construye sobre el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Esta noción no debe memorizarse como una frase ornamental: significa que el Tribunal Supremo selecciona asuntos que permiten aclarar, interpretar o fijar doctrina sobre normas relevantes. Por eso la casación no equivale a revisar automáticamente cada expediente o cada prueba. En una pregunta de oposición, si se afirma que el Tribunal Supremo funciona siempre como tercera instancia plena, la respuesta debe rechazarse.

El Tribunal Supremo puede conocer de responsabilidades penales de determinadas autoridades por razón de aforamiento, pero la regla no debe generalizarse. Hay aforamientos constitucionales, estatutarios y legales con alcance distinto, y no todos conducen al Tribunal Supremo. La competencia depende de la persona, del cargo, del tipo de asunto y de la norma aplicable. Para un temario general basta retener que existen competencias especiales por aforamiento, pero evitando listas coyunturales o afirmaciones absolutas sobre todo cargo público.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene una función de orientación decisiva para la seguridad jurídica. Aunque en el sistema español la ley conserva primacía como fuente, la doctrina jurisprudencial complementa el ordenamiento al interpretar y aplicar normas. Las administraciones públicas deben atender a esa interpretación cuando afecta a su actuación, especialmente en materias contencioso-administrativas, tributarias, sancionadoras o de empleo público. Para el opositor, esto conecta la teoría constitucional con la práctica diaria: aplicar una norma exige conocer su interpretación judicial consolidada.

La relación entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional se entiende mejor si se separan objeto y función. El Tribunal Supremo culmina la jurisdicción ordinaria; el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía constitucional mediante control de constitucionalidad, recurso de amparo y otros procesos constitucionales. Una vulneración de derechos fundamentales puede terminar ante el Tribunal Constitucional si se cumplen los requisitos del amparo, pero eso no convierte al amparo en una apelación ordinaria. El inciso "salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales" del artículo 123 concentra esta diferencia.

Puntos esenciales a memorizar

Artículo 123 CE: el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Tiene jurisdicción en toda España y sede en Madrid; no se confunde con los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Salas ordinarias: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social; además, Sala de lo Militar conforme a la LOPJ.
La casación no es una tercera instancia automática: sirve para controlar la correcta aplicación del Derecho y favorecer la unidad interpretativa.
El Tribunal Constitucional no es una instancia ordinaria superior al Tribunal Supremo; actúa en garantías constitucionales, constitucionalidad y amparo.
El Presidente del Tribunal Supremo preside también el CGPJ, pero esa coincidencia no fusiona jurisdicción y gobierno judicial.

7. La organización judicial española

La organización judicial española se apoya en el principio constitucional de unidad jurisdiccional y en el desarrollo orgánico de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No debe estudiarse como una lista de edificios judiciales, sino como un mapa de órganos, competencias, territorios y órdenes jurisdiccionales. La Constitución establece los principios y la LOPJ concreta la estructura. En 2026, además, el estudio debe incorporar el cambio introducido por la Ley Orgánica 1/2025, que reorganiza la justicia ordinaria mediante Tribunales de Instancia y nuevas oficinas de apoyo.

La organización judicial combina dos criterios. El primero es territorial: municipios, partidos judiciales, provincias, comunidades autónomas y ámbito estatal. El segundo es material: órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar en los términos legalmente previstos. Esta combinación explica por qué un asunto no se atribuye solo por el lugar donde ocurre, sino también por la materia jurídica discutida. Una reclamación civil, un delito, un acto administrativo y un conflicto laboral siguen cauces distintos.

El partido judicial ha sido tradicionalmente una pieza territorial básica para la planta judicial. La reforma de eficiencia del Servicio Público de Justicia reordena esa base mediante Tribunales de Instancia, concebidos como órganos que agrupan la actividad judicial de cada partido judicial. El Ministerio de Justicia explica que la Ley Orgánica 1/2025 introduce Tribunales de Instancia, Oficinas Judiciales y Oficinas de Justicia en el Municipio, y que el modelo pretende sustituir la dispersión de juzgados unipersonales por una organización más integrada. Esta novedad es esencial para no estudiar un esquema desactualizado.

Los Tribunales de Instancia no eliminan los órdenes jurisdiccionales ni la necesidad de especialización. Su finalidad es reorganizar la estructura de primera instancia dentro de cada partido judicial, permitiendo secciones y una oficina judicial de apoyo. Para el opositor, lo importante es evitar dos extremos: seguir hablando como si nada hubiera cambiado, o afirmar que todos los órganos judiciales clásicos desaparecen de manera inmediata y uniforme sin atender al calendario de implantación. La redacción prudente debe indicar que el nuevo modelo se introduce por la Ley Orgánica 1/2025 y se despliega conforme a sus previsiones; a 30 de junio de 2026, los hitos generales de 2025 ya deben tratarse como calendario normativo vencido, no como una promesa futura, salvo que se cite una incidencia territorial oficial posterior.

Las Oficinas Judiciales son estructuras de apoyo a la actividad jurisdiccional. No sustituyen al juez ni ejercen potestad jurisdiccional, pero ordenan servicios comunes, tramitación, gestión procesal y soporte administrativo. Las Oficinas de Justicia en el Municipio sustituyen progresivamente el papel tradicional de los Juzgados de Paz y amplían la atención territorial al ciudadano en el nuevo modelo. Esta distinción es relevante para cuerpos administrativos: la Administración de Justicia requiere organización de medios, pero la decisión jurisdiccional corresponde a jueces y magistrados.

En el ámbito provincial, las Audiencias Provinciales mantienen una posición relevante, especialmente en materias civiles y penales atribuidas por la ley. En el ámbito autonómico, los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en cada comunidad autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. Esta fórmula es muy útil para examen porque evita pensar que el Tribunal Superior de Justicia es superior al Tribunal Supremo en su territorio. Culmina la organización judicial autonómica, pero el Tribunal Supremo conserva su posición estatal en la jurisdicción ordinaria.

La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional con ámbito estatal y competencias legalmente atribuidas en materias específicas. No debe confundirse con el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional conoce de determinados asuntos penales, contencioso-administrativos o sociales de especial relevancia según la ley, mientras que el Tribunal Supremo ocupa la cúspide de la jurisdicción ordinaria y cumple funciones de casación y resolución de asuntos que le atribuyen la Constitución y las leyes. La clave es no ordenar los órganos solo por notoriedad pública, sino por competencia legal.

El Tribunal Supremo cierra la organización jurisdiccional ordinaria en el plano estatal. Su jurisdicción se extiende a toda España y es superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales. Por encima de las resoluciones ordinarias puede existir control constitucional cuando proceda, pero ese control corresponde al Tribunal Constitucional, que no forma parte de la organización judicial ordinaria. En una pregunta de test, la expresión salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales suele ser el matiz que separa la respuesta correcta de una respuesta incompleta.

La organización judicial también debe distinguirse de la organización administrativa del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en medios personales o materiales. La gestión de edificios, personal al servicio de la Administración de Justicia, tecnologías o atención ciudadana pertenece al plano administrativo de soporte. La potestad jurisdiccional pertenece a juzgados y tribunales. Esta separación explica por qué puede hablarse de Administración de Justicia sin convertir al juez en funcionario administrativo sometido a jerarquía gubernativa.

La planta judicial, la demarcación y las competencias se concretan por normas legales. Por eso, en un texto de estudio riguroso no conviene inventar listas cerradas ni calendarios de implantación si no se han verificado. La Ley Orgánica 1/2025 y la información institucional del Ministerio de Justicia permiten afirmar la dirección del cambio: Tribunales de Instancia, Oficinas Judiciales y Oficinas de Justicia en el Municipio. Para detalles de fechas o implantación concreta debe acudirse a la norma, a las disposiciones transitorias y al desarrollo vigente, evitando expresiones como se implantará para fases generales ya vencidas en 2025.

El valor práctico para la oposición es doble. Primero, permite ubicar cada órgano en su nivel: Tribunal de Instancia en el partido judicial, Audiencia Provincial en la provincia, Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo con ámbito estatal. Segundo, permite separar orden jurisdiccional y territorio: un órgano puede tener ámbito estatal, autonómico o provincial, y al mismo tiempo conocer de materias civiles, penales, contencioso-administrativas, sociales o militares. Esta doble clasificación es la base de muchas preguntas difíciles.

La organización judicial española debe estudiarse como una estructura en transición ordenada por ley orgánica, no como una enumeración antigua. El mapa sigue presidido por Constitución, LOPJ y principios de independencia, unidad y exclusividad jurisdiccional, pero la reforma de 2025 obliga a incorporar Tribunales de Instancia y nuevas oficinas. Un buen opositor no memoriza solo nombres: entiende qué órgano ejerce jurisdicción, qué oficina presta soporte, qué ámbito territorial tiene cada nivel y qué norma sostiene cada afirmación.

La Ley Orgánica 1/2025 modifica la LOPJ para implantar un modelo organizativo basado en Tribunales de Instancia. Estos tribunales se configuran sobre el partido judicial y sustituyen progresivamente la dispersión de juzgados unipersonales como unidades organizativas aisladas. La idea no debe simplificarse diciendo que desaparece toda actuación individual del juez o que todo asunto se decide colegiadamente. Lo relevante para el temario es que la estructura se integra en tribunales con secciones y una oficina judicial de soporte, manteniendo la competencia jurisdiccional conforme a la ley.

El Tribunal Central de Instancia se incorpora al modelo para el ámbito estatal en materias que hasta ahora se vinculaban a juzgados centrales. Debe estudiarse junto a la Audiencia Nacional y el resto de órganos con competencia estatal, sin confundirlos. La Audiencia Nacional sigue siendo órgano jurisdiccional con competencias específicas; el Tribunal Central de Instancia responde al nuevo diseño de instancia en el ámbito central; el Tribunal Supremo conserva su posición superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales. Cada uno tiene función y nivel propios.

Las Oficinas Judiciales son la organización instrumental que asiste a tribunales y jueces. En ellas se ordenan servicios comunes, tramitación y apoyo procesal bajo la dirección que corresponda a los letrados de la Administración de Justicia y conforme a la normativa aplicable. No juzgan, no dictan sentencia y no sustituyen al juez. Esta separación entre órgano jurisdiccional y oficina de apoyo es esencial para cuerpos administrativos porque muchas tareas se desarrollan en oficinas, pero la potestad jurisdiccional permanece reservada a jueces y tribunales.

Las Oficinas de Justicia en el Municipio reemplazan progresivamente el papel tradicional de los Juzgados de Paz y buscan acercar servicios judiciales a la ciudadanía. Su función debe describirse como atención, soporte y prestación de determinados servicios en el territorio, no como creación de pequeños tribunales con potestad jurisdiccional plena. La reforma pretende mejorar accesibilidad y eficiencia, pero debe estudiarse con el calendario y las disposiciones transitorias oficiales, evitando afirmar una implantación uniforme si la norma o el desarrollo territorial establecen fases.

La organización por órdenes jurisdiccionales sigue siendo imprescindible. El orden civil conoce de conflictos privados y materias civiles; el penal, de delitos y responsabilidades penales; el contencioso-administrativo, de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo; el social, de litigios laborales y de Seguridad Social en los términos legales; y el militar, del ámbito castrense previsto por la Constitución y las leyes. La reforma de oficinas o tribunales de instancia no borra esta clasificación material.

La planta judicial y la demarcación determinan dónde existen órganos y qué territorio cubren. Partido judicial, provincia, comunidad autónoma y Estado no son categorías intercambiables. Un Tribunal de Instancia se vincula al partido judicial; una Audiencia Provincial a la provincia; un Tribunal Superior de Justicia a la comunidad autónoma; Audiencia Nacional, Tribunal Central de Instancia y Tribunal Supremo tienen proyección estatal en sus respectivos ámbitos. La pregunta de examen puede fallar si se responde por importancia aparente del órgano y no por competencia territorial y material.

La gestión de medios corresponde al plano administrativo, pero la independencia judicial corresponde al plano jurisdiccional. Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencias asumidas, oficinas y servicios comunes pueden organizar recursos, personal y tecnología. Esa gestión debe facilitar el servicio público de justicia, no dirigir el contenido de las resoluciones. Para estudiar la Administración de Justicia con rigor, hay que mantener tres capas separadas: jueces y tribunales que juzgan, órganos de gobierno judicial que garantizan independencia y administraciones competentes que proporcionan medios.

Puntos esenciales a memorizar

La organización judicial combina criterio territorial y criterio material: partido judicial, provincia, comunidad autónoma o Estado, junto a órdenes civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar.
La Ley Orgánica 1/2025 introduce Tribunales de Instancia, Tribunal Central de Instancia, Oficinas Judiciales y Oficinas de Justicia en el Municipio.
Las Oficinas Judiciales y las Oficinas de Justicia en el Municipio son estructuras de apoyo y atención; no ejercen potestad jurisdiccional.
El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en la comunidad autónoma, sin desplazar la posición estatal del Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional tiene ámbito estatal y competencias legalmente atribuidas; no equivale al Tribunal Supremo.
A 30 de junio de 2026, la reforma de eficiencia debe tratarse como derecho vigente, cuidando el calendario de implantación y sin afirmar más de lo que digan BOE y fuentes institucionales.

8. Biografia

Apartado 1. Las Cortes Generales

Constitución Española consolidada — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 1 sobre Las Cortes Generales.
Reglamento del Congreso de los Diputados en BOE — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 1 sobre Las Cortes Generales.
Reglamento del Senado en BOE — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 1 sobre Las Cortes Generales.

Apartado 2. Composición, atribuciones y funcionamiento

Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General — Uso: fuente oficial para verificar la cifra legal actual del Congreso y el régimen electoral mencionado en el apartado 2.
Constitución Española consolidada — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 2 sobre Composición, atribuciones y funcionamiento.
Reglamento del Congreso de los Diputados en BOE — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 2 sobre Composición, atribuciones y funcionamiento.
Reglamento del Senado en BOE — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 2 sobre Composición, atribuciones y funcionamiento.

Apartado 3. El Defensor del Pueblo

Constitución Española consolidada — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 3 sobre El Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 3 sobre El Defensor del Pueblo.

Apartado 4. El Poder Judicial

Constitución Española consolidada — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 4 sobre El Poder Judicial.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 4 sobre El Poder Judicial.
Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 4 sobre El Poder Judicial.

Apartado 5. El Consejo General del Poder Judicial

Composición del Consejo General del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar la composición institucional del CGPJ en el apartado 5.
Constitución Española consolidada — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 5 sobre El Consejo General del Poder Judicial.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 5 sobre El Consejo General del Poder Judicial.
Consejo General del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 5 sobre El Consejo General del Poder Judicial.
Información institucional del Consejo General del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 5 sobre El Consejo General del Poder Judicial.

Apartado 6. El Tribunal Supremo

Salas jurisdiccionales del Tribunal Supremo — Uso: fuente oficial para verificar las Salas del Tribunal Supremo en el apartado 6.
Constitución Española consolidada — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 6 sobre El Tribunal Supremo.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 6 sobre El Tribunal Supremo.
Tribunal Supremo en el portal del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 6 sobre El Tribunal Supremo.

Apartado 7. La organización judicial española

Real Decreto 530/2025 sobre Oficinas Judiciales y Oficinas de Justicia en los municipios — Uso: fuente oficial para verificar el desarrollo organizativo de oficinas judiciales y municipales en el apartado 7.
Constitución Española consolidada — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 7 sobre La organización judicial española.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 7 sobre La organización judicial española.
Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 7 sobre La organización judicial española.
Nuevo modelo organizativo de la Justicia — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 7 sobre La organización judicial española.
Tribunal Supremo en el portal del Poder Judicial — Uso: fuente oficial para verificar claims del apartado 7 sobre La organización judicial española.

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Tema 2. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.

Lectura pública del tema

1. Las Cortes Generales

1. Las Cortes Generales

Puntos esenciales a memorizar

2. Composición, atribuciones y funcionamiento

2. Composición, atribuciones y funcionamiento

Puntos esenciales a memorizar

3. El Defensor del Pueblo

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Puntos esenciales a memorizar

4. El Poder Judicial

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Puntos esenciales a memorizar

5. El Consejo General del Poder Judicial

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Puntos esenciales a memorizar

6. El Tribunal Supremo

6. El Tribunal Supremo

Puntos esenciales a memorizar

7. La organización judicial española

7. La organización judicial española

Puntos esenciales a memorizar

8. Biografia

8. Biografia

Apartado 1. Las Cortes Generales

Apartado 2. Composición, atribuciones y funcionamiento

Apartado 3. El Defensor del Pueblo

Apartado 4. El Poder Judicial

Apartado 5. El Consejo General del Poder Judicial

Apartado 6. El Tribunal Supremo

Apartado 7. La organización judicial española

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