Lectura pública del tema
1. El Gobierno Abierto: concepto y principios informadores
1. El Gobierno Abierto: concepto y principios informadores
🎯 Idea clave
- El Gobierno Abierto constituye una forma de gobernar y administrar lo público basada en la apertura, no una institución concreta ni un procedimiento aislado.
- Se define como una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas.
- No equivale exclusivamente a publicar información en la web ni a la administración electrónica, sino que busca reforzar la legitimidad democrática y mejorar la calidad de las decisiones públicas.
- En España no existe una ley general única que lo encapsule, por lo que su contenido se reconstruye a partir de múltiples fuentes constitucionales, legales e institucionales.
- El Instituto Nacional de Administración Pública asume un papel central en la difusión de estos valores y en la formación del personal al servicio de las administraciones públicas.
📚 Desarrollo
Definición conceptual. El Gobierno Abierto representa un modelo específico de ejercicio del poder público, caracterizado por la apertura institucional y la inclusión activa de la ciudadanía. No designa un organismo concreto ni un trámite aislado, sino una manera de gobernar orientada a la transparencia activa y la colaboración social.
Base normativa internacional. La definición más utilizada en el marco español proviene de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto, adoptada el 14 de diciembre de 2017. Esta instrumento lo conceptualiza como una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.
Caracterización práctica. El Portal de la Transparencia del Estado ofrece una formulación divulgativa que resulta especialmente útil para el estudio: se trata de una forma de gobernanza de las Administraciones más transparente, colaborativa, ética y con una rendición de cuentas más clara, que implica mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que le interesan.
Delimitación precisa. Es necesario precisar tres aspectos fundamentales. Primero, el Gobierno Abierto no se reduce a publicar información en una web institucional. Segundo, tampoco equivale sin más a administración electrónica o digitalización, pues el uso de medios electrónicos facilita la apertura pero no la agota. Tercero, no debe entenderse como una política decorativa, sino como un modo de ejercicio del poder público que pretende reforzar la legitimidad democrática, mejorar la calidad de las decisiones, prevenir malas prácticas y hacer más controlable la actuación administrativa.
Marco legal español. En el ordenamiento español no existe una ley general de Gobierno Abierto que encapsule el concepto de forma unitaria. Su contenido se reconstruye a partir de diversas fuentes: la Constitución Española; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información; la normativa de desarrollo sobre datos abiertos; y los planes e instrumentos institucionales impulsados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Principios informadores. El Gobierno Abierto se asienta sobre un conjunto de principios que actúan simultáneamente como valores orientadores, criterios de diseño de políticas públicas y estándares de evaluación de la actuación administrativa. Existe un consenso amplio en torno a cuatro principios nucleares: transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas. A estos la OCDE añade la integridad como principio transversal.
Desarrollo de principios. La transparencia implica dar visibilidad a la actividad pública mediante publicidad activa y acceso a la información. La participación exige abrir canales para que la ciudadanía y las organizaciones influyan en la formación de decisiones públicas. La rendición de cuentas obliga a explicar, justificar y someter la actuación pública a control político, social, administrativo y judicial. La integridad y el buen gobierno exigen conducta ética, imparcialidad, servicio al interés general y responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas relevantes.
Papel del INAP. El Instituto Nacional de Administración Pública ha asumido un papel central en la difusión de los valores y herramientas del Gobierno Abierto entre los empleados públicos. Mediante su II Plan de Formación en Gobierno Abierto 2021-2024 persigue un triple objetivo: capacitar al personal en las bases conceptuales; reforzar actitudes basadas en la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración; y generar redes de aprendizaje con efecto multiplicador. El programa se estructura en cuatro ejes temáticos: transparencia y rendición de cuentas; participación ciudadana; integridad pública; y medidas habilitadoras como tecnología, datos abiertos y formación interna.
🧩 Elementos esenciales
- Definición OCDE 2017: Cultura de gobernanza que promueve transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas para apoyar la democracia y el crecimiento inclusivo.
- Cuatro principios nucleares: Transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas.
- Principio transversal: La integridad, añadida por la OCDE como valor que atraviesa todas las actuaciones administrativas.
- Colaboración y cocreación: Diseño y seguimiento de políticas públicas con cooperación activa entre administraciones y sociedad civil.
- Marco normativo disperso: Constitución Española, Ley 19/2013, Ley 39/2015, Ley 40/2015, Ley 37/2007 y planes de la Alianza para el Gobierno Abierto.
- Tres precisiones conceptuales: No es solo publicar información web, no es solo administración electrónica, y no es política decorativa sino ejercicio del poder público legitimador.
- Base constitucional: Artículos 9.2, 23.1, 105.a) y 105.b) de la Constitución Española.
- II Plan INAP 2021-2024: Instrumento formativo que responde a los compromisos del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto.
- Triple objetivo formativo: Capacitar en bases conceptuales, reforzar actitudes éticas y generar redes de aprendizaje.
- Cuatro ejes formativos: Transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública, y medidas habilitadoras tecnológicas.
- Obstáculo principal: Los problemas relacionados con los recursos humanos y la capacidad de los empleados públicos, señalados por la OCDE como uno de los tres principales frenos a la implementación.
🧠 Recuerda
- El Gobierno Abierto es una forma de gobernar, no una institución específica.
- La definición de la OCDE de 2017 es la más utilizada en el marco español.
- No existe una ley general única que lo regule; se reconstruye de múltiples fuentes normativas.
- Los cuatro principios nucleares son transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
- La integridad es el quinto principio transversal según la OCDE.
- El INAP forma a los empleados públicos a través de su II Plan de Formación 2021-2024.
- No confundir Gobierno Abierto con mera publicación web o administración electrónica.
- La formación del personal es estratégica para superar los obstáculos de implementación señalados por la OCDE.
- La colaboración implica cocreación de políticas con la sociedad civil.
- El objetivo final es reforzar la legitimidad democrática y hacer controlable la actuación administrativa.
2. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
🎯 Idea clave
- La Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 como plan de acción universal para el desarrollo sostenible.
- Establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo el número 16 el que promueve instituciones transparentes y acceso a la información pública.
- España asumió el compromiso político en 2015 y desarrolló la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada en junio de 2021 y revisada en febrero de 2026.
- La Estrategia identifica ocho retos país para la transición social, ecológica y económica de España.
- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ostenta la competencia, articulando la gobernanza mediante la Comisión Delegada, la Conferencia Sectorial y el Consejo de Desarrollo Sostenible.
- El Instituto Nacional de Estadística desempeña un papel clave en la difusión y actualización de los indicadores oficiales de seguimiento.
📚 Desarrollo
Aprobación internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción universal que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
Conexión con transparencia. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 promueve paz, justicia e instituciones sólidas, incluyendo metas específicas sobre instituciones eficaces, responsables y transparentes, así como la garantía del acceso público a la información, estableciendo un vínculo directo con las políticas de Gobierno Abierto.
Plan de implementación inicial. España asumió el compromiso político con la Agenda 2030 en 2015. El 29 de junio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, concebido como instrumento de arranque hacia la posterior estrategia estatal.
Estrategia estatal. El 5 de junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (EDS 2030), elaborada con amplia participación de administraciones autonómicas y locales, sociedad civil, sector privado y academia, identificando ocho retos país estructurales.
Revisión vigente. El 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros adoptó la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (EDS-R), que constituye la hoja de ruta operativa actualmente vigente para la integración de la Agenda 2030 en la acción pública española.
Marco institucional. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ostenta la competencia en la materia, contando con la Dirección General de Agenda 2030 como centro directivo especializado regulado en el artículo 11 del Real Decreto 209/2024. La gobernanza multinivel se articula mediante la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y el Consejo de Desarrollo Sostenible regulado por la Orden DSA/819/2020.
Seguimiento estadístico. El Instituto Nacional de Estadística desempeña un papel fundamental en la difusión y actualización de los indicadores oficiales de seguimiento, alineados con el marco mundial de indicadores establecido por Naciones Unidas.
🧩 Elementos esenciales
- Agenda 2030: Plan de acción aprobado por la ONU en septiembre de 2015 para el desarrollo sostenible universal hasta 2030.
- ODS 16: Objetivo dedicado a paz, justicia e instituciones sólidas que incluye metas sobre transparencia, responsabilidad y acceso a la información.
- Plan de Acción 2018: Instrumento inicial aprobado el 29 de junio de 2018 por el Consejo de Ministros para comenzar la implementación nacional.
- EDS 2030: Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobada el 5 de junio de 2021, referencia estratégica estatal para la integración de los ODS.
- EDS-R: Revisión de la Estrategia aprobada el 10 de febrero de 2026, constituyendo la hoja de ruta operativa vigente.
- Ocho retos país: Acabar con la pobreza y desigualdad, enfrentar la emergencia climática, cerrar brechas de género, transformar el sistema económico, poner fin a la precariedad laboral, revertir el deterioro de servicios públicos, proteger derechos humanos y revitalizar el medio rural.
- Ministerio competente: Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la Dirección General de Agenda 2030 como órgano técnico especializado.
- Gobernanza multinivel: Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y Consejo de Desarrollo Sostenible.
🧠 Recuerda
- La Agenda 2030 se aprobó en septiembre de 2015 por la Asamblea General de la ONU.
- El ODS 16 vincula transparencia y buen gobierno con el desarrollo sostenible.
- El Plan de Acción de 2018 fue el primer instrumento español de implementación.
- La EDS 2030 se aprobó el 5 de junio de 2021 y su revisión el 10 de febrero de 2026.
- Son ocho los retos país identificados en la estrategia española.
- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 coordina la implementación nacional.
- El INE gestiona los indicadores oficiales de seguimiento de los Objetivos.