Tema 8. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público.

1. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público

1. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público

🎯 Idea clave

• Las Leyes 39/2015 y 40/2015 constituyen el marco normativo básico del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público en España.
• La Ley 39/2015 regula los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.
• La Ley 40/2015 establece los principios de organización y funcionamiento del sector público institucional y las relaciones interadministrativas.
• Ambas leyes introducen la administración electrónica como eje central de la modernización administrativa.
• La Ley 6/2024 y la Ley 4/2025 complementan este marco con medidas de simplificación y digitalización administrativa.
• Estas normas son de aplicación obligatoria para todas las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración General del Estado.

📚 Desarrollo

Marco normativo básico. Las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), conforman el núcleo legislativo que regula la actuación administrativa en España. Estas normas derogaron la anterior Ley 30/1992 y establecieron un nuevo marco jurídico adaptado a las exigencias de la administración electrónica y la simplificación procedimental.

Ámbito subjetivo de aplicación. La LPAC se aplica a todas las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el sector público institucional. La LRJSP, por su parte, regula la organización y funcionamiento de las entidades que integran el sector público, así como las relaciones entre ellas y con los ciudadanos. Este ámbito subjetivo se define en el artículo 2 de la LPAC y en el artículo 1 de la LRJSP.

Derechos de los ciudadanos. La LPAC reconoce en su artículo 53 un catálogo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, entre los que destacan el derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración, a obtener información y orientación, a acceder a registros y archivos, y a la tramitación simplificada de procedimientos. Estos derechos refuerzan la transparencia y la participación ciudadana en la gestión administrativa.

Obligación de resolver. El artículo 21 de la LPAC establece la obligación de las Administraciones Públicas de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla en el plazo máximo establecido. Este plazo no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan uno diferente. La falta de resolución expresa en plazo da lugar al silencio administrativo, cuya regulación se encuentra en el artículo 24 de la misma ley.

Relación electrónica. El artículo 14 de la LPAC regula la relación electrónica entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, estableciendo que las personas físicas y jurídicas tienen derecho a comunicarse con la Administración a través de medios electrónicos. Esta obligación se extiende a las Administraciones, que deben garantizar la disponibilidad de los canales necesarios para ello, así como la interoperabilidad y seguridad de los sistemas utilizados.

Tramitación simplificada. La LPAC introduce en su artículo 96 la posibilidad de tramitar procedimientos de forma simplificada cuando razones de interés público o la falta de complejidad del asunto lo permitan. Este mecanismo agiliza la resolución de los procedimientos, reduciendo plazos y requisitos documentales, y se alinea con los objetivos de simplificación administrativa impulsados por las leyes posteriores, como la Ley 6/2024 y la Ley 4/2025.

Cooperación interadministrativa. La LRJSP regula en su artículo 155 los principios y técnicas de relación entre las distintas Administraciones Públicas, promoviendo la cooperación, la coordinación y la lealtad institucional. Este marco es esencial para garantizar la eficacia en la prestación de servicios públicos y la coherencia en las políticas administrativas, especialmente en un contexto de descentralización territorial.

Simplificación y digitalización. Las leyes posteriores, como la Ley 6/2024 y la Ley 4/2025, refuerzan los principios de simplificación administrativa y digitalización introducidos por la LPAC y la LRJSP. Estas normas buscan reducir cargas burocráticas, agilizar trámites y fomentar el uso de herramientas digitales, consolidando un modelo de administración más eficiente y centrado en el ciudadano.

🧩 Elementos esenciales

• LPAC (Ley 39/2015): Regula el procedimiento administrativo común y los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
• LRJSP (Ley 40/2015): Establece el régimen jurídico del sector público, incluyendo principios de organización, funcionamiento y relaciones interadministrativas.
• Ámbito subjetivo: Ambas leyes son de aplicación a todas las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
• Derechos ciudadanos: La LPAC reconoce derechos como la comunicación electrónica, el acceso a la información y la tramitación simplificada de procedimientos.
• Obligación de resolver: Las Administraciones deben dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla en el plazo máximo establecido, generalmente seis meses.
• Silencio administrativo: La falta de resolución expresa en plazo da lugar al silencio administrativo, cuya regulación se encuentra en el artículo 24 de la LPAC.
• Relación electrónica: El artículo 14 de la LPAC establece el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración por medios electrónicos.
• Tramitación simplificada: El artículo 96 de la LPAC permite agilizar procedimientos cuando razones de interés público o la falta de complejidad lo justifiquen.
• Cooperación interadministrativa: La LRJSP regula en su artículo 155 los principios de relación entre Administraciones, promoviendo la cooperación y la lealtad institucional.
• Simplificación administrativa: Las leyes posteriores, como la Ley 6/2024 y la Ley 4/2025, refuerzan los principios de simplificación y digitalización introducidos por la LPAC y la LRJSP.
• Administración electrónica: Ambas leyes impulsan el uso de medios electrónicos en la gestión administrativa, garantizando la interoperabilidad y seguridad de los sistemas.
• Lealtad institucional: Principio fundamental en las relaciones entre Administraciones, regulado en la LRJSP para asegurar la coherencia en las políticas públicas.

🧠 Recuerda

• Las Leyes 39/2015 y 40/2015 son el marco normativo básico del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público.
• La LPAC regula los derechos de los ciudadanos y el procedimiento administrativo, mientras que la LRJSP se centra en la organización y relaciones del sector público.
• El ámbito subjetivo de ambas leyes incluye a todas las Administraciones Públicas, sin excepción.
• La obligación de resolver y el silencio administrativo son elementos clave de la LPAC.
• La relación electrónica es un derecho de los ciudadanos y una obligación para las Administraciones.
• La tramitación simplificada agiliza los procedimientos cuando no existe complejidad o hay interés público.
• La cooperación interadministrativa es esencial para garantizar la eficacia en la prestación de servicios públicos.
• Las leyes posteriores, como la Ley 6/2024 y la Ley 4/2025, refuerzan los principios de simplificación y digitalización.
• La administración electrónica es un eje central de la modernización administrativa impulsada por estas normas.
• La lealtad institucional es un principio fundamental en las relaciones entre Administraciones.

2. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público

2. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público

🎯 Idea clave

• El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público (TREBEP) unifica y actualiza la normativa reguladora de los empleados públicos en la Administración General del Estado.
• Establece las clases de empleados públicos, diferenciando entre funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual.
• Regula los derechos individuales y colectivos de los empleados públicos, incluyendo la carrera profesional y la formación.
• Define el acceso al empleo público mediante principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la oferta de empleo público.
• Incluye un código de conducta que orienta el comportamiento ético y profesional de los empleados públicos.
• Contempla el régimen disciplinario aplicable a los empleados públicos, garantizando la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

📚 Desarrollo

Norma de creación. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público (TREBEP) fue aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Esta norma consolida y actualiza el contenido de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), incorporando las modificaciones posteriores y adaptándose a las necesidades de la Administración General del Estado.

Ámbito de aplicación. El TREBEP se aplica a todos los empleados públicos de la Administración General del Estado, así como a las administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales, en los términos establecidos en su normativa específica. Su objeto es regular las relaciones de empleo público, garantizando la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos.

Clases de empleados públicos. El TREBEP distingue cuatro tipos de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual. Cada categoría tiene un régimen jurídico específico, con derechos y obligaciones diferenciados. Los funcionarios de carrera, por ejemplo, se caracterizan por su vinculación permanente con la Administración, mientras que el personal eventual ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial.

Derechos individuales. Entre los derechos individuales reconocidos en el TREBEP destacan la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, la formación continua, la promoción profesional, la conciliación de la vida personal y laboral, y la protección frente a riesgos laborales. Estos derechos buscan garantizar un entorno laboral estable y favorable para el desarrollo profesional de los empleados públicos.

Acceso al empleo público. El acceso a la función pública se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal como establece el artículo 55 del TREBEP. La oferta de empleo público (OEP) es el instrumento mediante el cual se determinan las plazas vacantes que deben cubrirse mediante procesos selectivos. Estos procesos pueden incluir pruebas teóricas, prácticas, cursos selectivos o concursos de méritos, dependiendo de la naturaleza del puesto.

Código de conducta. El artículo 52 del TREBEP establece un código de conducta para los empleados públicos, que incluye principios éticos como la objetividad, la integridad, la neutralidad y la transparencia. Este código busca orientar el comportamiento de los empleados en el ejercicio de sus funciones, promoviendo la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Régimen disciplinario. El TREBEP regula el régimen disciplinario en su artículo 93, estableciendo las infracciones y sanciones aplicables a los empleados públicos. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, y las sanciones van desde la amonestación hasta la separación del servicio. Este régimen garantiza la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleados públicos.

🧩 Elementos esenciales

• Funcionarios de carrera: Empleados públicos con vinculación permanente a la Administración, regulados en el artículo 9 del TREBEP.
• Funcionarios interinos: Cubren plazas vacantes de forma temporal, conforme al artículo 10 del TREBEP.
• Personal laboral: Contratado bajo régimen laboral, con categorías de fijo, indefinido o temporal, según el artículo 11 del TREBEP.
• Personal eventual: Ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial, sin carácter permanente, según el artículo 12 del TREBEP.
• Derechos individuales: Incluyen inamovilidad, formación, promoción profesional y conciliación, regulados en el artículo 14 del TREBEP.
• Acceso al empleo público: Se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, conforme al artículo 55 del TREBEP.
• Oferta de empleo público (OEP): Instrumento para determinar plazas vacantes, regulado en el artículo 70 del TREBEP.
• Código de conducta: Principios éticos como objetividad, integridad y transparencia, establecidos en el artículo 52 del TREBEP.
• Régimen disciplinario: Infracciones y sanciones aplicables, reguladas en el artículo 93 del TREBEP.
• Clases de empleados públicos: Cuatro categorías diferenciadas, con regímenes jurídicos específicos, según los artículos 8 a 12 del TREBEP.

🧠 Recuerda

• El TREBEP unifica la normativa sobre empleo público en la Administración General del Estado.
• Los funcionarios de carrera tienen vinculación permanente, mientras que los interinos cubren plazas temporales.
• El personal laboral puede ser fijo, indefinido o temporal, dependiendo de la naturaleza del contrato.
• El acceso al empleo público se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
• La oferta de empleo público (OEP) determina las plazas vacantes que deben cubrirse mediante procesos selectivos.
• El código de conducta del TREBEP promueve la ética y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.
• El régimen disciplinario garantiza la responsabilidad de los empleados públicos en el cumplimiento de sus obligaciones.
• Los derechos individuales incluyen la inamovilidad, la formación continua y la conciliación de la vida personal y laboral.
• El TREBEP se aplica a la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
• Las clases de empleados públicos son cuatro: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual.