Tema 4. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público y demás normativa de aplicación: derechos y deberes, formas de provisión de puestos, promoción interna y carrera profesional; situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen sancionador. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público y demás normativa de aplicación: derechos y deberes, formas de provisión de puestos, promoción interna y carrera profesional; situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen sancionador

1. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público y demás normativa de aplicación: derechos y deberes, formas de provisión de puestos, promoción interna y carrera profesional; situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen sancionador

🎯 Idea clave

• El Real Decreto Legislativo 5/2015 aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), norma fundamental que regula el régimen jurídico común del empleo público en España.
• El TREBEP establece los derechos y deberes básicos de los empleados públicos, aplicables a todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración General del Estado (AGE).
• La provisión de puestos de trabajo en la AGE se rige por principios de mérito, capacidad y publicidad, desarrollados en normativa específica como el Real Decreto 364/1995.
• La carrera profesional y promoción interna permiten la progresión de los empleados públicos mediante sistemas objetivos de evaluación y formación.
• Las situaciones administrativas regulan las distintas posiciones en las que puede encontrarse un funcionario, como servicio activo, excedencia o suspensión de funciones.
• El régimen disciplinario y las incompatibilidades garantizan la imparcialidad, dedicación exclusiva y conducta ética de los empleados públicos.

📚 Desarrollo

Norma básica del empleo público. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, constituye la norma fundamental que regula el régimen jurídico de los empleados públicos en España. Este texto refundido consolida y actualiza la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, incorporando modificaciones posteriores y corrigiendo errores materiales. Su ámbito de aplicación abarca a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los organismos públicos y las universidades públicas.

Derechos y deberes fundamentales. El TREBEP establece un catálogo de derechos individuales y colectivos para los empleados públicos, como la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, la formación continua, la negociación colectiva o la protección de la salud laboral. Paralelamente, define deberes esenciales, como la objetividad, la imparcialidad, la dedicación al servicio público, el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y la observancia de las normas de conducta establecidas en el código de conducta de los empleados públicos.

Provisión de puestos de trabajo. La provisión de puestos en la Administración General del Estado se rige por los principios de mérito, capacidad y publicidad, desarrollados en el Real Decreto 364/1995. Los sistemas principales de provisión son el concurso, basado en la valoración de méritos, y la libre designación, aplicable a puestos de especial responsabilidad o confianza. La normativa estatal también regula otros mecanismos, como la comisión de servicios o el reingreso al servicio activo, garantizando la movilidad y la adecuación entre las necesidades de la Administración y las capacidades de los empleados.

Promoción interna y carrera profesional. El TREBEP reconoce el derecho de los empleados públicos a la promoción interna y al desarrollo de su carrera profesional, mediante sistemas objetivos que evalúan el desempeño, la formación y la experiencia. En la AGE, la promoción interna se articula a través de procesos selectivos restringidos a funcionarios de carrera, mientras que la carrera profesional horizontal permite la progresión sin cambio de puesto, basada en la evaluación del desempeño y la adquisición de competencias. El Real Decreto-ley 6/2023 introduce mejoras en la planificación y evaluación del desempeño para fomentar la excelencia en el servicio público.

Situaciones administrativas. Los funcionarios de la AGE pueden encontrarse en distintas situaciones administrativas, reguladas en el Real Decreto 365/1995. Las principales son el servicio activo, la servicios especiales, la excedencia (voluntaria, forzosa o por cuidado de familiares) y la suspensión de funciones. Cada situación conlleva efectos específicos sobre los derechos y obligaciones del funcionario, como la reserva del puesto de trabajo, la percepción de retribuciones o la posibilidad de reingreso al servicio activo.

Incompatibilidades y régimen disciplinario. La Ley 53/1984 regula las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, estableciendo el principio de dedicación exclusiva y limitando el ejercicio de actividades privadas que puedan comprometer la imparcialidad o el rendimiento. El TREBEP, por su parte, desarrolla el régimen disciplinario, tipificando las faltas (leves, graves y muy graves) y estableciendo las sanciones correspondientes, que pueden ir desde la amonestación hasta la separación del servicio. Este régimen garantiza el cumplimiento de los principios éticos y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Normativa de desarrollo en la AGE. Además del TREBEP, la Administración General del Estado cuenta con normativa específica que desarrolla aspectos concretos del empleo público. El Real Decreto 364/1995 regula el ingreso, la provisión de puestos y la promoción profesional, mientras que el Real Decreto 365/1995 detalla las situaciones administrativas de los funcionarios civiles. Estas normas complementan el marco básico del TREBEP, adaptándolo a las particularidades de la AGE y garantizando su aplicación homogénea.

🧩 Elementos esenciales

• TREBEP: Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, que regula los aspectos comunes del empleo público en todas las Administraciones.
• Ámbito de aplicación: Incluye a la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, organismos públicos y universidades públicas.
• Derechos individuales: Inamovilidad, formación continua, negociación colectiva, protección de la salud laboral y participación en la mejora de los servicios públicos.
• Deberes básicos: Objetividad, imparcialidad, dedicación al servicio público, respeto al ordenamiento jurídico y observancia del código de conducta.
• Provisión de puestos: Sistemas de concurso (méritos) y libre designación (confianza), regulados en el Real Decreto 364/1995 para la AGE.
• Promoción interna: Procesos selectivos restringidos a funcionarios de carrera, con evaluación de méritos y capacidades.
• Carrera profesional: Progresión basada en la evaluación del desempeño, la formación y la experiencia, con modalidades horizontal y vertical.
• Situaciones administrativas: Servicio activo, servicios especiales, excedencia (voluntaria, forzosa o por cuidado de familiares) y suspensión de funciones, reguladas en el Real Decreto 365/1995.
• Incompatibilidades: Principio de dedicación exclusiva y limitaciones al ejercicio de actividades privadas, reguladas en la Ley 53/1984.
• Régimen disciplinario: Tipificación de faltas (leves, graves y muy graves) y sanciones (amonestación, suspensión o separación del servicio) para garantizar la conducta ética.
• Normativa estatal específica: Real Decreto 364/1995 (provisión y promoción) y Real Decreto 365/1995 (situaciones administrativas) como desarrollo del TREBEP en la AGE.
• Evaluación del desempeño: Mecanismo objetivo para medir el rendimiento y la contribución de los empleados públicos a los objetivos institucionales.

🧠 Recuerda

• El TREBEP es la norma básica que regula el empleo público en España, aplicable a todas las Administraciones, incluida la AGE.
• Los derechos y deberes de los empleados públicos están recogidos en los artículos 14 y siguientes del TREBEP.
• La provisión de puestos en la AGE se rige por los principios de mérito, capacidad y publicidad, desarrollados en el Real Decreto 364/1995.
• La promoción interna y la carrera profesional permiten la progresión de los funcionarios mediante sistemas objetivos de evaluación.
• Las situaciones administrativas regulan las distintas posiciones en las que puede encontrarse un funcionario, con efectos específicos sobre sus derechos y obligaciones.
• La Ley 53/1984 establece el régimen de incompatibilidades, garantizando la dedicación exclusiva y la imparcialidad de los empleados públicos.
• El régimen disciplinario del TREBEP tipifica las faltas y sanciones para asegurar el cumplimiento de los principios éticos y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones.
• La normativa estatal específica (Real Decreto 364/1995 y Real Decreto 365/1995) desarrolla aspectos concretos del empleo público en la AGE.
• La evaluación del desempeño es un instrumento clave para la mejora continua y la excelencia en el servicio público.
• El TREBEP y su normativa de desarrollo buscan garantizar la profesionalización, la eficacia y la transparencia en la gestión del empleo público.

2. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

2. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

🎯 Idea clave

• La Ley 19/2013 establece el marco jurídico para garantizar el derecho de acceso a la información pública en España.
• Regula la transparencia de la actividad pública, obligando a las Administraciones a publicar información relevante de forma proactiva.
• Introduce el principio de buen gobierno como estándar de conducta para los altos cargos y responsables públicos.
• Crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano independiente encargado de velar por su cumplimiento.
• Establece límites al derecho de acceso para proteger otros bienes jurídicos como la seguridad nacional o la protección de datos.
• Prevé un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno.

📚 Desarrollo

Norma de creación y ámbito. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es la norma básica que regula estos ámbitos en España. Su objetivo es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Derecho de acceso a la información. La ley reconoce el derecho de toda persona a acceder a la información pública, sin necesidad de justificar su solicitud. Este derecho se ejerce mediante solicitudes dirigidas a los órganos administrativos, que deben responder en un plazo máximo de un mes, prorrogable por otro mes en casos de especial complejidad. La denegación del acceso debe ser motivada y puede ser recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Transparencia activa. Las Administraciones Públicas están obligadas a publicar de forma proactiva información relevante sobre su organización, funcionamiento y actividades. Esta información incluye datos sobre contratos, subvenciones, retribuciones de altos cargos, planes y programas, y cualquier otra información que sea de interés público. La publicación debe realizarse en formatos reutilizables y accesibles a través de portales de transparencia.

Buen gobierno. La ley establece un código de conducta para los altos cargos y responsables públicos, que incluye principios como la integridad, la objetividad, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Estos principios se aplican tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida privada, cuando esta pueda afectar a su desempeño público. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones administrativas o penales.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este órgano independiente se encarga de velar por el cumplimiento de la ley, resolver las reclamaciones presentadas contra las denegaciones de acceso a la información y promover la transparencia en la actividad pública. También tiene competencias para sancionar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno, aunque su capacidad sancionadora está limitada a infracciones leves y graves.

Límites al derecho de acceso. La ley establece una serie de límites al derecho de acceso a la información para proteger otros bienes jurídicos, como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de delitos, la igualdad de las partes en procesos judiciales, la protección de datos personales y los intereses económicos y comerciales. Estos límites deben interpretarse de forma restrictiva y siempre garantizando el máximo acceso posible a la información.

Régimen sancionador. La ley prevé un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y pueden dar lugar a sanciones como la amonestación, la multa o la destitución del cargo. Las sanciones se imponen por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o por los órganos competentes en cada Administración.

Impacto en la Administración General del Estado. La Ley 19/2013 ha supuesto un cambio significativo en la cultura administrativa, promoviendo una mayor apertura y rendición de cuentas. En el ámbito de la Administración General del Estado, se han desarrollado portales de transparencia y se han implementado mecanismos para garantizar el acceso a la información, lo que ha mejorado la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

🧩 Elementos esenciales

• Derecho de acceso a la información: Derecho de toda persona a solicitar y obtener información pública sin justificación, regulado en el Título I de la ley.
• Transparencia activa: Obligación de las Administraciones de publicar información relevante de forma proactiva, sin necesidad de solicitud previa.
• Buen gobierno: Conjunto de principios éticos y de conducta que deben regir el comportamiento de los altos cargos y responsables públicos.
• Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley y resolver reclamaciones.
• Límites al acceso: Excepciones al derecho de acceso para proteger otros bienes jurídicos, como la seguridad nacional o la protección de datos.
• Régimen sancionador: Sistema de sanciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno.
• Portal de transparencia: Plataforma digital donde se publica la información relevante de las Administraciones Públicas.
• Solicitud de acceso: Procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho a obtener información pública.
• Plazo de respuesta: Un mes, prorrogable por otro mes en casos de especial complejidad, para responder a las solicitudes de acceso.
• Denegación motivada: Respuesta negativa a una solicitud de acceso, que debe estar debidamente justificada y puede ser recurrida.
• Principios de buen gobierno: Integridad, objetividad, responsabilidad y rendición de cuentas, entre otros.
• Infracciones y sanciones: Clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución.

🧠 Recuerda

• La Ley 19/2013 regula el derecho de acceso a la información pública y las obligaciones de transparencia y buen gobierno.
• El derecho de acceso a la información es universal y no requiere justificación, pero está sujeto a límites.
• Las Administraciones deben publicar información relevante de forma proactiva a través de portales de transparencia.
• El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley.
• Los altos cargos y responsables públicos deben cumplir con un código de conducta basado en principios éticos.
• Las denegaciones de acceso a la información deben ser motivadas y pueden ser recurridas.
• La ley establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones.
• Los límites al derecho de acceso deben interpretarse de forma restrictiva para garantizar el máximo acceso posible.
• La transparencia activa y el buen gobierno mejoran la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
• La ley ha supuesto un cambio cultural en la Administración, promoviendo una mayor apertura y rendición de cuentas.

3. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

3. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

🎯 Idea clave

• La Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por la ONU en 2015 para promover el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el núcleo de la Agenda 2030, con 17 objetivos y 169 metas interconectadas.
• La Administración General del Estado integra los ODS en sus políticas públicas como marco de referencia para la acción administrativa.
• Los ODS buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para todos sin comprometer los recursos futuros.
• La implementación de la Agenda 2030 requiere la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil.
• La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales para evaluar el progreso en el cumplimiento de los ODS.

📚 Desarrollo

Adopción y marco global. La Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 mediante la resolución 70/1. Este acuerdo universal establece un marco de actuación hasta 2030, sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Su alcance es global, dirigiéndose tanto a países desarrollados como en desarrollo, y reconoce la interdependencia entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.

Estructura de los ODS. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan áreas críticas como la erradicación de la pobreza (ODS 1), el hambre cero (ODS 2), la salud y bienestar (ODS 3), la educación de calidad (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), el agua limpia y saneamiento (ODS 6), y la energía asequible y no contaminante (ODS 7). Cada objetivo incluye metas específicas y medibles, diseñadas para guiar las políticas públicas y las iniciativas privadas hacia resultados concretos.

Integración en la Administración General del Estado. La AGE ha incorporado los ODS en su planificación estratégica, alineando sus políticas con los principios de sostenibilidad. Esto se refleja en instrumentos como la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que establece prioridades nacionales y mecanismos de seguimiento. Los departamentos ministeriales adaptan sus programas para contribuir al cumplimiento de los ODS, promoviendo la coherencia entre las distintas áreas de actuación pública.

Principios transversales. La Agenda 2030 se sustenta en cinco ejes transversales: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas (conocidos como las "5 P"). Estos principios orientan la implementación de los ODS, enfatizando la necesidad de abordar las desigualdades, proteger los ecosistemas, fomentar economías inclusivas, promover sociedades pacíficas y fortalecer la cooperación internacional. La Administración General del Estado aplica estos ejes en la elaboración de políticas, garantizando que las acciones públicas contribuyan a múltiples objetivos simultáneamente.

Mecanismos de seguimiento y evaluación. El cumplimiento de los ODS se evalúa mediante indicadores estandarizados, definidos por la ONU y adaptados a nivel nacional. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros organismos públicos recopilan datos para medir el progreso en cada meta. La rendición de cuentas se realiza a través de informes periódicos, como el Informe Nacional Voluntario, presentado ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Estos mecanismos permiten identificar avances, desafíos y áreas prioritarias de actuación.

Participación y gobernanza. La implementación de la Agenda 2030 en la AGE requiere la participación de múltiples actores, incluyendo otras administraciones públicas, empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. Se promueven espacios de diálogo y colaboración, como mesas de trabajo sectoriales o plataformas digitales, para fomentar la co-creación de soluciones. La transparencia y la accesibilidad de la información son clave para garantizar la implicación de la sociedad en el logro de los ODS.

Desafíos y oportunidades. La AGE enfrenta retos como la coordinación entre niveles administrativos, la asignación de recursos o la adaptación de los ODS a contextos específicos. Sin embargo, la Agenda 2030 también ofrece oportunidades para modernizar la gestión pública, impulsar la innovación y mejorar la calidad de los servicios. La integración de los ODS en las políticas públicas permite abordar problemas complejos desde una perspectiva integral, alineando los objetivos nacionales con los compromisos internacionales.

🧩 Elementos esenciales

• Agenda 2030: Plan de acción global adoptado por la ONU en 2015 para el desarrollo sostenible hasta 2030.
• 17 ODS: Objetivos interconectados que abordan desafíos globales como la pobreza, la desigualdad o el cambio climático.
• 169 metas: Objetivos específicos y medibles que detallan cada ODS, con indicadores para evaluar su cumplimiento.
• 5 ejes transversales (5 P): Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, que guían la implementación de la Agenda 2030.
• Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030: Instrumento de la AGE para alinear las políticas públicas con los ODS.
• Informe Nacional Voluntario: Documento presentado ante la ONU que evalúa el progreso de España en el cumplimiento de los ODS.
• Indicadores estandarizados: Herramientas para medir el avance en cada meta, adaptadas a nivel nacional por organismos como el INE.
• Gobernanza multinivel: Colaboración entre administraciones públicas, sector privado y sociedad civil para implementar los ODS.
• Transparencia y rendición de cuentas: Principios clave para garantizar la eficacia y legitimidad de las acciones públicas.
• Coherencia de políticas: Enfoque que busca alinear las distintas áreas de actuación pública con los ODS.
• Participación ciudadana: Mecanismos para involucrar a la sociedad en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030.
• Alianzas público-privadas: Colaboraciones entre el sector público y empresas para impulsar proyectos sostenibles.

🧠 Recuerda

• La Agenda 2030 es un compromiso global adoptado por la ONU en 2015 con horizonte 2030.
• Los 17 ODS son universales, integrados e indivisibles, abordando desafíos económicos, sociales y ambientales.
• La Administración General del Estado integra los ODS en sus políticas mediante la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
• Los cinco ejes transversales (5 P) orientan la implementación de los ODS en todas las áreas de actuación.
• El seguimiento de los ODS se realiza mediante indicadores estandarizados y informes periódicos.
• La transparencia y la participación son fundamentales para garantizar la legitimidad y eficacia de las acciones.
• La Agenda 2030 requiere la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil.
• Los ODS buscan equilibrar el desarrollo económico, la inclusión social y la protección ambiental.
• España presenta informes nacionales voluntarios ante la ONU para evaluar su progreso.
• La coherencia de políticas es clave para maximizar el impacto de las acciones públicas en los ODS.