Tema 2. Las Cortes Generales: atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo.

1. Las Cortes Generales: atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado

1. Las Cortes Generales: atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado

🎯 Idea clave

• Las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, formando el Parlamento bicameral compuesto por Congreso y Senado.
• El sistema constitucional establece un bicameralismo imperfecto donde el Congreso ostenta primacía en cuestiones de confianza política y control gubernamental.
• El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados, concentrándose en esta Cámara la relación de confianza que puede determinar su estabilidad.
• Ambas Cámaras participan conjuntamente en la función legislativa, la aprobación presupuestaria y el control político, aunque con competencias diferenciadas.
• La regulación constitucional se encuentra principalmente en el Título III, artículos 66 a 96, extendiéndose a otros títulos para materias específicas.

📚 Desarrollo

Concepto institucional. Las Cortes Generales constituyen el Parlamento español, compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. Representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos Generales y controlan la acción del Gobierno, teniendo además las demás competencias que les atribuye la Constitución.

Marco normativo. Su regulación constitucional se contiene principalmente en el Título III, artículos 66 a 96, aunque muchas de sus atribuciones aparecen también en otros títulos relativos a la investidura y responsabilidad política del Gobierno, los estados excepcionales, la reforma constitucional y los tratados internacionales.

Estructura bicameral. El sistema español es bicameral pero no perfectamente simétrico. Congreso y Senado integran las Cortes Generales y participan conjuntamente en la potestad legislativa, la función presupuestaria y el control político, aunque con diferencias en su peso decisorio.

Primacía del Congreso. El Congreso de los Diputados ocupa una posición de primacía en materias decisivas como la investidura del Presidente del Gobierno, la moción de censura, la cuestión de confianza, la tramitación presupuestaria y la superación del veto o enmiendas del Senado.

Responsabilidad política. Conforme al artículo 108 de la Constitución, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Esta responsabilidad se concentra en la Cámara Baja, sin perjuicio de que ambas Cámaras ejerzan funciones de control ordinario.

Composición representativa. El Congreso se configura como Cámara de representación popular con entre 300 y 400 diputados, mientras que el Senado ejerce función de representación territorial, eligiéndose cuatro senadores por cada provincia y dos por Ceuta y Melilla, además de los senadores designados por las Comunidades Autónomas.

🧩 Elementos esenciales

• Representación soberana: Las Cortes encarnan la soberanía nacional y constituyen la representación institucionalizada del pueblo español.
• Potestad legislativa: Ejercen la función legislativa del Estado de forma conjunta, si bien el Congreso tiene capacidad de superar el veto senatorial.
• Función presupuestaria: Aprueban los Presupuestos Generales del Estado como parte de sus competencias constitucionales esenciales.
• Control parlamentario: Supervisan la acción del Gobierno mediante mecanismos de control político, informes y comparecencias.
• Bicameralismo asimétrico: El sistema otorga mayor peso decisorio al Congreso en cuestiones de confianza y estabilidad gubernamental.
• Mandato libre: Diputados y senadores no están ligados por mandato imperativo, ejerciendo su función con libertad de conciencia.
• Incompatibilidad: Nadie puede ser miembro simultáneamente de ambas Cámaras, garantizando la separación de mandatos parlamentarios.
• Inviolabilidad: Gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
• Inmunidad: Los miembros de ambas Cámaras gozan de inmunidad en los términos establecidos en el artículo 71 de la Constitución.

🧠 Recuerda

• Las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa.
• El Congreso tiene entre 300 y 400 diputados elegidos por cuatro años.
• El Senado es la Cámara de representación territorial.
• En cada provincia se eligen cuatro senadores y dos en Ceuta y Melilla.
• El Gobierno responde políticamente ante el Congreso de los Diputados.
• La investidura del Presidente del Gobierno corresponde exclusivamente al Congreso.
• La moción de censura se tramita ante el Congreso y exige mayoría absoluta.
• Las Cortes Generales son inviolables como institución parlamentaria.
• Cada Cámara aprueba su propio Reglamento y su presupuesto autónomo.
• Las sesiones conjuntas de ambas Cámaras las preside el Presidente del Congreso.

2. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones

2. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones

🎯 Idea clave

• El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional independiente encargado de garantizar la supremacía de la Constitución mediante el control de constitucionalidad y la protección de derechos fundamentales.
• Está compuesto por doce magistrados designados por el Rey a propuesta del Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.
• No forma parte del Poder Judicial ordinario y ejerce jurisdicción en todo el territorio español sometido únicamente a la Constitución y a su Ley Orgánica.
• Sus resoluciones ejercen una función decisiva como intérprete supremo de la Constitución y en la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
• La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, desarrolla su regulación contenida en el Título IX de la Constitución Española.

📚 Desarrollo

Marco normativo. El Tribunal Constitucional se regula en el Título IX de la Constitución Española, comprendido entre los artículos 159 y 165, y se desarrolla mediante la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. Esta norma ha sufrido reformas significativas, como la Ley Orgánica 6/2007, que introdujo el filtro de especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo, y la Ley Orgánica 12/2015, que recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía.

Naturaleza jurídica. Constituye un órgano constitucional independiente que no forma parte del Poder Judicial ordinario. Dispone de jurisdicción en todo el territorio español y se encuentra sometido únicamente a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Su independencia garantiza que sus resoluciones ejerzan una función decisiva en la interpretación de la Constitución y en la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Composición numérica y designación. El Pleno del Tribunal está integrado por doce magistrados nombrados por el Rey. Cuatro son propuestos por el Congreso por mayoría de tres quintos, otros cuatro por el Senado con idéntica mayoría entre candidatos propuestos por las Asambleas autonómicas, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Todos deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

Régimen institucional. Los magistrados permanecen en el cargo durante nueve años, renovándose el Tribunal por tercios cada tres años. El artículo 159.4 de la Constitución establece un régimen estricto de incompatibilidades que asegura la independencia personal de los miembros. El Presidente se elige por el Pleno entre sus miembros y es nombrado por el Rey por un período de tres años, existiendo asimismo un Vicepresidente.

Estructura interna. Organizativamente, el Tribunal Constitucional se estructura en Pleno, compuesto por los doce magistrados; dos Salas, integradas cada una por seis magistrados; y cuatro Secciones, formadas por tres magistrados cada una. Cuenta además con un cuerpo de Letrados y una Secretaría General que prestan apoyo técnico y administrativo a la institución.

Control de constitucionalidad. Entre sus atribuciones destaca el recurso de inconstitucionalidad, que permite el control abstracto de leyes y normas con rango de ley. El plazo para su interposición es de tres meses, ampliable a nueve si existe negociación bilateral. Respecto a normas autonómicas, el artículo 161.2 de la Constitución permite su suspensión, con un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar dicha medida.

Otras competencias procesales. El Tribunal conoce igualmente de la cuestión de inconstitucionalidad, del recurso de amparo para la protección de derechos fundamentales, de conflictos de competencia entre órganos del Estado, de conflictos entre órganos constitucionales y del control previo de tratados internacionales. No sustituye a los jueces ordinarios, sino que interviene en los procesos específicamente atribuidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

🧩 Elementos esenciales

• Título IX CE: contiene la regulación constitucional del Tribunal Constitucional en los artículos 159 a 165.
• Ley Orgánica 2/1979: norma de desarrollo del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre.
• Doce magistrados: número exacto de miembros que componen el Pleno del Tribunal Constitucional.
• Mayoría de tres quintos: exigida en el Congreso y en el Senado para la elección de los magistrados propuestos por estas Cámaras.
• Quince años de ejercicio: requisito mínimo de experiencia profesional para ser magistrado del Tribunal Constitucional.
• Renovación por tercios: sistema de recambio parcial del Tribunal cada tres años dentro del mandato de nueve años.
• Independencia: principio fundamental, sometimiento solo a la Constitución y a la Ley Orgánica, sin formar parte del Poder Judicial ordinario.
• Recurso de inconstitucionalidad: vía de control abstracto de leyes con plazo de tres meses ampliable a nueve.
• Suspensión de normas autonómicas: posible durante cinco meses máximo según el artículo 161.2 CE.
• Recurso de amparo: protege derechos fundamentales tras el filtro de especial trascendencia constitucional introducido por la LO 6/2007.

🧠 Recuerda

• No confundir el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial ordinario; es un órgano constitucional independiente.
• Los cuatro magistrados propuestos por el Senado deben ser elegidos entre candidatos presentados por las Asambleas autonómicas.
• El mandato es de nueve años con renovación por tercios cada tres años, no coincidiendo con la legislatura.
• El Presidente dura tres años en el cargo y es nombrado por el Rey tras elección por el Pleno.
• El control de constitucionalidad se ejerce mediante el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad.
• El recurso de amparo requiere especial trascendencia constitucional desde la reforma de 2007.
• El Tribunal no actúa como órgano de casación ordinaria; su intervención es excepcional y constitucionalmente determinada.
• Las resoluciones del Tribunal Constitucional interpretan definitivamente la Constitución.

3. El Defensor del Pueblo

3. El Defensor del Pueblo

🎯 Idea clave

• El Defensor del Pueblo es una institución constitucional de garantía dependiente del Parlamento, creada para defender los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución.
• Su naturaleza jurídica se define como alto comisionado de las Cortes Generales, dotado de independencia funcional frente al Gobierno, la Administración y el Poder Judicial.
• La regulación constitucional básica se encuentra en el artículo 54 CE, desarrollado por la Ley Orgánica 3/1981, modificada posteriormente para atribuirle funciones de prevención de la tortura.
• El titular es elegido por las Cortes Generales mediante mayoría cualificada de tres quintos en ambas Cámaras para un mandato de cinco años, sin recibir órdenes de ninguna autoridad.
• Su instrumento fundamental de actuación es la supervisión de la actividad administrativa, actuando como mecanismo no jurisdiccional de protección de la ciudadanía frente al poder público.
• Cualquier español mayor de edad en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos puede ser elegido, sin exigencia de titulación específica previa.

📚 Desarrollo

Base constitucional. El artículo 54 de la Constitución Española establece la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, reservando su regulación a una ley orgánica. El precepto sitúa esta figura dentro del Título I, capítulo IV, dedicado a las garantías de las libertades y derechos fundamentales, definiendo su función esencial como la defensa de los derechos comprendidos en dicho título.

Naturaleza institucional. Se trata de una institución híbrida y singular que no encaja en la categoría de órgano jurisdiccional, administrativo estricto o legislativo, manteniendo sin embargo relaciones estrechas con todos ellos. Su condición de órgano de garantía parlamentaria le confiere independencia funcional respecto a los poderes tradicionales del Estado, orientando su actuación al control de la Administración cuando esta pueda afectar a derechos y libertades.

Marco normativo de desarrollo. La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, constituye la norma básica que regula la elección, estatuto, competencias y funcionamiento de la institución. Esta ley ha experimentado modificaciones relevantes, destacando la Ley Orgánica 1/2009, que atribuyó al Defensor del Pueblo la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ampliando significativamente sus funciones de supervisión.

Procedimiento de elección. El Defensor del Pueblo es designado por las Cortes Generales para un período de cinco años. La elección requiere una mayoría cualificada de tres quintos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. El procedimiento se articula a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, que se encarga de proponer los candidatos a ambas Cámaras.

Requisitos del cargo. Para ser elegido Defensor del Pueblo únicamente se exige ser español mayor de edad y hallarse en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. A diferencia de otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, no se requiere titulación jurídica específica ni pertenencia a determinada profesión, priorizándose la independencia, imparcialidad y legitimidad parlamentaria del nombramiento.

Independencia funcional. Una vez nombrado, el Defensor del Pueblo no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad, garantizando así su autonomía en el ejercicio de las funciones de supervisión administrativa y defensa de los derechos fundamentales. Esta independencia constituye la piedra angular de su operatividad como mecanismo efectivo de protección ciudadana.

Función principal. El instrumento central de actuación es la supervisión de la actividad de las Administraciones públicas, actuando como una garantía no jurisdiccional añadida al sistema de protección de derechos. La institución da cuenta de sus actuaciones a las Cortes Generales, completando el sistema de equilibrios y controles del poder público establecido por la Constitución de 1978.

🧩 Elementos esenciales

• Artículo 54 CE: Precepto constitucional que crea la institución como alto comisionado parlamentario para la defensa de los derechos del Título I.
• Ley Orgánica 3/1981: Norma básica de desarrollo que regula el estatuto, competencias y funcionamiento del Defensor del Pueblo.
• Mayoría de tres quintos: Requisito parlamentario necesario en ambas Cámaras para la elección del Defensor, buscando un consenso amplio.
• Comisión Mixta Congreso-Senado: Órgano parlamentario encargado de proponer los candidatos antes de la votación en las Cortes.
• Mandato de cinco años: Duración del período para el cual es elegido el titular de la institución.
• Independencia funcional: Principio que asegura que el Defensor no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad.
• Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: Función atribuida mediante la Ley Orgánica 1/2009, que amplía sus competencias de supervisión.
• Requisitos de acceso: Ser español mayor de edad con pleno disfrute de derechos civiles y políticos, sin necesidad de titulación específica.
• Supervisión administrativa: Instrumento principal de trabajo para la defensa de derechos frente a la actuación de la Administración.
• Garantía no jurisdiccional: Naturaleza de la institución, distinta a los tribunales de justicia pero complementaria de ellos.

🧠 Recuerda

• Es una institución constitucional de garantía, no un órgano del poder judicial ni de la administración.
• Depende orgánicamente de las Cortes Generales como alto comisionado parlamentario.
• Su elección requiere mayoría de tres quintos en Congreso y Senado.
• El mandato dura cinco años desde su nombramiento.
• No necesita ser jurista para ser elegido, a diferencia del Tribunal Constitucional.
• No recibe instrucciones de ninguna autoridad, garantizando su independencia.
• La Ley Orgánica 1/2009 le atribuyó la función de prevención de la tortura.
• Su función principal es supervisar la actividad administrativa.
• Está regulado en el artículo 54 del Título I de la Constitución.
• Es una garantía no jurisdiccional complementaria al sistema judicial.