Tema 11. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento administrativo común y sus fases. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

1. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público

1. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público

🎯 Idea clave

• Las Leyes 39/2015 y 40/2015 constituyen el marco normativo básico del procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público en la Administración General del Estado.
• La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común, garantizando derechos y obligaciones de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
• La Ley 40/2015 establece los principios de organización y funcionamiento del sector público, incluyendo la AGE y sus organismos.
• Ambas leyes derogaron normativas anteriores, unificando y modernizando el marco jurídico-administrativo.
• Su aplicación es obligatoria para todos los órganos de la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas.
• Estas leyes incorporan principios de transparencia, eficacia y servicio al ciudadano como ejes centrales de la actuación administrativa.

📚 Desarrollo

Base normativa. Las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), conforman el núcleo legislativo que regula la actuación administrativa en la Administración General del Estado. Estas normas entraron en vigor el 2 de octubre de 2016, derogando la Ley 30/1992 y otras disposiciones anteriores, con el objetivo de simplificar y modernizar la relación entre la Administración y los ciudadanos.

Ámbito de aplicación. La LPACAP se aplica a todas las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como a los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas. La LRJSP, por su parte, regula la organización y funcionamiento del sector público estatal, definiendo los principios generales que rigen la actuación de los órganos administrativos y sus relaciones internas y externas.

Principios rectores. Ambas leyes incorporan principios fundamentales como la transparencia, la eficacia, la eficiencia y la colaboración. La LPACAP enfatiza el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración, mientras que la LRJSP establece los criterios de organización y funcionamiento de los órganos administrativos, garantizando la coherencia en la actuación del sector público. Estos principios buscan mejorar la calidad de los servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los procedimientos administrativos.

Derechos de los ciudadanos. La LPACAP reconoce una serie de derechos para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, como el derecho a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración, el derecho a obtener información y orientación sobre los requisitos de los procedimientos, y el derecho a la utilización de medios electrónicos en sus trámites. Estos derechos están diseñados para garantizar una administración más accesible, ágil y cercana al ciudadano.

Obligaciones de la Administración. La Administración General del Estado está obligada a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la LPACAP, así como a aplicar los principios de la LRJSP en su organización y funcionamiento. Esto incluye la obligación de resolver los procedimientos en plazo, notificar las resoluciones de manera fehaciente y garantizar la interoperabilidad entre los distintos sistemas y plataformas utilizadas por la Administración.

Relación entre ambas leyes. La LPACAP y la LRJSP son complementarias y deben interpretarse de manera conjunta. Mientras la LPACAP se centra en el procedimiento administrativo y las relaciones con los ciudadanos, la LRJSP regula la organización interna del sector público y las relaciones entre los distintos órganos administrativos. Ambas leyes buscan crear un marco jurídico coherente que facilite la actuación administrativa y mejore la prestación de servicios públicos.

Impacto en el Cuerpo General Auxiliar. Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, estas leyes son fundamentales, ya que establecen las bases sobre las que se desarrollan los procedimientos administrativos en los que participan. Su conocimiento es esencial para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficacia y servicio al ciudadano en el desempeño de sus funciones.

🧩 Elementos esenciales

• Ley 39/2015 (LPACAP): Regula el procedimiento administrativo común, los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de la Administración en sus relaciones con ellos.
• Ley 40/2015 (LRJSP): Establece el régimen jurídico del sector público, incluyendo principios de organización, funcionamiento y relaciones entre órganos administrativos.
• Ámbito subjetivo: Ambas leyes se aplican a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos públicos vinculados.
• Principios generales: Transparencia, eficacia, eficiencia, colaboración y servicio al ciudadano como ejes de la actuación administrativa.
• Derechos electrónicos: La LPACAP reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración, garantizando la validez de los trámites realizados por medios digitales.
• Obligación de resolver: La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla en plazo.
• Interoperabilidad: Las leyes promueven la interoperabilidad entre los sistemas de información de las distintas Administraciones para facilitar la tramitación electrónica.
• Simplificación administrativa: Se eliminan trámites innecesarios y se unifican criterios para agilizar los procedimientos.
• Responsabilidad patrimonial: La LRJSP regula la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.
• Coordinación administrativa: Se establecen mecanismos para garantizar la coherencia en la actuación de los distintos órganos y entidades del sector público.

🧠 Recuerda

• Las Leyes 39/2015 y 40/2015 son el marco normativo básico del procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público en la AGE.
• La LPACAP regula el procedimiento administrativo común y los derechos de los ciudadanos, mientras que la LRJSP se centra en la organización y funcionamiento del sector público.
• Ambas leyes derogaron normativas anteriores, unificando y modernizando el marco jurídico-administrativo.
• Los principios de transparencia, eficacia y servicio al ciudadano son fundamentales en la aplicación de estas leyes.
• La Administración está obligada a resolver los procedimientos en plazo y a notificar las resoluciones de manera fehaciente.
• Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración, garantizando la validez de los trámites digitales.
• La interoperabilidad entre sistemas es clave para facilitar la tramitación electrónica y la colaboración entre Administraciones.
• El Cuerpo General Auxiliar debe conocer estas leyes para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y eficacia en su trabajo diario.

2. El procedimiento administrativo común y sus fases

2. El procedimiento administrativo común y sus fases

🎯 Idea clave

• El procedimiento administrativo común regula la actuación de las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos.
• Se estructura en fases claramente diferenciadas que garantizan los derechos de los interesados y el cumplimiento de los principios de eficacia y legalidad.
• La iniciación puede ser de oficio o a instancia de parte, según la naturaleza del procedimiento.
• La ordenación del procedimiento asegura su desarrollo ágil y conforme a los plazos establecidos.
• La instrucción recopila los elementos necesarios para adoptar una resolución motivada.
• La finalización del procedimiento puede producirse por resolución expresa, desistimiento, renuncia o caducidad.

📚 Desarrollo

Marco normativo. El procedimiento administrativo común se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta norma establece las fases obligatorias que deben seguirse para garantizar la transparencia, la participación de los interesados y la legalidad de la actuación administrativa.

Fase de iniciación. El procedimiento puede iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, o a instancia de parte, mediante solicitud presentada por el interesado. En ambos casos, se debe notificar el inicio del procedimiento a los interesados, indicando los plazos, los efectos del silencio administrativo y los recursos que procedan.

Ordenación del procedimiento. Esta fase comprende las actuaciones necesarias para impulsar el procedimiento, como la acumulación de expedientes, la práctica de notificaciones y la adopción de medidas provisionales. Su objetivo es asegurar que el procedimiento avance de manera ordenada y dentro de los plazos establecidos.

Instrucción del procedimiento. Durante esta fase se recopilan los hechos, las pruebas y los informes necesarios para fundamentar la resolución. Incluye la audiencia a los interesados, la emisión de informes técnicos o jurídicos y la práctica de pruebas. Los interesados tienen derecho a presentar alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del procedimiento.

Finalización del procedimiento. El procedimiento concluye con una resolución expresa que decide sobre el fondo del asunto. También puede finalizar por desistimiento del interesado, renuncia al derecho, caducidad o imposibilidad material de continuar. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el silencio administrativo puede producir efectos estimatorios o desestimatorios según lo establecido en la normativa.

Notificación y publicación. La resolución debe notificarse a los interesados, indicando los recursos que procedan, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo para interponerlos. En determinados casos, la resolución también puede publicarse en el Boletín Oficial correspondiente cuando afecte a un número indeterminado de personas.

🧩 Elementos esenciales

• Iniciación de oficio: Comienza por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, una petición razonada de otros órganos o una denuncia.
• Iniciación a instancia de parte: Se inicia mediante solicitud del interesado, que debe contener los datos identificativos, el objeto del procedimiento y la firma del solicitante.
• Notificación del inicio: Acto por el que se comunica a los interesados el inicio del procedimiento, los plazos, los efectos del silencio administrativo y los recursos procedentes.
• Ordenación: Conjunto de actuaciones destinadas a impulsar el procedimiento, como la acumulación de expedientes, la práctica de notificaciones y la adopción de medidas provisionales.
• Instrucción: Fase en la que se recopilan los hechos, las pruebas y los informes necesarios para adoptar una resolución motivada, incluyendo la audiencia a los interesados.
• Audiencia a los interesados: Derecho de los interesados a presentar alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del procedimiento antes de la resolución.
• Resolución expresa: Acto administrativo que pone fin al procedimiento decidiendo sobre el fondo del asunto, motivando los hechos y los fundamentos de derecho.
• Silencio administrativo: Efecto que se produce cuando la Administración no resuelve expresamente en el plazo establecido, pudiendo ser estimatorio o desestimatorio según la normativa aplicable.
• Desistimiento y renuncia: Formas de finalización del procedimiento por voluntad del interesado, que pueden producirse en cualquier momento antes de la resolución.
• Caducidad: Forma de finalización del procedimiento cuando el interesado no realiza las actuaciones necesarias para su continuación en el plazo establecido.
• Notificación de la resolución: Acto por el que se comunica la resolución a los interesados, indicando los recursos procedentes, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo para interponerlos.

🧠 Recuerda

• El procedimiento administrativo común se regula en la Ley 39/2015.
• Las fases del procedimiento son iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
• La iniciación puede ser de oficio o a instancia de parte.
• La ordenación del procedimiento asegura su desarrollo ágil y conforme a los plazos.
• La instrucción recopila los elementos necesarios para adoptar una resolución motivada.
• La finalización puede producirse por resolución expresa, desistimiento, renuncia o caducidad.
• El silencio administrativo puede tener efectos estimatorios o desestimatorios.
• Los interesados tienen derecho a presentar alegaciones y aportar documentos durante la instrucción.
• La resolución debe notificarse a los interesados, indicando los recursos procedentes.
• La caducidad se produce cuando el interesado no realiza las actuaciones necesarias en el plazo establecido.

3. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos

3. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos

🎯 Idea clave

• La revisión de los actos administrativos en vía administrativa permite corregir errores o ilegalidades sin acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
• La revisión de oficio es un mecanismo excepcional que solo puede iniciarse por la propia Administración en casos tasados.
• Los recursos administrativos son instrumentos para impugnar actos ante la propia Administración, con efectos suspensivos en determinados supuestos.
• El recurso de alzada y el recurso de reposición son los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015.
• El recurso extraordinario de revisión procede en supuestos excepcionales, como la aparición de documentos decisivos no conocidos en su momento.
• La interposición de recursos administrativos no suspende automáticamente la ejecución del acto, salvo que así lo disponga la ley o se acuerde motivadamente.

📚 Desarrollo

Finalidad de la revisión. La revisión de los actos en vía administrativa tiene como objetivo garantizar la legalidad y la eficacia de la actuación administrativa. Permite a la Administración corregir sus propios actos cuando adolecen de vicios de nulidad o anulabilidad, evitando así la judicialización de conflictos que pueden resolverse internamente. Este mecanismo refuerza el principio de autotutela administrativa, que faculta a la Administración para revisar sus actos sin necesidad de intervención judicial.

Revisión de oficio. La revisión de oficio es un procedimiento excepcional que solo puede iniciarse por la Administración en supuestos tasados. Según la Ley 39/2015, procede cuando los actos son nulos de pleno derecho, es decir, cuando incurren en vicios graves que los hacen radicalmente inválidos desde su origen. También puede iniciarse para declarar la lesividad de actos anulables, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde su adopción y se acredite un interés público. La declaración de lesividad requiere un procedimiento específico, que culmina con la resolución que acuerda la impugnación del acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Recursos administrativos ordinarios. Los recursos administrativos ordinarios son el recurso de alzada y el recurso de reposición. El recurso de alzada se interpone contra actos que no agotan la vía administrativa, es decir, aquellos que pueden ser recurridos ante un órgano superior jerárquico. Su resolución corresponde al órgano inmediatamente superior al que dictó el acto impugnado. El recurso de reposición, en cambio, se interpone contra actos que agotan la vía administrativa, y su resolución corresponde al mismo órgano que dictó el acto. Ambos recursos deben interponerse en el plazo de un mes desde la notificación del acto, salvo que una norma establezca otro plazo.

Recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo excepcional que procede en supuestos tasados, como la aparición de documentos de valor esencial para la resolución del asunto que no se conocían en el momento de dictarse el acto, o cuando el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. Este recurso debe interponerse en el plazo de cuatro años desde que se conoció el motivo que lo justifica, y su resolución corresponde al órgano que dictó el acto impugnado. Su carácter extraordinario implica que no suspende la ejecución del acto, salvo que así lo acuerde el órgano competente.

Efectos de los recursos. La interposición de un recurso administrativo no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado. Sin embargo, la Administración puede acordar la suspensión cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. La suspensión debe ser motivada y puede estar sujeta a la prestación de garantías por parte del recurrente. Este régimen busca equilibrar el principio de ejecutividad de los actos administrativos con la protección de los derechos de los interesados.

Plazos y requisitos formales. Los recursos administrativos deben interponerse por escrito, identificando claramente el acto impugnado y los motivos de la impugnación. El plazo general para interponer el recurso de alzada o reposición es de un mes desde la notificación del acto, mientras que el recurso extraordinario de revisión debe presentarse en el plazo de cuatro años desde que se conoció el motivo que lo justifica. La falta de identificación del acto o de los motivos de impugnación puede dar lugar a la inadmisión del recurso. Además, la interposición del recurso debe notificarse a los interesados en el procedimiento para garantizar su derecho de defensa.

Resolución de los recursos. La resolución de los recursos administrativos debe ser motivada y decidir todas las cuestiones planteadas por el recurrente. En el caso del recurso de alzada, el órgano competente para resolverlo es el superior jerárquico del que dictó el acto, mientras que en el recurso de reposición y en el extraordinario de revisión, la resolución corresponde al mismo órgano que dictó el acto. La resolución debe notificarse a los interesados en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimado el recurso por silencio administrativo, salvo que una norma establezca lo contrario.

Silencio administrativo en recursos. El silencio administrativo en la resolución de recursos puede ser positivo o negativo, dependiendo de lo que establezca la normativa aplicable. En el caso de los recursos de alzada y reposición, el silencio es negativo, es decir, se entiende desestimado el recurso si no se resuelve en el plazo de tres meses. Sin embargo, en algunos supuestos excepcionales, como los recursos contra actos de gravamen, el silencio puede ser positivo. Este régimen busca evitar la paralización indefinida de los procedimientos y garantizar la seguridad jurídica de los interesados.

🧩 Elementos esenciales

• Revisión de oficio: Mecanismo excepcional para declarar la nulidad de actos nulos de pleno derecho o la lesividad de actos anulables.
• Recurso de alzada: Recurso ordinario contra actos que no agotan la vía administrativa, resuelto por el órgano superior jerárquico.
• Recurso de reposición: Recurso ordinario contra actos que agotan la vía administrativa, resuelto por el mismo órgano que dictó el acto.
• Recurso extraordinario de revisión: Recurso excepcional por causas tasadas, como la aparición de documentos decisivos o vicios graves en la tramitación.
• Plazo de interposición: Un mes para recursos ordinarios (alzada y reposición) y cuatro años para el recurso extraordinario de revisión.
• Efectos suspensivos: La interposición de recursos no suspende automáticamente la ejecución del acto, salvo que así lo acuerde la Administración.
• Silencio administrativo: En recursos ordinarios, el silencio es negativo (desestimación) si no se resuelve en tres meses.
• Motivación de la resolución: Las resoluciones de recursos deben ser motivadas y decidir todas las cuestiones planteadas.
• Notificación a interesados: La interposición del recurso debe notificarse a los interesados para garantizar su derecho de defensa.
• Causas de nulidad de pleno derecho: Supuestos graves que permiten la revisión de oficio, como la incompetencia manifiesta o la violación de derechos fundamentales.

🧠 Recuerda

• La revisión de oficio solo procede en casos de nulidad de pleno derecho o para declarar la lesividad de actos anulables.
• El recurso de alzada se interpone ante el órgano superior jerárquico, mientras que el de reposición se dirige al mismo órgano que dictó el acto.
• El recurso extraordinario de revisión es excepcional y requiere causas tasadas, como documentos decisivos no conocidos previamente.
• La interposición de recursos no suspende automáticamente la ejecución del acto, salvo que la Administración lo acuerde motivadamente.
• El plazo para interponer recursos ordinarios es de un mes, mientras que para el recurso extraordinario es de cuatro años.
• El silencio administrativo en recursos ordinarios es negativo, salvo que una norma establezca lo contrario.
• Las resoluciones de recursos deben ser motivadas y notificarse a los interesados en el plazo de tres meses.
• La declaración de lesividad requiere un procedimiento específico y la posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
• Los recursos administrativos son previos al recurso contencioso-administrativo, salvo que el acto agote la vía administrativa.
• La revisión de oficio y los recursos administrativos refuerzan el principio de autotutela administrativa.

4. El recurso contencioso-administrativo

4. El recurso contencioso-administrativo

🎯 Idea clave

• El recurso contencioso-administrativo es un mecanismo jurisdiccional para impugnar actos administrativos ante los tribunales.
• Su regulación principal se encuentra en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Procede contra actos administrativos definitivos y contra disposiciones de carácter general.
• Requiere agotar previamente la vía administrativa, salvo excepciones legalmente establecidas.
• Su finalidad es garantizar el control judicial de la legalidad de la actuación administrativa.
• Las partes en el proceso son la Administración autora del acto y el particular afectado.

📚 Desarrollo

Naturaleza y finalidad. El recurso contencioso-administrativo es un proceso judicial que permite a los ciudadanos impugnar la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración Pública. Su objetivo principal es someter la actuación administrativa al control de los tribunales, garantizando así el principio de legalidad y la protección de los derechos e intereses legítimos de los administrados.

Ámbito de aplicación. Este recurso procede contra actos administrativos definitivos, entendiendo como tales aquellos que ponen fin a la vía administrativa. También puede interponerse contra disposiciones de carácter general, como reglamentos, cuando estos vulneren derechos o intereses legítimos. No obstante, quedan excluidos de su ámbito los actos políticos del Gobierno, salvo que afecten a derechos fundamentales.

Requisitos previos. Para interponer el recurso contencioso-administrativo, es necesario agotar previamente la vía administrativa, es decir, haber interpuesto los recursos administrativos pertinentes (alzada o reposición) sin obtener una resolución favorable. Existen excepciones a este requisito, como cuando el acto es expreso y agota la vía administrativa o cuando la ley establece un plazo específico para recurrir directamente ante los tribunales.

Órganos competentes. La competencia para conocer de estos recursos corresponde a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, cuya organización y funcionamiento se regulan en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La competencia se distribuye en función de la materia y del órgano administrativo autor del acto impugnado, pudiendo recaer en juzgados unipersonales, salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia o en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Plazos de interposición. El plazo general para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde la notificación del acto administrativo que agota la vía administrativa. Si el acto es presunto, el plazo comienza a contar desde que se entiende producido el silencio administrativo. En el caso de disposiciones generales, el plazo es de seis meses desde su publicación.

Procedimiento. El procedimiento se inicia con la presentación de un escrito de interposición ante el órgano judicial competente, en el que se deben exponer los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones del recurrente. La Administración demandada dispone de un plazo para contestar a la demanda, tras lo cual se celebra una vista oral si es necesaria. Finalmente, el tribunal dicta sentencia, que puede estimar o desestimar el recurso.

Efectos de la sentencia. La sentencia que estima el recurso contencioso-administrativo puede declarar la nulidad del acto impugnado, condenar a la Administración a realizar una determinada actuación o reconocer derechos a favor del recurrente. En caso de desestimación, el acto administrativo queda confirmado en su legalidad. Las sentencias firmes tienen efectos de cosa juzgada y son ejecutables frente a la Administración.

🧩 Elementos esenciales

• Acto impugnable: Solo pueden recurrirse actos administrativos definitivos o disposiciones generales que afecten a derechos o intereses legítimos.
• Agotamiento de la vía administrativa: Requisito previo, salvo excepciones legalmente establecidas.
• Plazo de interposición: Dos meses para actos expresos y seis meses para disposiciones generales.
• Órganos competentes: Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, según la materia y el órgano autor del acto.
• Escrito de interposición: Documento inicial que debe contener hechos, fundamentos de derecho y pretensiones.
• Contestación a la demanda: La Administración demandada debe responder en el plazo establecido.
• Vista oral: Fase procesal en la que las partes pueden alegar y presentar pruebas.
• Sentencia: Resolución judicial que estima o desestima el recurso, con efectos de cosa juzgada.
• Ejecución de la sentencia: Obligación de la Administración de cumplir lo dispuesto en la resolución judicial.
• Recursos contra la sentencia: Posibilidad de interponer recursos de apelación, casación u otros según la legislación procesal.

🧠 Recuerda

• El recurso contencioso-administrativo es un proceso judicial, no administrativo.
• Su finalidad es controlar la legalidad de la actuación administrativa.
• Es necesario agotar la vía administrativa antes de recurrir, salvo excepciones.
• Los plazos para interponer el recurso son improrrogables.
• La competencia para conocer del recurso depende del órgano administrativo autor del acto.
• La sentencia puede declarar la nulidad del acto o reconocer derechos al recurrente.
• Las sentencias firmes tienen efectos de cosa juzgada y son ejecutables.
• La Administración está obligada a cumplir las resoluciones judiciales.
• El recurso procede contra actos definitivos y disposiciones generales, no contra actos de trámite.
• La interposición del recurso no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado.

5. Actividad administrativa impugnable

5. Actividad administrativa impugnable

🎯 Idea clave

• La actividad administrativa impugnable comprende los actos y disposiciones que pueden ser objeto de recurso en vía administrativa o judicial.
• Solo son impugnables los actos que producen efectos jurídicos directos sobre los interesados.
• La impugnación puede realizarse mediante recursos administrativos o a través del recurso contencioso-administrativo.
• No toda actuación administrativa es susceptible de impugnación, sino únicamente aquella que afecte a derechos o intereses legítimos.
• La actividad material o de hecho de la Administración no es impugnable directamente, salvo que derive de un acto previo.
• La impugnación busca garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actuación administrativa.

📚 Desarrollo

Concepto de actividad impugnable. La actividad administrativa impugnable se refiere a aquellos actos y disposiciones dictados por la Administración que producen efectos jurídicos sobre los administrados. Estos actos deben ser definitivos, es decir, poner fin a la vía administrativa, o de trámite si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión.

Actos definitivos y de trámite. Los actos definitivos son aquellos que resuelven el procedimiento administrativo, mientras que los actos de trámite pueden ser impugnables si cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, un acto de trámite que decida sobre la admisión de un recurso o que impida la continuación del procedimiento puede ser objeto de impugnación. Sin embargo, los actos de mero trámite, como notificaciones o requerimientos, no son impugnables por sí mismos.

Disposiciones generales. Las disposiciones generales, como reglamentos o instrucciones, también pueden ser impugnables. Estas normas, aunque no son actos administrativos en sentido estricto, pueden ser recurridas cuando afectan a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos. La impugnación de disposiciones generales suele realizarse a través del recurso contencioso-administrativo, ya que no cabe recurso administrativo contra ellas.

Actividad material o de hecho. La actividad material o de hecho de la Administración, como la ejecución de obras o la prestación de servicios, no es impugnable directamente. Sin embargo, si esta actividad deriva de un acto administrativo previo, como una resolución o una orden, la impugnación deberá dirigirse contra dicho acto. Por ejemplo, si la Administración realiza una obra sin la preceptiva licencia, el acto impugnable sería la resolución que autoriza la obra, no la obra en sí.

Silencio administrativo. El silencio administrativo, tanto positivo como negativo, también puede ser objeto de impugnación. En el caso del silencio negativo, la falta de resolución expresa en plazo se considera un acto presunto denegatorio, que puede ser recurrido. El silencio positivo, por su parte, se equipara a una resolución estimatoria y puede ser impugnado si vulnera el ordenamiento jurídico.

Exclusiones. No son impugnables los actos que carecen de efectos jurídicos directos, como los informes o dictámenes, salvo que estos determinen el sentido de una resolución posterior. Tampoco son impugnables los actos internos de la Administración, como las instrucciones o circulares que no afecten a terceros. Además, los actos que agotan la vía administrativa pueden ser recurridos directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Protección de derechos e intereses legítimos. La impugnación de la actividad administrativa tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Para ello, el ordenamiento jurídico establece mecanismos como los recursos administrativos y el recurso contencioso-administrativo, que permiten revisar la legalidad de los actos y disposiciones administrativas. La legitimación para impugnar corresponde a quienes ostenten un derecho o interés legítimo afectado por la actuación administrativa.

🧩 Elementos esenciales

• Actos definitivos: Resoluciones que ponen fin a un procedimiento administrativo y son impugnables directamente.
• Actos de trámite cualificados: Actos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, impiden la continuación del procedimiento o producen indefensión.
• Disposiciones generales: Normas reglamentarias que pueden ser impugnadas si afectan a derechos o intereses legítimos.
• Silencio administrativo: Acto presunto que se produce por la falta de resolución expresa en plazo y puede ser recurrido.
• Actividad material: No es impugnable directamente, salvo que derive de un acto administrativo previo.
• Legitimación: Solo pueden impugnar quienes tengan un derecho o interés legítimo afectado por la actuación administrativa.
• Recursos administrativos: Mecanismos de impugnación en vía administrativa, como el recurso de alzada o el de reposición.
• Recurso contencioso-administrativo: Vía judicial para impugnar actos administrativos que agotan la vía administrativa.
• Exclusiones: Actos internos, informes o dictámenes que no producen efectos jurídicos directos sobre terceros.
• Efectos jurídicos: Requisito esencial para que un acto o disposición sea impugnable, ya que debe afectar a derechos o intereses legítimos.

🧠 Recuerda

• Solo son impugnables los actos que producen efectos jurídicos directos sobre los interesados.
• Los actos definitivos y los de trámite cualificados pueden ser recurridos en vía administrativa o judicial.
• Las disposiciones generales son impugnables si afectan a derechos o intereses legítimos.
• El silencio administrativo, tanto positivo como negativo, puede ser objeto de impugnación.
• La actividad material de la Administración no es impugnable directamente, salvo que derive de un acto previo.
• La legitimación para impugnar corresponde a quienes tengan un derecho o interés legítimo afectado.
• Los recursos administrativos y el recurso contencioso-administrativo son los mecanismos para impugnar la actividad administrativa.
• No son impugnables los actos internos o los que carecen de efectos jurídicos directos.
• La impugnación busca garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos.
• La vía administrativa debe agotarse antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

6. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa

6. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa

🎯 Idea clave

• La capacidad de las partes en el procedimiento administrativo determina quién puede actuar válidamente en el mismo.
• La legitimación establece quién tiene un interés legítimo para intervenir en un procedimiento concreto.
• La representación permite actuar en nombre de otra persona, ya sea de forma voluntaria o legal.
• La defensa garantiza el derecho de las partes a ser asistidas por un profesional en el procedimiento.
• La Ley 39/2015 regula estos conceptos para asegurar la participación efectiva de los interesados.
• La correcta identificación de las partes es esencial para la validez del procedimiento administrativo.

📚 Desarrollo

Capacidad jurídica y de obrar. En el procedimiento administrativo, la capacidad jurídica se reconoce a todas las personas físicas y jurídicas, así como a los entes sin personalidad jurídica que tengan capacidad de obrar conforme a derecho. La capacidad de obrar, por su parte, se refiere a la aptitud para realizar actos con eficacia jurídica, y en el ámbito administrativo se rige por lo dispuesto en la Ley 39/2015. Las personas físicas mayores de edad no incapacitadas tienen plena capacidad de obrar, mientras que los menores e incapacitados pueden actuar mediante sus representantes legales.

Legitimación activa y pasiva. La legitimación determina quién puede ser parte en un procedimiento administrativo. Se distingue entre legitimación activa, que faculta para iniciar o intervenir en un procedimiento, y legitimación pasiva, que corresponde a la Administración o a los sujetos frente a los que se dirige la actuación. La Ley 39/2015 establece que están legitimados los interesados que tengan derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, afectados por el procedimiento. También se reconoce legitimación a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.

Representación voluntaria y legal. Las partes pueden actuar por sí mismas o mediante representante. La representación puede ser voluntaria, cuando se otorga mediante apoderamiento expreso, o legal, cuando la ley la impone, como en el caso de los menores o incapacitados. La representación voluntaria debe acreditarse mediante documento público, privado con firma reconocida o comparecencia ante el órgano administrativo. La Administración puede requerir la subsanación de la representación si no está debidamente acreditada, garantizando así la seguridad jurídica del procedimiento.

Defensa técnica. Las partes tienen derecho a ser asistidas por un profesional en el procedimiento administrativo, aunque no es obligatorio salvo en casos específicos establecidos por la ley. Este derecho incluye la posibilidad de designar un abogado o procurador para que actúe en su nombre, especialmente en procedimientos complejos o cuando se prevea la impugnación de actos administrativos. La defensa técnica no sustituye la capacidad de obrar, pero refuerza la protección de los derechos e intereses de las partes durante el procedimiento.

Interesados en el procedimiento. La Ley 39/2015 define como interesados a quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, así como a aquellos que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución. También se consideran interesados los titulares de intereses legítimos colectivos o difusos, siempre que estén reconocidos por la normativa aplicable. La identificación correcta de los interesados es fundamental para garantizar el derecho de audiencia y la participación en el procedimiento.

Acreditación de la condición de parte. La condición de parte en el procedimiento debe acreditarse mediante los documentos pertinentes, como escrituras públicas, poderes notariales o resoluciones judiciales en el caso de representación legal. La Administración puede verificar la autenticidad de estos documentos y, en caso de duda, requerir su subsanación. La falta de acreditación adecuada puede dar lugar a la inadmisión de la actuación de la parte, por lo que es esencial cumplir con los requisitos formales establecidos.

Efectos de la falta de capacidad o legitimación. La falta de capacidad de obrar o de legitimación puede dar lugar a la nulidad de los actos realizados por la parte afectada. La Administración debe velar por que todas las partes cumplan estos requisitos antes de dictar resolución, ya que su incumplimiento puede afectar a la validez del procedimiento. En caso de detectarse una irregularidad, se debe conceder un plazo para subsanarla, garantizando así el principio de contradicción y el derecho de defensa.

🧩 Elementos esenciales

• Capacidad jurídica: Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones en el procedimiento administrativo.
• Capacidad de obrar: Aptitud para realizar actos con eficacia jurídica, regulada por la Ley 39/2015.
• Legitimación activa: Derecho a iniciar o intervenir en un procedimiento por tener un interés legítimo afectado.
• Legitimación pasiva: Sujetos frente a los que se dirige la actuación administrativa, como la Administración o particulares.
• Representación voluntaria: Otorgada mediante apoderamiento expreso, acreditada con documento público o privado.
• Representación legal: Impuesta por la ley, como en el caso de menores o incapacitados.
• Defensa técnica: Derecho a ser asistido por un abogado o procurador, aunque no es obligatoria en todos los casos.
• Interesados: Personas físicas o jurídicas con derechos o intereses legítimos afectados por el procedimiento.
• Acreditación de la condición de parte: Documentación necesaria para demostrar la capacidad, legitimación o representación.
• Subsanación: Plazo concedido por la Administración para corregir defectos en la acreditación de las partes.
• Nulidad: Consecuencia de actuar sin capacidad de obrar o legitimación, salvo que se subsane el defecto.
• Principio de contradicción: Garantía de que todas las partes puedan exponer sus argumentos antes de la resolución.

🧠 Recuerda

• La capacidad de obrar es esencial para actuar válidamente en el procedimiento administrativo.
• La legitimación determina quién puede ser parte en un procedimiento concreto.
• La representación puede ser voluntaria o legal, y debe acreditarse adecuadamente.
• La defensa técnica refuerza la protección de los derechos de las partes, aunque no siempre es obligatoria.
• Los interesados son aquellos cuyos derechos o intereses legítimos resultan afectados por el procedimiento.
• La falta de capacidad o legitimación puede dar lugar a la nulidad de los actos realizados.
• La Administración debe garantizar el derecho de audiencia y la participación de todas las partes.
• La acreditación de la condición de parte es un requisito formal que debe cumplirse para evitar irregularidades.
• La subsanación permite corregir defectos en la acreditación de las partes, evitando la nulidad.
• El principio de contradicción asegura que todas las partes puedan exponer sus argumentos antes de la resolución.