Tema 3. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y Senado. El Defensor del Pueblo.

1. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y Senado

1. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y Senado

🎯 Idea clave

• Las Cortes Generales constituyen el Parlamento del Estado español y representan al pueblo según el artículo 66 de la Constitución.
• Su estructura bicameral integra el Congreso de los Diputados y el Senado, configurando un sistema de bicameralismo asimétrico.
• Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos generales y controlan la acción del Gobierno.
• Gozan de inviolabilidad institucional que protege la institución como tal frente a injerencias de otros poderes.
• Su regulación completa se encuentra en el Título III de la Constitución, comprendido entre los artículos 66 y 96.
• El Congreso ostenta la primacía en la investidura presidencial y en la última palabra legislativa, mientras el Senado representa al territorio.

📚 Desarrollo

Naturaleza jurídica. Las Cortes Generales representan al pueblo español y constituyen el Parlamento del Estado, ocupando una posición central en el sistema constitucional español. Encarnan la soberanía nacional y se configuran como órgano esencial de la Monarquía parlamentaria, reguladas en el Título III de la Constitución.

Estructura bicameral. Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, configurando un sistema de bicameralismo asimétrico donde cada cámara cumple funciones específicas. El Congreso ostenta la primacía en la mayoría de los procesos legislativos y en la investidura presidencial.

Atribuciones nucleares. El artículo 66 de la Constitución les confiere la potestad legislativa del Estado, la aprobación de los Presupuestos generales y el control de la acción del Gobierno. Asimismo, ostentan las demás competencias que les atribuya expresamente la Constitución.

Inviolabilidad institucional. Gozan de inviolabilidad institucional, una garantía que protege a la institución como tal frente a injerencias de otros poderes del Estado. Esta protección se diferencia de la inviolabilidad individual de los parlamentarios y asegura la independencia del poder legislativo.

Otras competencias. Entre sus funciones destacan autorizar la prestación del consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente mediante tratados, proveer a la sucesión en la Corona cuando se extinguen las líneas llamadas en derecho, recibir el juramento del Rey y autorizar referéndums consultivos.

Composición del Congreso. El Congreso está integrado por trescientos cincuenta diputados elegidos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Se aplica un sistema proporcional de representación según el método D'Hondt en circunscripciones provinciales, con una barrera del tres por ciento.

Composición del Senado. El Senado representa al territorio y está compuesto por cuatro senadores por cada provincia peninsular elegidos directamente, junto a senadores designados por las Asambleas autonómicas. Existe un régimen especial para provincias insulares y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Estatuto de los miembros. Los parlamentarios gozan de inviolabilidad e inmunidad, están aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y se les prohíbe expresamente el mandato imperativo. Deben actuar conforme a su libre conciencia, sin que puedan estar ligados por instrucciones de sus electores.

🧩 Elementos esenciales

• Artículo 66 CE: Define a las Cortes como representantes del pueblo español y establece su estructura bicameral.
• Título III Constitución: Comprende los artículos 66 a 96 que regulan el funcionamiento y composición de las Cortes Generales.
• Bicameralismo asimétrico: El Congreso tiene la última palabra en la mayoría de procesos legislativos y la iniciativa en la investidura presidencial.
• Sistema electoral Congreso: Proporcional D'Hondt con circunscripción provincial, mandato de cuatro años y 350 escaños fijados por la LOREG.
• Barrera electoral: Tres por ciento de los votos válidos en cada circunscripción para obtener representación parlamentaria.
• Senado territorial: Representa a las provincias y Comunidades Autónomas mediante designación mixta, directa e indirecta.
• Senadores designados: Un senador por Comunidad Autónoma y otro por cada millón de habitantes designados por las Asambleas autonómicas.
• Inviolabilidad institucional: Protección de la institución parlamentaria frente a injerencias externas, distinta de la individual.
• Prohibición mandato imperativo: Los diputados y senadores no están ligados por instrucciones de sus electores ni de sus partidos.
• Aforamiento: Competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para conocer de procesos contra parlamentarios.

🧠 Recuerda

• Las Cortes representan al pueblo español, no a las Comunidades Autónomas en su conjunto.
• El Congreso tiene 350 diputados, no entre 300 y 400 como permite la Constitución en su redacción abstracta.
• El Senado es la cámara de representación territorial, con papel destacado en el artículo 155 CE.
• La inviolabilidad es institucional, no solo individual.
• El mandato parlamentario dura cuatro años.
• El sistema D'Hondt se aplica en circunscripciones provinciales con un mínimo del 3% de votos.
• Las Cortes aprueban leyes, Presupuestos y controlan al Gobierno.
• Los parlamentarios son aforados ante el Tribunal Supremo.
• El mandato imperativo está expresamente prohibido por la Constitución.
• El Congreso prima en la convalidación de Reales Decretos-leyes y en la mayoría de las decisiones legislativas.

2. El Defensor del Pueblo

2. El Defensor del Pueblo

🎯 Idea clave

• El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales.
• Su naturaleza jurídica es mixta, combinando la condición de órgano parlamentario de garantía con la de supervisor externo de la Administración.
• No ejerce funciones jurisdiccionales ni sustituye a los jueces en la tutela de derechos.
• Actúa mediante la investigación de quejas, la supervisión administrativa y la formulación de recomendaciones.
• Rinde cuentas ante las Cortes Generales, a las que debe informar de su gestión.
• No debe confundirse con el Ministerio Fiscal, los tribunales o autoridades administrativas independientes.

📚 Desarrollo

Marco normativo. La institución del Defensor del Pueblo encuentra su desarrollo legal en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que materializa el mandato constitucional al respecto. El artículo 1 de esta norma reitera que el titular actúa como alto comisionado de las Cortes Generales, encargado específicamente de la defensa de los derechos fundamentales contemplados en el Título I de la Constitución Española.

Naturaleza jurídica mixta. La configuración legal atribuye a esta figura un carácter híbrido que integra dos facetas esenciales. Por un lado, se trata de un órgano parlamentario de garantía dependiente de las Cortes Generales; por otro, ejerce funciones de supervisor externo de la actuación administrativa, vigilando el respeto a los derechos y a los principios de buena administración.

Separación de poderes. El Defensor del Pueblo no ostenta naturaleza jurisdiccional ni actúa como tribunal en ningún supuesto. No dicta sentencias con fuerza de cosa juzgada ni puede sustituir a los jueces y magistrados en la tutela efectiva de los derechos fundamentales, manteniendo una posición al margen de la función judicial ordinaria.

Instrumentos de actuación. Su labor se desarrolla mediante la investigación de quejas, la supervisión del funcionamiento de las administraciones públicas y la formulación de recomendaciones a los poderes públicos. No ejerce funciones de acusación penal ni gestiona directamente servicios públicos, distinguiéndose así de otras instituciones.

Dependencia parlamentaria. Como alto comisionado de las Cortes Generales, el Defensor debe mantener informado al Parlamento sobre sus actuaciones y resultados. Esta vinculación garantiza el control político de la institución y diferencia claramente su posición respecto a autoridades administrativas independientes o a órganos judiciales.

Delimitación competencial. Es fundamental no confundir esta figura con el Ministerio Fiscal, los tribunales de justicia o autoridades independientes. Su cometido se limita a fiscalizar la Administración desde una óptica externa, sin ejercer potestades sancionadoras, directivas ni de gestión administrativa.

🧩 Elementos esenciales

• Ley Orgánica 3/1981: Norma fundamental que desarrolla el mandato constitucional y regula la institución y sus funciones.
• Artículo 1 de la Ley Orgánica: Define al Defensor como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I.
• Derechos del Título I: Esfera material de actuación, correspondiente a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española.
• Naturaleza mixta: Carácter dual como órgano parlamentario de garantía y supervisor externo de la actuación administrativa.
• No es tribunal: Ausencia de facultades jurisdiccionales; no dicta sentencias ni resoluciones vinculantes.
• No sustituye a jueces: Mantiene una posición separada e independiente respecto a la función judicial ordinaria.
• Supervisión administrativa: Función de fiscalizar el funcionamiento de las administraciones públicas desde la perspectiva de los derechos.
• Buena administración: Principio inspirador de su labor de control sobre la actividad de los poderes públicos.
• Investigación: Instrumento principal para el examen de quejas y la verificación de posibles vulneraciones.
• Recomendación: Medio de actuación consistente en formular propuestas de mejora a las administraciones.
• Comunicación: Función de informar a los poderes públicos y a la ciudadanía sobre sus actuaciones.
• Rendición de cuentas: Obligación de informar y responder ante las Cortes Generales sobre su gestión institucional.

🧠 Recuerda

• Es el alto comisionado de las Cortes Generales, no una autoridad administrativa independiente.
• Su misión se circunscribe a la defensa de los derechos fundamentales del Título I de la Constitución.
• Carece de naturaleza jurisdiccional y no puede dictar sentencias.
• No sustituye a los jueces ni a la Fiscalía en sus respectivas funciones.
• Su labor se instrumenta mediante investigación, supervisión, recomendación y comunicación.
• No gestiona servicios públicos ni ejerce potestades administrativas directivas.
• Rinde cuentas ante el Parlamento, del cual depende funcionalmente.
• La Ley Orgánica 3/1981 constituye su norma de desarrollo fundamental.