Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Corona: funciones constitucionales del Rey.

1. La Constitución Española de 1978

1. La Constitución Española de 1978

🎯 Idea clave

• La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español.
• Establece los principios fundamentales del Estado social y democrático de Derecho.
• Consagra la soberanía nacional y la división de poderes como ejes del sistema político.
• Define los valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Regula la estructura territorial del Estado, incluyendo la organización autonómica.
• Es la norma de referencia para todas las instituciones públicas y ciudadanos.

📚 Desarrollo

Norma suprema. La Constitución Española de 1978 es la ley fundamental que ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico español. Todas las normas, actos administrativos y resoluciones judiciales deben ajustarse a sus principios y disposiciones. Su supremacía implica que ninguna ley, reglamento o decisión puede contradecir lo establecido en su texto.

Aprobación y entrada en vigor. Fue aprobada por las Cortes Generales en sesión plenaria el 31 de octubre de 1978 y ratificada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre del mismo año. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este proceso reflejó la voluntad de consolidar un marco democrático tras la dictadura franquista.

Valores superiores. El artículo 1.1 de la Constitución proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores no son meramente declarativos, sino que orientan la interpretación y aplicación de todas las normas e instituciones del Estado, garantizando un sistema basado en derechos y libertades fundamentales.

Principios constitucionales. La Constitución se asienta sobre principios como la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, y la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Además, consagra la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, como mecanismo para evitar la concentración de poder y garantizar el equilibrio institucional.

Estructura territorial. La Constitución regula la organización territorial del Estado, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Este modelo autonómico permite la descentralización política y administrativa, aunque mantiene la unidad indisoluble de la nación española como principio irrenunciable.

Reforma constitucional. La Constitución prevé un procedimiento de reforma para adaptarse a nuevas realidades sociales y políticas. Este proceso puede ser ordinario o agravado, dependiendo de la materia afectada. La rigidez de su reforma garantiza la estabilidad del texto constitucional, pero también permite su evolución cuando sea necesario, siempre con amplios consensos políticos y sociales.

Garantía de derechos. La Constitución no solo proclama derechos y libertades, sino que establece mecanismos para su protección. Entre ellos destacan el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la reserva de ley para regular su ejercicio. Estos instrumentos aseguran que los derechos fundamentales no queden en meras declaraciones, sino que sean efectivos y exigibles.

Rigidez y flexibilidad. Aunque la Constitución es una norma rígida, su diseño permite cierta flexibilidad interpretativa. El Tribunal Constitucional juega un papel clave en esta tarea, adaptando el sentido de los preceptos a las circunstancias cambiantes sin alterar su texto. Esta combinación de rigidez y flexibilidad ha permitido su vigencia durante más de cuatro décadas.

🧩 Elementos esenciales

• Norma suprema: Ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico español y prevalece sobre cualquier otra norma.
• Soberanía nacional: Reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
• Valores superiores: Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, que orientan todo el sistema jurídico.
• División de poderes: Legislativo, ejecutivo y judicial, como garantía de equilibrio institucional.
• Monarquía parlamentaria: Forma política del Estado español, con el Rey como Jefe del Estado.
• Derechos fundamentales: Reconocidos y garantizados en el Título I de la Constitución.
• Organización territorial: Estado autonómico que reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.
• Reforma constitucional: Procedimiento agravado para garantizar la estabilidad del texto, pero permitiendo su adaptación.
• Tribunal Constitucional: Órgano encargado de interpretar la Constitución y garantizar su supremacía.
• Principio de legalidad: Todas las actuaciones de los poderes públicos deben ajustarse a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
• Unidad de la nación: Principio irrenunciable que garantiza la indisoluble unidad de España.
• Derecho a la autonomía: Reconocido para las nacionalidades y regiones que integran España.

🧠 Recuerda

• La Constitución Española de 1978 es la norma fundamental que rige el ordenamiento jurídico español.
• Fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre del mismo año.
• Establece los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Consagra la soberanía nacional y la división de poderes como pilares del sistema político.
• Regula la organización territorial del Estado, permitiendo el desarrollo autonómico.
• Incluye mecanismos para su propia reforma, garantizando su adaptación a nuevas realidades.
• El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución.
• Todos los poderes públicos y ciudadanos están sujetos a lo dispuesto en la Constitución.
• La monarquía parlamentaria es la forma política del Estado español.
• Los derechos fundamentales están reconocidos y protegidos en el Título I de la Constitución.

2. Derechos y deberes fundamentales

2. Derechos y deberes fundamentales

🎯 Idea clave

• Los derechos y deberes fundamentales constituyen el núcleo esencial de la Constitución Española de 1978 y garantizan la dignidad humana.
• Se clasifican en derechos fundamentales y libertades públicas, derechos sociales y económicos, y deberes constitucionales.
• El Título I de la Constitución regula estos derechos y establece mecanismos para su protección y garantía.
• La igualdad ante la ley y la no discriminación son principios transversales que informan todo el sistema de derechos.
• Los derechos fundamentales gozan de una protección reforzada, incluyendo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
• La Constitución prevé la posibilidad de suspender ciertos derechos en situaciones excepcionales, como estados de alarma, excepción o sitio.

📚 Desarrollo

Base constitucional. Los derechos y deberes fundamentales se regulan en el Título I de la Constitución Española de 1978, que abarca desde el artículo 10 hasta el 55. Este título se estructura en cinco capítulos, cada uno dedicado a un grupo específico de derechos y deberes, reflejando su importancia jerárquica y su protección diferenciada. El artículo 10.1 establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del orden político y de la paz social.

Clasificación de los derechos. La Constitución distingue entre derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II, artículos 15 a 29), derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2ª del Capítulo II, artículos 30 a 38) y principios rectores de la política social y económica (Capítulo III, artículos 39 a 52). Los derechos de la Sección 1ª gozan de una protección especial, ya que pueden ser defendidos mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, mientras que los del Capítulo III son de carácter programático y requieren desarrollo legislativo.

Derechos fundamentales y libertades públicas. Este grupo incluye derechos como el derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15), la libertad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16), la libertad de expresión (artículo 20) y el derecho a la educación (artículo 27). Estos derechos son directamente aplicables y vinculan a todos los poderes públicos, quienes deben garantizar su ejercicio sin más limitaciones que las establecidas por la ley. La Constitución también reconoce el derecho a la igualdad (artículo 14), que prohíbe cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Derechos sociales y económicos. La Sección 2ª del Capítulo II recoge derechos como el derecho al trabajo (artículo 35), la libertad de empresa (artículo 38) y el derecho a la propiedad privada (artículo 33). Estos derechos, aunque fundamentales, no gozan de la misma protección reforzada que los de la Sección 1ª, ya que su ejercicio depende en mayor medida de las condiciones económicas y sociales. No obstante, la Constitución obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.

Principios rectores de la política social y económica. El Capítulo III incluye principios como la protección a la familia (artículo 39), el derecho a la salud (artículo 43) y el derecho al medio ambiente (artículo 45). Estos principios orientan la acción de los poderes públicos, pero no son directamente exigibles ante los tribunales. Su cumplimiento depende de la actuación del legislador y de las políticas públicas, que deben desarrollarlos mediante leyes y programas específicos.

Deberes constitucionales. La Constitución también establece una serie de deberes para los ciudadanos, como el deber de defender España (artículo 30), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31) y el deber de trabajar (artículo 35). Estos deberes reflejan la idea de que los derechos conllevan responsabilidades y que la convivencia democrática exige un compromiso activo por parte de todos los miembros de la sociedad.

Garantías y suspensión. Los derechos fundamentales cuentan con garantías específicas, como el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo, que permiten su protección ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Constitución prevé la posibilidad de suspender ciertos derechos en situaciones excepcionales, como los estados de alarma, excepción o sitio (artículo 55). Esta suspensión debe ser temporal, proporcional y estar justificada por circunstancias graves, como catástrofes, crisis sanitarias o amenazas a la seguridad del Estado.

🧩 Elementos esenciales

• Dignidad humana (artículo 10): Fundamento de todos los derechos y deberes constitucionales, reconocida como valor superior del ordenamiento jurídico.
• Igualdad ante la ley (artículo 14): Prohibición de discriminación por cualquier condición personal o social, principio transversal a todo el sistema de derechos.
• Derecho a la vida (artículo 15): Protección de la vida humana como derecho fundamental, con especial atención a la abolición de la pena de muerte.
• Libertad ideológica y religiosa (artículo 16): Derecho a profesar cualquier creencia o ninguna, con garantía de neutralidad del Estado en materia religiosa.
• Libertad de expresión (artículo 20): Derecho a difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, con límites en el respeto a otros derechos y al orden público.
• Derecho a la educación (artículo 27): Reconocimiento de la educación como derecho fundamental, con garantía de gratuidad y obligatoriedad en la enseñanza básica.
• Derecho al trabajo (artículo 35): Reconocimiento del trabajo como derecho y deber, con protección frente al despido arbitrario y promoción de condiciones laborales dignas.
• Derecho a la propiedad privada (artículo 33): Reconocimiento de la propiedad privada y la herencia, con función social que delimita su contenido.
• Deber de defender España (artículo 30): Obligación de los ciudadanos de contribuir a la defensa de España, con regulación del servicio militar y la objeción de conciencia.
• Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31): Obligación de todos de contribuir al gasto público mediante un sistema tributario justo y progresivo.
• Recurso de amparo (artículo 53.2): Mecanismo de protección reforzada de los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional.
• Suspensión de derechos (artículo 55): Posibilidad de suspender ciertos derechos en situaciones excepcionales, como estados de alarma, excepción o sitio.

🧠 Recuerda

• El Título I de la Constitución regula los derechos y deberes fundamentales, estructurados en cinco capítulos.
• Los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II) gozan de protección reforzada mediante el recurso de amparo.
• La igualdad ante la ley es un principio transversal que informa todo el sistema de derechos y prohíbe cualquier discriminación.
• Los derechos sociales y económicos (Sección 2ª del Capítulo II) dependen en mayor medida de las condiciones económicas y sociales.
• Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III) orientan la acción de los poderes públicos pero no son directamente exigibles.
• Los deberes constitucionales reflejan la idea de que los derechos conllevan responsabilidades para los ciudadanos.
• La Constitución prevé mecanismos de garantía para los derechos fundamentales, como el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo.
• La suspensión de derechos solo puede darse en situaciones excepcionales y debe ser temporal, proporcional y justificada.

3. Su garantía y suspensión

3. Su garantía y suspensión

🎯 Idea clave

• La Constitución Española establece mecanismos específicos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.
• Los derechos fundamentales gozan de protección reforzada mediante recursos judiciales preferentes y sumarios, así como a través del Tribunal Constitucional.
• La suspensión de derechos está regulada de forma excepcional y limitada, vinculada a situaciones de grave alteración del orden público o estados excepcionales.
• El artículo 55 de la Constitución regula los supuestos en los que pueden suspenderse determinados derechos, distinguiendo entre suspensión individual y colectiva.
• La garantía de los derechos incluye su protección frente a vulneraciones tanto por parte de los poderes públicos como de particulares.
• La tutela judicial efectiva y el recurso de amparo constitucional son instrumentos clave para la defensa de estos derechos.

📚 Desarrollo

Protección constitucional. Los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978 están protegidos por un sistema de garantías diseñado para asegurar su ejercicio efectivo. Este sistema incluye tanto mecanismos judiciales como constitucionales, que actúan como barrera frente a posibles vulneraciones. La Constitución no solo declara estos derechos, sino que establece vías concretas para su defensa, reforzando su carácter vinculante para todos los poderes públicos.

Recurso de amparo. Uno de los instrumentos más relevantes para la garantía de los derechos fundamentales es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso permite a los ciudadanos impugnar actos de los poderes públicos que vulneren derechos reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución, así como el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30. Su finalidad es restaurar o preservar los derechos lesionados, actuando como último recurso cuando han fracasado las vías judiciales ordinarias.

Tutela judicial efectiva. La Constitución garantiza en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a los tribunales, el derecho a un proceso con todas las garantías y la obtención de una resolución motivada. Este derecho es fundamental para la protección de los demás derechos, ya que asegura que cualquier vulneración pueda ser examinada por un órgano judicial independiente. La tutela judicial efectiva se extiende a todos los derechos, aunque su aplicación es especialmente relevante en el ámbito de los derechos fundamentales.

Suspensión individual de derechos. El artículo 55.2 de la Constitución permite la suspensión individual de determinados derechos en casos de investigaciones relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas. Los derechos susceptibles de suspensión en este supuesto son el de inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2), el secreto de las comunicaciones (artículo 18.3) y la detención preventiva (artículo 17.2). Esta suspensión requiere autorización judicial y está sujeta a controles estrictos para evitar abusos, garantizando que solo se aplique en situaciones excepcionales y con las debidas garantías procesales.

Suspensión colectiva de derechos. La Constitución también prevé la suspensión colectiva de derechos en situaciones de grave alteración del orden público, reguladas en el artículo 55.1. Esta suspensión solo puede decretarse en los estados de excepción y de sitio, declarados conforme a lo dispuesto en el artículo 116. Los derechos que pueden suspenderse en estos casos incluyen la libertad y seguridad personales (artículo 17), la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2), el secreto de las comunicaciones (artículo 18.3), la libertad de residencia y circulación (artículo 19), la libertad de expresión (artículo 20.1.a y d), el derecho de reunión (artículo 21) y el derecho a la huelga (artículo 28.2).

Estados excepcionales. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio está regulada en la Ley Orgánica 4/1981. El estado de alarma no implica suspensión de derechos, pero los estados de excepción y sitio sí permiten la suspensión de los derechos mencionados anteriormente. La declaración de estos estados corresponde al Gobierno, con autorización del Congreso de los Diputados en el caso del estado de excepción, y requiere una motivación clara que justifique la medida. La duración de la suspensión está limitada y sujeta a control parlamentario.

Límites a la suspensión. La Constitución establece límites claros a la suspensión de derechos para evitar arbitrariedades. En ningún caso puede suspenderse el derecho a la vida, a la integridad física, a la no discriminación, a la libertad ideológica o religiosa, ni el derecho al habeas corpus. Además, la suspensión debe ser temporal, proporcionada y respetar el principio de legalidad, asegurando que las medidas adoptadas sean las estrictamente necesarias para restablecer el orden público o la seguridad ciudadana.

Control judicial y parlamentario. La suspensión de derechos, ya sea individual o colectiva, está sujeta a controles judiciales y parlamentarios. Los tribunales pueden revisar la legalidad de las medidas adoptadas, mientras que el Congreso de los Diputados ejerce un control político sobre la declaración y mantenimiento de los estados excepcionales. Este doble control garantiza que la suspensión de derechos se ajuste a los principios constitucionales y no se prolongue más allá de lo estrictamente necesario.

🧩 Elementos esenciales

• Recurso de amparo: Mecanismo ante el Tribunal Constitucional para proteger derechos fundamentales (artículos 14 a 29 y 30.2 CE).
• Tutela judicial efectiva: Derecho a acceder a los tribunales y obtener una resolución motivada (artículo 24 CE).
• Suspensión individual: Aplicable en investigaciones de bandas armadas o terrorismo, con autorización judicial (artículo 55.2 CE).
• Derechos suspendibles individualmente: Inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones y detención preventiva (artículos 17.2, 18.2 y 18.3 CE).
• Suspensión colectiva: Vinculada a estados de excepción y sitio, con control parlamentario (artículo 55.1 CE).
• Derechos suspendibles colectivamente: Libertad y seguridad, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, libertad de residencia, libertad de expresión, reunión y huelga (artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 28.2 CE).
• Estados excepcionales: Regulados en la Ley Orgánica 4/1981, incluyen alarma, excepción y sitio.
• Límites a la suspensión: Prohibición de suspender derechos como la vida, integridad física, no discriminación o libertad ideológica.
• Control judicial: Revisión de la legalidad de las medidas de suspensión por los tribunales.
• Control parlamentario: Supervisión del Congreso de los Diputados sobre la declaración y mantenimiento de estados excepcionales.
• Principio de proporcionalidad: Las medidas de suspensión deben ser necesarias, temporales y ajustadas a la gravedad de la situación.
• Derecho al habeas corpus: Garantía procesal que no puede suspenderse en ningún caso (artículo 17.4 CE).

🧠 Recuerda

• La garantía de los derechos fundamentales incluye tanto su protección judicial como constitucional.
• El recurso de amparo es un instrumento clave para la defensa de los derechos ante el Tribunal Constitucional.
• La suspensión de derechos solo puede aplicarse en supuestos excepcionales y con autorización judicial o parlamentaria.
• Los derechos suspendibles individualmente están vinculados a investigaciones de terrorismo o bandas armadas.
• La suspensión colectiva solo procede en estados de excepción y sitio, con límites temporales y controles estrictos.
• Nunca pueden suspenderse derechos como la vida, la integridad física o la libertad ideológica.
• La tutela judicial efectiva garantiza el acceso a los tribunales para proteger cualquier derecho vulnerado.
• El principio de proporcionalidad exige que las medidas de suspensión sean las mínimas necesarias.
• El control judicial y parlamentario asegura que la suspensión de derechos no se utilice de forma arbitraria.
• El derecho al habeas corpus actúa como garantía frente a detenciones ilegales, incluso en situaciones excepcionales.

4. La Corona: funciones constitucionales del Rey

4. La Corona: funciones constitucionales del Rey

🎯 Idea clave

• La Corona es la institución constitucional que encarna la Jefatura del Estado en España bajo la forma de monarquía parlamentaria.
• El Rey ejerce funciones simbólicas, moderadoras y de representación, pero no posee poder ejecutivo ni legislativo.
• Todas las actuaciones del Rey requieren refrendo para ser válidas, salvo excepciones constitucionales expresas.
• La sucesión al trono sigue un orden regular establecido en la Constitución, con preferencia por la línea directa y el varón sobre la mujer.
• El Rey asume funciones específicas en relación con las Cortes Generales, el Gobierno y la política exterior.
• La inviolabilidad del Rey implica que no está sujeto a responsabilidad por sus actos oficiales.

📚 Desarrollo

Institución constitucional. La Corona es la institución que representa la Jefatura del Estado en España, configurada como una monarquía parlamentaria según el artículo 1.3 de la Constitución. Su función principal es simbolizar la unidad y permanencia del Estado, actuando como garante del funcionamiento regular de las instituciones y del orden constitucional. El Rey personifica esta institución, pero su papel es fundamentalmente representativo y moderador, sin atribuirle poderes ejecutivos o legislativos propios.

Refrendo de los actos. Los actos del Rey deben ser refrendados para tener validez, conforme al artículo 64 de la Constitución. Este refrendo corresponde al Presidente del Gobierno, a los ministros competentes o, en su caso, al Presidente del Congreso de los Diputados. La exigencia de refrendo implica que la responsabilidad política por los actos del Rey recae sobre quien los refrenda, no sobre el monarca. Existen excepciones a esta regla, como el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa.

Sucesión al trono. La Constitución regula la sucesión al trono en el artículo 57, estableciendo un orden regular basado en la primogenitura y representación. La preferencia corresponde a la línea anterior sobre las posteriores, y dentro de la misma línea, al grado más próximo sobre el más remoto. En caso de igualdad de grado, prevalece el varón sobre la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad. Este orden puede alterarse mediante una ley orgánica en caso de extinción de todas las líneas llamadas en derecho.

Funciones con las Cortes Generales. El Rey desempeña un papel clave en la relación con las Cortes Generales. Entre sus funciones destacan la sanción y promulgación de las leyes en el plazo de quince días desde su aprobación, así como la disolución de las Cámaras cuando lo prevea la Constitución. También convoca a elecciones en los términos previstos y convoca a referéndum en los casos contemplados. Estas actuaciones requieren siempre el refrendo del Presidente del Gobierno o, en su caso, del Presidente del Congreso.

Relación con el Gobierno. El Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno y, en su caso, lo nombra, así como pone fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. También nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente. Estas funciones se ejercen en el marco del proceso de investidura y formación del Gobierno, donde el papel del Rey es fundamentalmente formal, sin margen para decisiones discrecionales.

Política exterior y defensa. El Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Esta función incluye la acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, así como la manifestación del consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente mediante tratados. Además, ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, aunque esta atribución es simbólica y no implica capacidad de decisión operativa.

Inviolabilidad y neutralidad. El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, según el artículo 56.3 de la Constitución. Esta inviolabilidad se extiende a sus actos oficiales, lo que garantiza su neutralidad política y su papel como símbolo de unidad. La Constitución también establece que la persona del Rey es inviolable, reforzando su posición como figura ajena a la contienda política y a cualquier forma de responsabilidad jurídica o política.

Regencia y tutela. En caso de minoría de edad del Rey, la Constitución prevé la institución de la Regencia, que ejercerá las funciones constitucionales del monarca hasta su mayoría de edad. La Regencia corresponde al padre o madre del Rey, o al pariente mayor de edad más próximo en el orden de sucesión. Si no existiera ninguna persona llamada a la Regencia, las Cortes Generales la nombrarán. Además, la tutela del Rey menor se regulará por ley orgánica, garantizando la continuidad institucional.

🧩 Elementos esenciales

• Jefatura del Estado: El Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado español, sin atribuirle poderes ejecutivos o legislativos.
• Monarquía parlamentaria: La Corona se configura como una monarquía parlamentaria, donde el Rey reina pero no gobierna.
• Refrendo: Los actos del Rey requieren refrendo para ser válidos, salvo excepciones constitucionales expresas.
• Sucesión: La sucesión al trono sigue un orden regular basado en la primogenitura, con preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de grado.
• Sanción y promulgación de leyes: El Rey sanciona y promulga las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de quince días.
• Disolución de las Cámaras: El Rey puede disolver las Cortes Generales en los términos previstos por la Constitución.
• Propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno: El Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno y lo nombra tras su investidura.
• Nombramiento de ministros: El Rey nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.
• Representación internacional: El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.
• Mando supremo de las Fuerzas Armadas: El Rey ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, aunque esta función es simbólica.
• Inviolabilidad: El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad por sus actos oficiales.
• Regencia: En caso de minoría de edad del Rey, la Regencia ejerce sus funciones constitucionales hasta su mayoría de edad.

🧠 Recuerda

• El Rey no tiene poder ejecutivo ni legislativo, su papel es simbólico y moderador.
• Todos los actos del Rey requieren refrendo, salvo excepciones constitucionales.
• La sucesión al trono sigue un orden de primogenitura con preferencia del varón sobre la mujer.
• El Rey sanciona y promulga las leyes en el plazo de quince días desde su aprobación.
• La disolución de las Cortes Generales por el Rey está sujeta a los términos constitucionales.
• El Rey propone y nombra al Presidente del Gobierno tras su investidura.
• El Rey nombra y separa a los ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
• La representación internacional del Estado corresponde al Rey como máxima autoridad.
• El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad por sus actos oficiales.
• La Regencia garantiza la continuidad institucional en caso de minoría de edad del Rey.